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Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958) dejó la política hace ya seis años. Lo hizo tres años después de haber sido designado ministro de Justicia. Previamente, había cosechado los éxitos de la política autonómica y municipal, consiguiendo cinco mayorías absolutas: dos en la Comunidad y tres en el Ayuntamiento de Madrid. Pese a que su caso ha durado demasiado, reconoce que vivir muchos años de la política es «un error importante, porque pierdes libertad». Ruiz-Gallardón es fiscal en excedencia, pero, pese a tener vocación política desde temprana edad, decidió hacer oposiciones a la carrera judicial gracias a la recomendación de su padre, no porque tuviese vocación de juez o fiscal. Su padre le aconsejó que hiciera antes una oposición para ser libre e irse de la política siempre que quisiera. Que nunca la hipoteca de una casa o el colegio de unos hijos fueran el pretexto para permanecer en un puesto en el que no quieras estar.

Seis años después de abandonar la política, no volvió a la carrera fiscal. Prefirió recuperar la firma de Ruiz-Gallardón Abogados, que había fundado su padre y de la que se siente profundamente orgulloso. Asegura que «nunca el agobio me ha restado la capacidad de tomar decisiones en conciencia». Sin agobios, decide repasar la actualidad política y judicial de nuestro país.

Pregunta: ¿Qué le parece que volvamos a recurrir, de nuevo, a un estado de alarma?

Respuesta: Tener que volver al estado de alarma es un fracaso colectivo, donde lógicamente quien asume más responsabilidad es quien está al frente del país, pero también es un fracaso como sociedad. La crisis de la COVID-19 es tremenda, pero es una crisis mundial y, desde luego, conforme pasa el tiempo tenemos que reflexionar por qué hay determinados países y determinadas sociedades que han actuado con un sentido de responsabilidad y de solidaridad superior a otros. Creo que no solamente España, sino en este caso el mundo occidental ha tenido unas actitudes cívicas por debajo de lo que han tenido otros países orientales.

No estoy pensando en China, porque al no ser un régimen democrático las medidas se imponen. Pienso en democracias orientales, como es el caso de Japón, Corea de Sur, Singapur… donde, sin necesidad de utilizar métodos coactivos de prohibiciones o sanciones, los ciudadanos han atendido responsablemente a los requerimientos que les han hecho sus autoridades.

Tengo dudas de que exceder ese plazo de dos meses que marca el estado de excepción sea conforme a nuestra ConstituciónAlberto Ruiz-Gallardón

Pregunta: ¿Cómo valora que la prórroga sea de 6 meses?

Respuesta: Desde el punto de vista jurídico, me parece que aunque se puede interpretar que la literalidad de la ley autoriza una prórroga de seis meses, como la que va a solicitar el Gobierno al Congreso de los Diputados, a la vista de que el estado de excepción en la propia ley está limitado a dos meses, sería mucho más conforme con el espíritu de la Constitución el que, a los dos meses, como máximo, se tuviese que solicitar a las Cortes la prórroga del estado de alarma. Tengo dudas de que, constitucionalmente, exceder ese plazo de dos meses que marca el estado de excepción sea conforme a nuestra Constitución.

P.: ¿Qué le pareció la marcha atrás del PSOE con su ley para la renovación el CGPJ?

R.: Me parece positiva. Todo lo que sea rectificar un error tiene que ser aplaudido. Que haya sido porque hayan llegado a una convicción íntima de que era un error, porque se situaba al margen constitucional, o que haya sido porque desde la UE se les ha advertido que se situaban extramuros del estado de derecho haciendo esa reforma es cosa distinta, pero lo importante es que lo que se hubiese podido convertir en una de las perturbaciones más graves de nuestra Constitución, porque al final lo que establecía era el sometimiento de uno de los poderes del Estado a otro y calificaba esa reforma de facto al Poder Judicial como un poder subordinado al Poder Legislativo, es decir, a los propios partidos políticos, el que eso no se vaya a aprobar en nuestro país es, sin duda ninguna, una noticia positiva, pero no deja de ser preocupante el que se haya intentado.

