Javier Morillas | 17 de mayo de 2017
En el año 2009 se produjo una sorprendente operación empresarial. El gobierno de Rodríguez Zapatero autorizaba la venta de la principal gran empresa eléctrica española a una empresa pública italiana, Enel. Se vendía la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, perteneciente a un sector estratégico. Una antigua gran empresa pública española privatizada que había llegado a convertirse en una próspera multinacional expandida por América, resto de Europa y otros países del mundo. Una de las de la «Marca España».
Enel, la empresa compradora era -y sigue siendo- una empresa estatal de un país de la Unión Europea, por lo que la operación de venta ponía en cuestión la libre competencia y los criterios de la Unión. Una operación que en otros países europeos hubiera estado prohibida, tanto como la mayoritaria presencia de capital extranjero que existe en España en otro sector estratégico para cualquier país y cualquier economía: los medios de comunicación.
Hoy Endesa sigue ganando dinero. Pero, aunque tuvo un beneficio neto de 253 millones de euros en el primer trimestre de 2017, registró un descenso del 26% respecto del primer trimestre de 2016, lo que ha sido achacado al impacto de los altos precios de la electricidad en el mercado libre, a pesar del aumento de ingresos hasta los 5.223 millones de euros, un 7 por ciento más.
#SesiónDeControl @estherpcamarero, del @gpscongreso, pregunta a @MinistroNadal por la reapertura de la central nuclear de Garoña pic.twitter.com/x6vE7R2xEA
— Congreso (@Congreso_Es) February 15, 2017
Ahora Endesa sigue en competencia con Iberdrola, la otra multinacional española del sector. Endesa es propietaria del 100 % de la central nuclear de Ascó I, del 85% de la de Ascó II y del 72% de Vandellós, mientras que en Almaraz tiene el 36% del accionariado y en la de Santa María de Garoña el 50%, ya que el otro 50% lo tiene Iberdrola. La disparidad de criterios ha vuelto a manifestarse recientemente con relación al futuro de esta central nuclear burgalesa que Iberdrola cree justificado cerrar, entre otras razones, por los impuestos existentes y dadas las inversiones necesarias para su reapertura.
Pero la polémica sobre esta nueva «Endesa italiana» surge ahora al querer cerrar dos centrales térmicas de carbón, en Teruel y Cubillos del Sil (León), cuando también a Iberdrola se le prohibió el cierre de su central térmica de gas de Castellón, que estaba operando al 10% de su capacidad.
Y es que la actual regulación establece que una empresa puede cerrar una central si Red Eléctrica Española, REE, dictamina que no afecta a la seguridad del suministro eléctrico, argumentando, por ejemplo, que el cierre podría provocar apagones o pérdidas de tensión en el área de su demarcación. Al tiempo, el Gobierno prepara un real decreto que regule el proceso de en qué condiciones una planta de generación eléctrica puede cerrar, teniendo en cuenta «el impacto económico y social» que podría generar.
La controversia viene subiendo de tono desde hace tiempo. Ya en 2013, desde el propio Ministerio de Industria y Energía se acusó a Endesa por la «dificultad de dialogar con directivos residentes en Roma», lo que era también una forma de puentear y ningunear al lobby de Borja Prado, contratado por los italianos para «figurar» en la presidencia por sus supuestas buenas relaciones en España. Un lobby al que no son ajenos algunos medios de comunicación también propiedad de capital italiano en España, como El Mundo y otros.
El conflicto entre Enel y el Gobierno viene, pues, ahora, de un sector como el carbón, que está regulado por Bruselas y en el que las tensiones con el ejecutivo italiano también son notables. En este sentido, el ministerio se ha comprometido a subvencionar las reformas medioambientales de las centrales que precisan carbón nacional, siempre que sus propietarios se comprometan a no comprar carbón de importación y utilizar el de las cuencas carboníferas españolas. De hecho, las empresas alegan que no son centrales eficientes frente a las que queman carbón de importación, más barato y de mejor calidad.
Preguntas que Graciliano Palomo, @AubaFleix y @aalmodobar realizan al @MinistroNadal en la #sesióndecontrol ? https://t.co/ZSu13i6aGY pic.twitter.com/ftHtSaw7GW
— Senado de España (@Senadoesp) May 9, 2017
Estos intentos de cierre de las centrales de carbón por parte de Endesa son los que motivaron la intervención del senador del PSOE Graciliano Palomo el reciente 9 de mayo, que responsabilizaba al gobierno del PP. Ello provocó la réplica del ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien recordó que fue el gobierno del PSOE el que autorízó la venta de Endesa y señaló que el PP -entonces en la oposición- advirtió de que «no era buena idea». Y que hoy a Endesa «no le importa hacer política de empleo en Italia… a costa de generar paro en España». Y que «Endesa, para hacer política medioambiental en Italia, hace política de pérdida de competitividad en España».
Al final, Endesa, según el ministro, «está haciendo política a favor del ciudadano italiano, a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles». Lo que, por otra parte, es absolutamente cierto.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.