Manuel Llamas | 17 de febrero de 2021
La deuda pública de Cataluña supera los 78.000 millones de euros, equivalente al 36% de su PIB y al 26% de toda la deuda autonómica.
Una de las razones que esgrime el nacionalismo para defender la independencia de Cataluña es que bajo una república propia los niveles de riqueza, empleo y bienestar alcanzarían cotas nunca antes vistas. Sin embargo, lo que no cuenta el movimiento separatista es que Cataluña, otrora la región más próspera de España, lleva años estancada y, lo que es aún más preocupante, ha iniciado un peligroso declive económico, social e institucional conforme el nacionalismo se ha ido radicalizando en los últimos años.
Cataluña representaba en los años 80 el 19% del PIB nacional y, desde entonces, se mantiene en ese mismo umbral, mientras que el peso de la Comunidad de Madrid, por el contrario, ha pasado del 14% al 19,3% en el mismo período, situándose así a la cabeza de la economía española, pese a tener un millón menos de habitantes.
Asimismo, desde 2005, año en el que arrancó la reforma del famoso Estatut, hasta el cierre de 2020, en Cataluña se han destruido cerca de 31.000 empleos, según la Encuesta de Población de Activa, mientras que en Madrid se han generado más de 154.000. Y si se observa esta misma evolución desde la declaración unilateral de independencia en 2017, la afiliación apenas ha crecido un 1,3%, por debajo de la media nacional (+2,7%) y muy lejos del 6,5% registrado en Madrid.
Cataluña también encabezaba en 2005 la creación de empresas a nivel nacional, pero ahora la región más emprendedora es Madrid, con el 23% de las nuevas compañías surgidas en 2020, frente al 19% catalán. Y ello sin contar que el procés ha provocado una histórica fuga de empresas debido a la incertidumbre y la enorme inseguridad jurídica que ha causado el independentismo. Desde octubre de 2017 hasta el cierre de 2019, casi 3.000 empresas catalanas han trasladado su domicilio a Madrid. Y lo mismo sucede con la inversión extranjera.
Pese a repetir hasta la saciedad el lema del «España nos roba», Cataluña ha sido, de lejos, la comunidad que ha recibido mayor asistencia financiera por parte del Estado en los últimos años
Otro de los graves problemas que oculta el independentismo es el haber convertido Cataluña en un auténtico infierno fiscal dentro de España, ya que mantiene 19 impuestos propios y una elevada tributación en IRPF, Sucesiones y Patrimonio. Así, por ejemplo, un trabajador con un sueldo de 30.000 euros al año paga en IRPF 240 euros más que en Madrid. Impuesto altos que, sin embargo, no han evitado un aumento colosal del endeudamiento para mantener en pie los servicios públicos.
La deuda pública de Cataluña supera los 78.000 millones de euros, equivalente al 36% de su PIB y al 26% de toda la deuda autonómica. Se ha disparado en más de 65.000 millones de euros desde 2005. La deuda de Madrid es menos de la mitad, al situarse por debajo del 16% de su PIB. Y lo más curioso es que, pese a repetir hasta la saciedad el lema del «España nos roba», Cataluña ha sido, de lejos, la comunidad que ha recibido mayor asistencia financiera por parte del Estado en los últimos años. En concreto, la Generalitat ha ingresado un total de 90.000 millones de euros desde 2012 a través de los mecanismos extraordinarios o adicionales de financiación del Gobierno central, muy por delante de Andalucía, con 42.000 millones. Cataluña acapara el 32% de toda la ayuda estatal.
En definitiva, ni riqueza, ni paraíso de bienestar social ni robo por parte del resto de España. El nacionalismo, al igual que cualquier otra forma de populismo, sea este de derechas o izquierdas, acaba generando justo lo contrario de lo que predica. Su factura crecerá con el paso del tiempo si los catalanes no deciden cambiar de rumbo.
La legislatura en Cataluña parece que llega a su fin. Con la vista puesta ya en los próximos comicios, la pésima gestión disfrazada de épica identitaria será, una vez más, la oferta del nacionalismo a todos los catalanes.
Socios en el mal gobierno, los de Pedro Sánchez y los de Pere Aragonès se unen contra aquellos que, con el ejemplo, evidencian que se puede gobernar de otra manera, que se puede gobernar mejor, mucho mejor.