No deja de ser alarmante el que haya tenido que intervenir ese feliz paraguas protector que tenemos, no solamente en lo económico, sino también en lo jurídico, en lo constitucional y en la garantía de los derechos humanos, que son las instituciones comunitarias. Creo que habría que buscar una fórmula aprobada por consenso para que cada mayoría parlamentaria no estuviera cuestionando cuál es la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Que el PSOE haya aparcado su ley del CGPJ es una noticia positiva, porque sometía a uno de los poderes del Estado, pero no deja de ser preocupante el que se haya intentadoAlberto Ruiz-Gallardón

P.: ¿Cree que la fórmula del PP, de volver a lo que estuvo vigente hasta el año 1984, podrá aplicarse?

R.: Esa sería la fórmula, desde mi punto de vista, más acorde con el espíritu del legislador constituyente, pero no es menos cierto que la reforma que aprobó el PSOE en el año 1985 fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Tenemos que partir de que el Constitucional ha dicho que ambas fórmulas son válidas y que, por lo tanto, es el legislador el que tiene que decidir cuál es la más adecuada.

P.: ¿Para usted cuál sería la más adecuada?

R.: Creo que el problema que tenemos con el Consejo General del Poder Judicial no es tanto el sistema de elección como el mal uso que de ese sistema hemos hecho todos, y digo hemos porque no es una acusación que dirija solo al PSOE, sino que hemos hecho todos los Gobiernos, tanto del PSOE como del PP, a lo largo de estos años.

¿Qué es lo que quiere el legislador constituyente en relación con el Consejo cuando establece esas mayorías cualificadas de 3/5 para su elección? ¿Qué hemos interpretado, tanto socialistas como populares, los últimos 30 años? Lo que hemos interpretado es que, al exigirse una mayoría de 3/5, no podía un solo partido político imponer el número completo de vocales del CGPJ, sino que tenía que pactarlo para repartirlo con la minoría parlamentaria. Desde mi punto de vista, eso es un error, porque la Constitución no quiere, desde mi interpretación, que el CGPJ sea una proyección aritmética de los resultados de las elecciones generales en Congreso y Senado.

No creo que el Constituyente, cuando exige una mayoría de 3/5, lo que estuviera pensando es que se repartieran entre los dos grandes partidos, según los resultados electorales, el número de vocales, que es lo que ha venido pasando hasta ahora. Lo que el legislador constituyente tenía en su propósito cuando estableció esa mayoría de tres quintos no es un reparto entre el primer y el segundo partido, por ejemplo, diez de un partido y diez de otro, lo que quería es que hubiera veinte de todos. Es decir, no un reparto por cuotas, sino una unanimidad  o una conformación mayoritaria, tres quintos, que es una mayoría muy cualificada en la elección de los veinte, no en el reparto en el número que elegía cada grupo político. Esto es lo que quería el legislador y lo que no hemos hecho durante todos estos años.

Por lo tanto, más que reformas legales, sin duda, que son necesarias, lo que habría que hacer es un ejercicio de responsabilidad para no incurrir en una inconstitucionalidad sobrevenida, que es lo que ya advirtió el TC en 1985 que podía hacer el Congreso y el Senado si lo que hacían era conformar el CGPJ como una tercera capa, cosa que no es. ¿Qué quiere el constituyente? Que elijamos veinte representantes, doce entre jueces y magistrados y ocho entre juristas de reconocido prestigio, que todos ellos sean independientes de cualquier formación política. Esa independencia como se consigue es no permitiendo que haya, no ya mandato imperativo, que está prohibido por la Constitución, sino que tampoco el vocal del Consejo General del Poder Judicial, que puede tener, sin duda ninguna, un agradecimiento a quien ha posibilitado que ejerza esa alta responsabilidad, pero no debe tener, en ningún caso, ningún tipo de, no digo ya obediencia, sino ni siquiera de sentido de vinculación a la formación política que lo propuso o que lo votó.

