Manuel Llamas | 17 de mayo de 2021
El Gobierno prepara una subida masiva de impuestos que afectará, principalmente, a las rentas medias y bajas. Un sablazo fiscal de 80.000 millones de euros que se produce en medio de la mayor crisis económica de las últimas décadas, como consecuencia de la pandemia.
Lo de este Gobierno se ha convertido en un auténtico festival de impuestos. Nunca antes, en la historia reciente de España, familias y empresas habían afrontado semejante expolio. Y lo peor de todo, siendo ya muy grave la subida planteada, es que esta batería de hachazos fiscales se produce en medio de la mayor crisis económica de las últimas décadas, como consecuencia de la pandemia.
La primera tanda, estimada en más de 6.000 millones de euros, tuvo lugar con la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado para 2021:
Aumento del 10% al 21% en el tipo aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas.
Nuevos tramos según CO2 emitido por kilómetro recorrido.
Aumento del 6% al 8% en el tipo de referencia del gravamen.
Aumento del 6% al 8% en el tipo de referencia del gravamen.
Tipo de 0,45€ por kilo de plásticos no reutilizables.
Recargo del 0,2% en la compraventa de acciones de determinadas empresas cotizadas.
Límite de la deducción por aportación a planes de pensiones (de 8.000€ a 2.000€).
Límite de la reducción en la exención fiscal por plusvalías y dividendos de filiales internacionales (del 100% al 95%).
Aumento de los tramos superiores de las rentas del trabajo y del ahorro, del 45% al 47% y del 23% al 26%, respectivamente.
El tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros sube del 2,5% al 3,5%, sujeto a la decisión de cada CCAA.
Más del 80% de estas subidas serán sufragadas por rentas medias y bajas. Pero, lejos de terminar aquí el atraco, PSOE y Podemos dejan lo mejor para el final. El Plan de Recuperación que acaba de remitir el Gobierno a Bruselas, además de incluir muchos proyectos de gasto para poder recibir los ansiados 140.000 millones de fondos europeos, propone un inédito sablazo fiscal, por un importe próximo a los 80.000 millones de euros al año, que se aplicaría de forma gradual a partir de 2022.
En primer lugar, el Gobierno plantea reducir y eliminar la gran mayoría de beneficios fiscales que están vigentes hoy por hoy. Aquí se incluiría la polémica supresión de la deducción por tributación conjunta de la que se benefician 3,6 millones de familias, la mitad de ellas integradas por jubilados y familias monoparentales con hijos, pero hay muchas más subidas, como la de los tipos mínimos del IVA o la reducción por alquiler de pisos que, en conjunto, sumarían, como mínimo, unos 30.000 millones de euros.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda ya ha creado un Comité de Expertos con el fin de justificar un incremento generalizado de la tributación, desde el Impuesto de Sociedades hasta la temida «armonización» de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Este comité acaba de iniciar sus trabajos para presentar su propuesta a principios de 2022.
Sin embargo, con independencia de dicha reforma, el Gobierno también ha anunciado que subirá las siguientes figuras, bajo la excusa de impulsar la «transición ecológica»:
–Impuesto sobre depósito de residuos en vertedero y a la incineración.
–Impuesto a los envases de plástico no reutilizables.
–Impuesto a gases fluorados de efecto invernadero.
–Peajes en autovías y carreteras.
–Impuestos de matriculación y utilización de vehículos y «otras medidas en estudio».
-Impuesto al diésel y otros combustibles…
Y, por último, pero no menos importante, un aumento muy sustancial de las cotizaciones sociales que, pese a ello, no logrará salvar las pensiones públicas. Aquí se incluye el alza de las cotizaciones a las rentas altas y un nuevo sistema por el cual los autónomos ya no podrán escoger libremente su base de cotización, sino que tendrán que pagar en función de sus ingresos.
En este caso, el Gobierno de Pedro Sánchez propone multiplicar hasta por cuatro las cotizaciones sociales que pagan los autónomos mediante la implantación gradual de un nuevo sistema con 13 tramos de cotización en función de los ingresos percibidos, disparando la cuota desde los 286 euros al mes que pagan en la actualidad hasta un máximo de 1.220 euros al mes a partir de unos rendimientos de 48.841 euros al año.
Además, bajo este esquema, entre otras muchas barbaridades, un autónomo que gane 3.000 euros al año pagará 2.400 y el que tenga rendimientos inferiores al salario mínimo tendrá que seguir haciendo un esfuerzo de cotización de 200 euros mensuales.
En definitiva, la fórmula perfecta para lastrar el crecimiento y el empleo, al tiempo que se incentiva la economía sumergida. El saqueo socialista hace que España se parezca cada día más a la quebrada Grecia. A este paso, es cuestión de tiempo.
El Gobierno ultima una subida generalizada de impuestos que afectará de pleno a los hogares en un momento de máxima incertidumbre económica.
Pedro Sánchez está dispuesto a protagonizar la primera reversión de competencias autonómicas de la democracia con tal de disparar los impuestos a los madrileños en contra de su voluntad.