Chema Rubio | 30 de octubre de 2020
Podemos utiliza la pandemia para censurar a su medida los mensajes de odio en las redes sociales. Twitter y Facebook crean normas contra la desinformación.
Dice Podemos que el coronavirus se considera «una lente de aumento» de los discursos de odio y el causante de «una creciente polarización en la opinión pública». Con ese argumento, el partido de Pablo Iglesias solicita al Gobierno que tome medidas contra los «mensajes de odio» en redes sociales, facilitando así su control y eliminación. Algo así ya se intentó durante los meses más duros de la pandemia para evitar las críticas a la gestión del Gobierno. Aquellas palabras del general José Manuel Santiago, asegurando que la Guardia Civil trabajaba para minimizar «el clima contrario» al Gobierno por su gestión de la crisis, no ayudaron.
En España se ha normalizado la presencia de un partido de extrema izquierda en nuestra vida política. Podemos vendió aquello de asaltar los cielos, mientras levantaba alegremente el puño en la calle y en las redes. El clima de corrupción política que vivía el país hizo el resto y, poco a poco, apareció una alternativa al bipartidismo. El aparato mediático del Gobierno PSOE-Podemos es perfecto. Mensajes sutiles, una imagen cuidada y medios de comunicación haciendo el resto para que no falle nada. El problema es el artículo 20.1 de la Constitución española. Pesadillas en la Moncloa con el apartado que dice que los españoles tienen derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».
La libertad de expresión ha ido perdiendo libertad en nuestra sociedad poco a poco. Sin que nos demos cuenta, somos capaces de reprobar nuestros propios pensamientos. La corrección política de los políticos quiere llegar a las redes sociales para silenciar al que no piense como el que legisla. Iglesias es un activista de Twitter. En su cuenta personal aparece el triángulo rojbo que dice simbolizar la lucha antifascista. Por omisión, el vicepresidente da por bueno el terror que ha sembrado la extrema izquierda en todo el mundo a lo largo de la historia. Con más de dos millones y medio de seguidores, lanza tuits en contra de decisiones judiciales, señala a periodistas críticos con su gestión y carga contra el rey al que juró su cargo. No hay odio en sus mensajes. Son opiniones. El problema ya no es que Sánchez se sirviera de Iglesias para gobernar. El problema es que Sánchez ha metido a Iglesias y a su credo en el Gobierno.
Francia y Alemania ya tienen leyes contra los mensajes de odio en las redes sociales. Democracias consolidadas con políticos mucho más transparentes que pretenden perseguir fobias y desprecios. Estos países exigen a plataformas como Facebook o Twitter que retiren los mensajes de odio en un plazo de 24 horas. Allí la línea que separa el agravio y la censura es mucho más gruesa. Las partes saben a lo que se atienen y los Gobiernos ni se plantean que los ciudadanos no puedan ejercer la crítica contra ellos en las redes sociales.
Con el triángulo rojo en su perfil de Twitter, el vicepresidente da por bueno el terror que ha sembrado la extrema izquierda en todo el mundo a lo largo de la historia
La Audiencia Nacional dio carpetazo a la investigación del fotomontaje de los ataúdes en la Gran Vía, con el argumento de que «la crítica es necesaria porque así se controla la acción del poder y se evitan las conductas totalitarias y carentes de respeto con los derechos de los ciudadanos». Una frase para enmarcar. La Justicia puso algo de cordura en la carrera política de censurarlo todo. Las letras de las canciones de algunos grupos o los chistes sobre Carrero Blanco molestan a la derecha. Los memes sobre el chalé de Iglesias, sonarse la nariz con la bandera de España o la cara de Sánchez en las marquesinas, con aquello de «un buen ciudadano obedece», molestan a la izquierda. Todo es de mal gusto, pero no es delito.
La censura de los mensajes de odio en las redes está separada por una finísima línea de la reprobación de las dictaduras. Qué molesta y a quién le molesta es la gran pregunta. No hacía falta que el Gobierno legislase, los ciudadanos ya son capaces de silenciar las opiniones de unos y otros. Arden las redes es un libro del periodista Juan Soto Ivars que ya hablaba hace años de cómo Twitter había devorado a según qué personajes por sus opiniones. Marcas y empresas que retiraron sus campañas porque un grupo de tuiteros la había emprendido contra su forma de hacer publicidad.
El discurso progresista es más aceptado en la sociedad que los argumentos conservadores. El mundo de los medios sociales es más de izquierdas que de derechas, en general. En Estados Unidos, Donald Trump representa a los Republicanos en su versión más conservadora. Su forma de pensar no es bien recibida en las redes sociales ni por las empresas que gestionan Facebook y, sobre todo, Twitter. Hace meses, lanzaba un aviso sobre el uso de la fuerza para combatir a los grupos que se dedicaban a derribar estatuas por todo el país. Twitter fue tibio en la censura. Ocultó el tuit, pero no lo borró «porque puede ser de interés público». Un quiero y no puedo que el presidente norteamericano zanjó diciendo que, si Twitter quería ser un medio de comunicación, no tendría problema en convertirlo en editores de contenidos y no en plataformas.
Que partidos extremistas quieran luchar contra los agitación y los mensajes de odio es mezquino
Que los Gobiernos quieran luchar contra los extremismos y los mensajes de odio es loable. Que lo hagan partidos extremistas que propagan rencor y ojeriza desde sus cuentas es mezquino. Facebook y Twitter están tomando medidas, pero les cuesta separarse del discurso progresista y respetar la ideología de derechas. La red de microblogging ya invita al lector a leer artículos antes de retuitearlos para que no se dejen llevar por el titular. Facebook ha puesto en marcha un proceso burocrático enrevesado. Después del escándalo de Cambridge Analytica, todos los contenidos políticos que aparezcan en su red social deben estar subidos por un usuario validado que previamente ha firmado un pliego de descargos y ha entregado una imagen de su DNI.
Madrid. Año 2020. En medio de un estado de alarma que va a durar seis meses y con un toque de queda nocturno y alevoso. También hablamos de censura.
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