Lo que el legislador constituyente tenía en su propósito cuando estableció esa mayoría de tres quintos no es un reparto entre el primer y el segundo partido, por ejemplo, diez de un partido y diez de otro, lo que quería es que hubiera veinte de todosAlberto Ruiz-Gallardón

P.: ¿Eso cómo se consigue?

R.: Eso solamente se consigue si, en lugar de seleccionar diez tú y diez yo, todos seleccionan veinte que sean absolutamente independientes. Ese tiene que ser el destino de la reforma que se aborde ahora mismo. ¿Cómo se seleccionan esos veinte que tienen que ser de todos? Soy consciente de que una participación exclusivamente parlamentaria, aunque se siguiese ese criterio escrupuloso al que hacía antes referencia, genera en la opinión pública una sospecha cierta de politización de la Justicia.

Por lo tanto, para evitarlo, aunque solo fuera por la apariencia, habría que huir de ello. Soy también consciente de que, en la época en la que la elección de doce de esos veinte vocales del CGPJ pertenecía a los jueces y magistrados en exclusiva, las asociaciones judiciales se acabaron convirtiendo en una especie de prolongación de las formaciones políticas y, de hecho, solamente a través de esas asociaciones, cuando no es obligatorio para un juez o para un magistrado afiliarse a ninguna asociación, se conseguía acceder a los puestos más relevantes del Poder Judicial. Si no pertenecías a las asociaciones, era muy difícil que fueras nombrado magistrado del Tribunal Supremo, presidente de un Tribunal Superior de Justicia o presidente de la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el otro sistema no fue perfecto mientras estuvo vigente.

El populismo es un fenómeno que prostituye el sistema democrático desde dentroAlberto Ruiz-Gallardón

P.: ¿Cuál podría ser la fórmula más adecuada, entonces?

R.: Yo creo, con toda sinceridad, que habría que hacer un sistema mixto en el que cualquier juez o magistrado en activo que quisiera pertenecer al CGJP pudiese acreditar su idoneidad, que reúne los requisitos necesarios para ocupar un puesto de tan altísima responsabilidad. Creo que esa idoneidad a quien le correspondería apreciarla debería ser el Poder Legislativo y se podría hacer a través de las Comisiones de Justicia del Congreso y del Senado.

De esa forma, lo que harían el Congreso y el Senado es seleccionar un cuerpo electoral, por así decirlo, compuesto por todos aquellos jueces y magistrados que, primero, hayan manifestado su voluntad de pertenecer al Consejo y, segundo, que hayan acreditado su idoneidad y su capacidad. Una vez que tuviéramos ya a ese cuerpo, la selección de entre todos los aptos, ¿cuáles iban a ser los doce miembros que formasen parte del CGPJ? Hay muchas fórmulas para hacerlo, pero yo, a día de hoy, no descarto ninguna de las formas de introducir un mecanismo aleatorio de selección. Puede parecer extraño que se utilice una suerte de sorteo entre todos los que hayan acreditado su capacidad para ser seleccionados, pero el sistema aleatorio no es extraño a nuestro ordenamiento jurídico.

Prueba de ello es que en el sistema alternativo de jurisdicción que existe en España al funcionamiento de nuestros tribunales de justicia, es decir, el jurado, la selección de sus miembros se hace por sorteo, la conformación del órgano administrativo más importante para nuestra democracia, como son los colegios electorales, se hace por sorteo entre los ciudadanos. Si una vez que el Congreso y Senado hubieran acreditado la actitud y capacidad de todos aquellos jueces que, habiendo manifestando voluntad de ser miembros del Consejo, tuviesen acreditada dicha capacidad, se hiciera el sorteo, creo que podría ser una fórmula para, definitivamente, tener siempre a personas capaces ejerciendo el gobierno de los jueces y eliminar la más mínima sospecha de politización de la Justicia.

El bloqueo del PSOE a la renovación del Tribunal Constitucional, que duró tres años, no tuvo una campaña en contra como la que tiene en estos momentos el PPAlberto Ruiz-Gallardón

P.:¿Le sorprende esta deriva política que parece haber tomado el PSOE?

