Javier Morillas | 11 de marzo de 2021
Durante las negociaciones del brexit, España ha perdido una extraordinaria oportunidad para presionar un cambio en el statu quo de Gibraltar.
«Lograr aranceles y cuotas cero era uno de los grandes objetivos de nuestro país», dijo la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, tras la firma del acuerdo de salida del Reino Unido de la UE. La verdad es que, si esto sintetizaba la posición negociadora española, no debe extrañarnos el pobre resultado obtenido, dado que iguales palabras podría haberlas pronunciado Boris Johnson. Y es que, a pesar del ánimo vengativo con que algunos abordaron las negociaciones con quien quería abandonar el club comunitario, lo que tenemos en sus 1.246 páginas es lo que aquí mismo señalamos al inicio del proceso: un tratado de libre comercio, equivalente al de Noruega o Suiza, dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), donde los aspectos más polémicos han sido –pesca al margen- la cuantificación y el reparto de gananciales de los 47 años pasados, especialmente de los centros comunes de investigación, de reprocesamiento nuclear como el de Sellafield, o de enriquecimiento de uranio en Capenhurst.
O sea, se conserva el win-win de las partes, consolidando los efectos benéficos estáticos ya producidos por la unión aduanera previa en cuanto a creación y desviación de comercio. Y los también positivos efectos dinámicos, de economías de escala, aumento del esfuerzo tecnológico y otros, para sus ciudadanos y empresas, dejando a las partes libertad para nuevos acuerdos con terceros países. Pero, sobre todo, la razón principal del brexit: liberarse del «coladero fronterizo y lacra migratoria» que, a juicio británico, amenaza con ahogar la identidad cultural e histórica europea con su laxa legislación de autorizaciones de trabajo, reagrupamientos familiares y concesión de nacionalidad.
Para España, es uno de los puntos que tenían que haber sido centrales y de especial seguimiento durante las negociaciones. Y se ha perdido una extraordinaria situación sobrevenida para presionar un cambio del statu quo de Gibraltar, que podemos considerar como un arrendamiento antiguo mal gestionado, y del que lógicamente no se cobra la renta acordada en el Tratado hispano-británico de 1713, al haberse ocupado -entre otras- las aguas de la bahía, la parte del istmo –cedido provisionalmente por sendas pandemias de 1815 y 1854 en la colonia- y la zona del actual aeropuerto que aquel no contemplaba.
La famosa «verja de Gibraltar» -que ahora se supone que va a ser desmantelada…- fue levantada en 1909 extendiendo la ocupación de más de 800 metros del istmo situado en una zona previamente acordada como neutral. Además, la extracción de material en la construcción de los túneles excavados en la roca desde principios del siglo pasado, uniendo las partes este y oeste, ha servido para rellenar y ampliar terreno en la bahía de Algeciras por más de 26 hectáreas, mejorando las instalaciones portuarias. Todos los años en la IV Comisión de Naciones Unidas se reclama poner fin a esta situación colonial.
Y es elocuente el inflexible control de residencia, y por consiguiente de voto, que los propios británicos mantienen en Gibraltar para no alterar su censo electoral. Ni siquiera a largo plazo. Pensemos, a estos efectos, en la laxitud y candidez diferencial de nuestra actuación en Ceuta, Melilla o la propia Canarias o Cataluña, con las concesiones de nacionalidad. El peligro que implica. Especialmente tras el reciente desarrollo reglamentario (BOE 2-12-2020) que, excusándose en la pandemia, amplía las concesiones de nacionalidad vía Instituto Cervantes, actuando de coladero sin participación ya de ningún juez que evaluara el conjunto general de pruebas y circunstancias del aspirante. Esto, además del agravio y el «efecto imitación» que inaugura la vía del pianista James Rhodes, sin méritos excepcionales conocidos, pero a quien el Gobierno socialpodemita ha concedido los máximos derechos de ciudadanía española, degradando la vía especialísima de concesión por la llamada Carta de Naturaleza, utilizada solo para científicos, deportistas y personalidades de reconocido e indubitable prestigio internacional. Un debilitamiento más del Poder Judicial en curso. Y una fragilización de las instituciones y la cohesión nacional que tanto afecta a la confianza económica.
La futura relación UE-Reino Unido no va a ser fácil. El proyecto europeo tendrá que optar entre ser una gran potencia global o desaparecer.
La declaración de Gibraltar como colonia favorece a España, pero será una herida abierta.
