Manuel Llamas | 19 de noviembre de 2020
Podemos ha aprovechado la pandemia para aprobar el grueso de su programa en materia de vivienda, que constituye una abierta declaración de guerra a la propiedad privada y que tendrá consecuencias muy negativas en forma de inseguridad jurídica, aumento de precios y mercado negro.
España es un país de propietarios. Cerca del 80% de la población posee una vivienda y el 16%, dos o más. El origen de esta elevada tasa responde a diferentes factores, desde la tardanza en contar con un mercado de valores mínimamente desarrollado hasta las enormes trabas que existieron durante décadas para poder alquilar un piso debido a la escasez de oferta, fruto a su vez de la famosa «renta antigua» que implantó en su día el régimen franquista, junto con la pervivencia de una crónica y alta inflación que terminó convirtiendo el ladrillo en una especie de valor refugio para conservar el ahorro de la mayoría de españoles.
Sea como fuere, la cuestión es que millones de propietarios están hoy seriamente amenazados por la nefasta política inmobiliaria que ha empezado a desplegar el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Podemos ha aprovechado la pandemia para aprobar el grueso de su programa en materia de vivienda, que, en esencia, constituye una abierta declaración de guerra a la propiedad privada y que, sin duda, tendrá consecuencias muy negativas en forma de inseguridad jurídica, aumento de precios y mercado negro.
Una de esas medidas consiste en limitar el precio de los alquileres mediante una nueva ley de vivienda en 2021, según la cual los políticos podrán fijar un techo a las rentas en las zonas que se declaren tensionadas, mediante la aplicación de un índice de referencia que ha elaborado el Ministerio de Transportes. La imposición de precios, al margen de la ley de la oferta y la demanda en el mercado libre, jamás ha funcionado a lo largo de la historia y tampoco lo hará ahora. París, Berlín o Estocolmo, por citar tan solo algunos ejemplos, ya probaron en su día a limitar los alquileres y el resultado fue un rotundo fracaso.
De hecho, basta observar lo que está sucediendo en Cataluña, que acaba de poner en marcha un tope similar, para percatarse del resultado: la oferta de vivienda en alquiler, lejos de aumentar, corre el riesgo de reducirse y, como consecuencia, el precio tiende al alza, al tiempo que aumenta el mercado negro. Pero el constante asedio a los propietarios no se queda ahí. El castigo fiscal que se pretende asestar a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimis), cuya tributación sobre los beneficios no distribuidos pasará del 0% a un mínimo del 15%, supondrá un duro golpe al mercado profesional del alquiler, puesto que ahuyentará inversiones y, por tanto, también contribuirá a reducir la oferta de inmuebles.
El Gobierno va a por los millones de españoles que han trabajado duro a lo largo de toda su vida para poder comprarse una casa, mientras favorece con sus políticas a delincuentes, okupas y morosos
Asimismo, el Gobierno ha extendido hasta el mes de enero la prohibición de practicar desahucios, así como la obligación de conceder una moratoria o condonación parcial de la renta a los inquilinos en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de vivienda (bancos, inmobiliarias y Administraciones Públicas). Mientras que otros Gobiernos europeos han apostado por conceder prestaciones a los trabajadores y autónomos afectados por la pandemia para que puedan hacer frente a sus pagos, España le pasa la factura a los propietarios, cuyo derecho de cobro y recuperación del inmueble en caso de impago lleva suspendido desde marzo.
Los resultados de esta deriva se traducen en un aumento muy sustancial de la morosidad, pero no solo obligada por las circunstancias de la crisis económica, sino por el ambiente de absoluta impunidad que disfrutan hoy los amantes de lo ajeno para la comisión de todo tipo de tropelías. Así, al creciente fenómeno de los okupas, convertido ya en una auténtica plaga en ciertas zonas de España, se le suma ahora el fraude de los inquilinos morosos, caraduras que abonan el primer mes de alquiler para, a continuación, vivir gratis sine die, a la espera de un desalojo que no llega.
Y por si todavía no fuera suficiente, Podemos ya ha anunciado su intención de sancionar a los propietarios de viviendas vacías mediante nuevas subidas de impuestos e incluso la expropiación de uso, con el fin de que destinen sus inmuebles a alquiler social, cuyo precio es muy inferior al del mercado. Aunque, por el momento, el partido de Iglesias limita este robo a mano armada a quienes posean al menos ocho inmuebles, una vez aprobado semejante despropósito nada impedirá que rebajen dicho umbral hasta donde estimen oportuno.
Y es que, una vez desprotegida la propiedad privada, todos y cada uno de los propietarios, sean grandes o pequeños, están en riesgo. El Gobierno va a por los millones de españoles que han trabajado duro a lo largo de toda su vida para poder comprarse una casa, mientras favorece con sus políticas a delincuentes, okupas y morosos.
PSOE y Podemos pretenden gastar más por puro electoralismo. Cuanto más grande se haga el problema, más difícil será para la Unión Europea esquivar el rescate incondicional de España.
La pareja Sánchez-Iglesias seguirá echando órdagos en todos los terrenos, con el fin de cerrar las vías a un cambio político en España. Tienen tres años por delante para asentar los cimientos.