R.: Desde que dejé la política, procuro no hablar de ella, pero lo que sí puedo hacer es una reflexión sobre los riesgos del populismo. Una reflexión que debería hacerse una sociedad madura como la nuestra. El populismo es un fenómeno que, accediendo al poder por métodos democráticos, prostituye el propio sistema democrático desde dentro. Eso es muy peligroso y creo que la única forma de que el populismo no nos invada a las democracias occidentales es que no despreciemos su periplo. Un populismo generalizado, me da igual que sea de derechas que de izquierdas, en el mundo occidental puede acabar con lo que han sido, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los mejores años de prosperidad de Europa y de Estados Unidos.

P.: Hace unos años era el PSOE el que bloqueaba, en este caso el TC, sin embargo parece que de eso nadie se acuerda. ¿Cree que al PP se le mide con un rasero distinto?

R.: Sin duda. El ejemplo que pones es absolutamente paradigmático. El bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, que duró tres años, no tuvo una campaña en contra como la que tiene en estos momentos el PP por no acceder a la renovación del CGPJ. Hay otra diferencia, y es que, cuando el Tribunal Constitucional estaba bloqueado por el PSOE, al PP no se le ocurrió presentar un proyecto de ley para sustituir la designación parlamentaria de esos magistrados por una designación gubernativa, que es poco más o menos lo que ha pretendido hacer ahora mismo el PSOE.

Seamos conscientes de que, si hay reproches a la acción, en este caso a la acción de bloqueo del PP, también hay que hacer reproches a la reacción. Y la reacción es vulnerar la Constitución, que es lo que han pretendido los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. Dicho esto, hay otra lección que aprender sobre estos dos episodios de bloqueo de nuestros órganos constitucionales, y es el acierto que tuvo el legislador constituyente que, sin embargo, no lo tuvo con el CGPJ, cuando estableció el mecanismo de renovación por tercios del Tribunal Constitucional.

Otro de los mecanismos que, desde mi modesto punto de vista, contribuiría a evitar el carácter traumático que tiene siempre la renovación completa de un órgano constitucional es que esa renovación no fuese una vez cada cinco años en su totalidad, sino que, al modo del Tribunal Constitucional, lo fuese por tercios. Eso, por un lado, desvincularía las renovaciones de las elecciones parlamentarias, permitiría, como ocurre en otros órganos como el Consejo de Estado, que al ser renovaciones parciales la continuidad del funcionamiento del órgano estaría siempre garantizada y los nuevos vocales que entrasen se verían acompañados de la experiencia de aquellos que permanecerían en sus puestos.

No como ahora, que los primeros meses de funcionamiento del Consejo obligan a que todos, sin excepción, tengan que tomar conocimiento de cuáles son sus competencias y el método de funcionamiento del Consejo. Por tanto, tendría que estudiarse si cabe dentro de nuestra Constitución un mecanismo de renovación del CGPJ que lo acercase al del Tribunal Constitucional y que, en lugar de la totalidad de sus miembros cada cinco años, fuese por tercios.

La Constitución distingue, porque dice que el juez es independiente, pero al fiscal no lo califica como tal, solamente le da el rango de autónomo. No es lo mismo ser independiente que autónomoAlberto Ruiz-Gallardón

P.: Hablando de distinto rasero, usted es fiscal en excedencia, ¿qué cree que hubiera pasado si hubiera sido fiscal general del Estado tras haber ocupado el Ministerio de Justicia?

R.: Yo fui fiscal muy poco tiempo, pero me gustaría contestar desde una visión más amplia de la Fiscalía. La Constitución integra al Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial, sin embargo le da un carácter gubernativo, puesto que el Fiscal General del Estado es designado solamente por uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo: el rey, a propuesta del Gobierno de la nación. La Constitución distingue también, porque dice que el juez es independiente, pero al fiscal no lo califica como tal, solamente le da el rango de autónomo. No es lo mismo ser independiente que autónomo. ¿Qué significa? Que el legislador constituyente no le da al Ministerio Fiscal las garantías de independencia que dio a los jueces y magistrados. ¿Por qué lo hizo? Por razones históricas. Es verdad que luego lo ha corregido.

Primero, estableció en el propio texto constitucional que tenía que haber un informe preceptivo pero no vinculante del CGPJ y, luego, en la ley orgánica introdujo una cautela más y es que, además de participar el Poder Judicial, a través de ese informe no vinculante, el candidato a Fiscal General tiene que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Por tanto, el único cargo de toda nuestra arquitectura constitucional en cuyo nombramiento participan, aunque en distinto grado de facultad y poder, los tres poderes del Estado es el del Fiscal General. Lo nombra el Ejecutivo, pero tiene que ser oído el Poder Judicial y tiene que comparecer ante el Poder Legislativo. Lo que era válido en 1978 no es válido en 2020. ¿Por qué ahora el fiscal no puede depender del Ejecutivo, como sí nos pareció bien que lo hiciera, aunque con estas cautelas? Porque hemos evolucionado en nuestra legislación dándole al Ministerio Fiscal una serie de poderes y facultades que no tenía en la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente de 1978, en línea con lo que tienen las fiscalías de nuestro entorno, es decir de la Unión Europea.

Hubo un proyecto que yo presenté en mi etapa al frente del ministerio de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde queremos darle, incluso, funciones jurisdiccionales, no de juzgar, pero sí de instruir las causas penales, como hace toda Europa. Queremos que dejen de ser los jueces los que instruyan los sumarios y que esa función, que es jurisdiccional, la ejerza el Ministerio Fiscal. Si le vamos a dar funciones jurisdiccionales al Ministerio Fiscal, le tenemos que dar la misma independencia que tienen los jueces y magistrados, por tanto, tenemos que garantizarle, no solo la autonomía, sino también la independencia.

El indulto es un ejercicio de discrecionalidad que el Gobierno puede hacer, la pregunta es: ¿lo debe hacer? Mi respuesta es, desde luego, que noAlberto Ruiz-Gallardón

 P.: ¿Un CGPJ en funciones debe seguir funcionando o, por el contrario, debe parar su actividad?

R.: Desde mi punto de vista, sí, debe seguir funcionando. Aunque es, sin duda ninguna, una disfunción constitucional el que un órgano esté bloqueado y se vea obligado a prorrogar su mandato. Si nosotros estableciésemos una limitación de las importantísimas funciones que tiene este órgano, podríamos llegar a una situación en la que lo que paralizaríamos no sería dicho órgano, sino la Justicia.

P.: Como exministro de Justicia, ¿cómo valora el hecho de poder indultar a los condenados por el procés?

R.: Jurídicamente, es una posibilidad que está en la Constitución. El indulto es una facultad extraordinaria que las legislaciones, prácticamente de todo el mundo, le dan al Poder Ejecutivo con una finalidad, aunque no existe una limitación, que es corregir los resultados que una aplicación literal de la ley a la que está obligado el tribunal que condena puede traer para un caso concreto, o bien, como consecuencia de que, aun siendo correcta la aplicación de la ley que se hizo en el momento que se dictó sentencia, han surgido circunstancias posteriores que no podía prever el tribunal sentenciador que invitan al Ejecutivo, en un momento posterior, a corregir los efectos de aquella sentencia.

Por lo tanto, el indulto es un ejercicio de discrecionalidad que el Gobierno puede hacer, la pregunta es: ¿lo debe hacer? Mi respuesta es, desde luego, que no. Lo primero porque, con toda sinceridad, el tribunal sentenciador no se encontró obligado a aplicar una ley que, por su literalidad, pudiese parecer excesivamente rigurosa, quedando claro cuando, pudiendo elegir entre rebeldía y sedición, se inclinó por el que tiene menos pena, que es el de sedición. Por tanto, demuestra que el Código Penal vigente sí le daba al tribunal un margen claro para elegir el tipo que pensaba que era más adecuado.

Y, además, el que se hayan modificado las circunstancias desde que se dictó sentencia hasta el día en que se otorga el derecho de indulto, evidentemente, se da en aquellas circunstancias en las que se ha producido un arrepentimiento, una reparación del daño causado, etc. A día de hoy, ni he visto arrepentimiento, ni he visto pedir perdón a la víctimas, que somos todos nosotros, del delito de sedición, sino lo que he visto es que aquellas personas a las que se está hablando de dar la gracia del indulto lo que dicen es que lo quieren volver a hacer. Conceder un indulto a unos condenados que anuncian que, cuando recuperen su libertad, lo que quieren es reiterar el delito que un día cometieron, es algo que no tiene precedentes en ningún país democrático del mundo.

Quienes dicen que odian a Madrid a quien odian es a EspañaAlberto Ruiz-Gallardón

P.: Como expresidente de la Comunidad de Madrid y excalcalde, ¿qué le parece esa madrileñofobia que parece que se pretende propagar?

R.: No me la creo. No existe madrileñofobia, igual que no existe el nacionalismo madrileño. Todas las comunidades autónomas presumen de tener un hecho diferencial, unas pueden ser su lengua, otras su historia… El hecho diferencial de Madrid es que no tenemos hechos diferenciales. Por eso, Madrid ha crecido como ha crecido en estos cuarenta años de democracia y por eso no hay ninguna comunidad autónoma que haya avanzado tanto, no solo en lo económico sino también en lo social y en el fortalecimiento de su sociedad civil.

Paradójicamente, el territorio que nadie quiso para ser comunidad autónoma, cuyo artículo es el mismo que se utilizó por si algún día Gibraltar volvía a España, es la piedra más importante económica y socialmente del Estado de las autonomías.

Madrid ejerce con responsabilidad su condición de capital. No nos engañemos, aquellos que dicen que odian a Madrid a quien odian es a España.

El hecho de ser, no digo juzgado, sino solamente investigado, se convierte en España en una condena mediáticaAlberto Ruiz-Gallardón

P.: ¿Echa de menos la política?

R.. Para nada. Tengo un recuerdo magnífico de mi vida pública en las tres Administraciones en las que he estado: en la autonómica primero, durante ocho años, en el ayuntamiento después, durante nueve años, y los tres años que estuve en el Gobierno de España. Creo que he sido un privilegiado por haber podido ejercer esas responsabilidades durante tanto tiempo. Nunca estaré lo suficientemente agradecido, en primer lugar a los madrileños, que me dieron cinco mayorías absolutas consecutivas, dos en la comunidad y tres en el ayuntamiento, y después a mis propios compañeros del Partido Popular que me propusieron para esos cargos y luego me llevaron al Gobierno. Aunque mi caso ha durado demasiado, siempre he pensado que la política no tiene que ser profesional, sino que debe ser un tipo de servicio, un tiempo que muchos ciudadanos deberían destinar muchos años de su vida al servicio público y asumirlo con vocación de servicio. Hacer de la política una profesión es un error importante, porque pierdes libertad.

P.: Por último, hace unas semanas hemos conocido la absolución de Ángel Acebes. Como exministro de Justicia y como víctima colateral en algunas situaciones, por así decirlo, ¿cree que en España se ha instaurado una presunción de culpabilidad, en vez de una presunción de inocencia?

Jurídicamente no, porque por suerte hay garantías suficientes, pero social y políticamente sí. El hecho de ser, no digo juzgado, sino solamente investigado, se convierte en España en una condena mediática. El caso de Ángel Acebes es paradigmático, en primer lugar, porque, si yo tuviese que citar en mi vida a las dos personas más honestas que he conocido, una de ellas sería, sin duda, Ángel Acebes. No tuve ninguna duda de su inocencia. Hemos visto, además, que tenemos una Justicia efectiva en nuestro país, porque a la hora de ser juzgado ha sido absuelto.

Imagen destacada: El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón posa en su despacho junto a un plano de Madrid. | Fotos: Macarena Martín-Lunas.