Libros de texto gratuitos… para todos . Los centros privados siguen quedando al margen
Gonzalo Sanz-Magallón | 31 de mayo de 2017
La gratuidad de los libros de texto es una buena medida para ayudar a las familias en el campo de la educación. Al mismo tiempo, no se debería excluir a aquellos que opten por centros privados.
La Comunidad de Madrid establecerá a partir del curso 2018-2019 un sistema de préstamos de los libros de texto utilizados en la enseñanza primaria y secundaria, evitando así que sean los padres lo que tengan que realizar ese desembolso. Dado que el coste anual por alumno será de unos 80 euros, el incremento de gasto para la Administración de esta medida se puede estimar en unos 78 millones de euros al año. Esta cifra representa un modesto 1,5% del presupuesto de la Comunidad de Madrid de la sección Educación, Juventud y Deporte.
?️ ¿Sabes que los libros de texto serán gratuitos a partir del curso 2018/2019?
— Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) May 28, 2017
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Este cambio, que se fundamenta en el principio constitucional que establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, permitirá una tímida mejora del tratamiento fiscal ‑entendido como impuestos soportados, menos servicios públicos recibidos‑ de los padres de la región, pero debería completarse en el futuro e incluir a las familias que optan por centros privados, ya que la actual propuesta afecta únicamente a alumnos de centros públicos y concertados.
Teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales, con un descenso de la población española entre 2012 y 2016 de unas 300 mil personas y una tasa de fertilidad muy por debajo del reemplazo generacional, las parejas que optan por tener hijos en España realizan una importante contribución social y económica, de vital importancia para la financiación futura de las pensiones, sanidad y otros servicios públicos necesarios para mantener los actuales niveles de bienestar. Y, con un volumen de deuda pública emitida en torno al billón de euros, es una absoluta prioridad potenciar el tamaño de la población y el crecimiento económico a medio y largo plazo para atenuar el coste de la misma.
El lastre que supone la deuda pública
Manuel Llamas advierte de los peligros que puede tener para la economía española el mantenimiento de unos niveles de deuda pública cercanos al 100% del PIB.En este contexto, la Administración pública debe diseñar incentivos adecuados para eliminar los obstáculos existentes, primero frente al alza de la natalidad, y segundo, frente al desarrollo de la función educadora de los padres sobre sus hijos. Liberar a los padres del coste que supone los libros de texto en la educación obligatoria es una medida esencial, dentro de lo que debería ser una estrategia nacional de mayor reconocimiento de la función social que realizan en este momento los padres, tanto en lo que se refiere a la dimensión cuantitativa –número de hijos ‑ como cualitativa ‑educar, potenciación del capital humano‑.
Apoyar a las familias, sin imponer, en materia educativa
Queda mucho camino por recorrer para eliminar el trato desfavorable que reciben las familias ‑especialmente las familias numerosas‑ en sus “balanzas fiscales” con la Administración. Algunas posibilidades de actuación son elevar notablemente el mínimo vital por cada descendiente en el IRPF para que se aproxime al coste real, dividir la renta anual entre el número de miembros del hogar, como hace Francia, o incrementar las pensiones para los jubilados en función del número de hijos, una iniciativa adoptada recientemente por Hungría. Esta opción se justifica plenamente si se tiene en cuenta la mayor dificultad de ahorrar entre las parejas con hijos en comparación con las que no tienen descendencia, lo que dificultará a las primeras completar en el futuro sus pensiones públicas con planes privados de jubilación.
Mucho que mejorar en libertad educativa
El afán instrumentalizador de la política o el modelo uniforme que impide el desarrollo de proyectos innovadores suponen un freno a la libertad educativa en España. Una última consideración importante se refiere a la injustificada discriminación que sufren los padres que optan por colegios privados en el nuevo sistema. Este trato discriminatorio es criticable, en primer lugar, porque debería tenerse en cuenta que las familias que utilizan estos centros generan un importante ahorro para la Administración, por lo que penalizar la demanda de estos centros es ineficiente y atenta contra el principio de libre elección de centro educativo de sus padres según sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, reconocido en el Art. 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Además, la red de centros privados de la Comunidad de Madrid representa en torno al 15% de los alumnos, por lo que ampliar esta medida supondría un coste limitado, perfectamente asumible por el presupuesto de la Comunidad. Y, en tercer lugar, los críticos de la enseñanza privada suelen alegar que su principal problema es que tiende a segregar excesivamente a los alumnos por estratos sociales, lo que amplia la desigualdad social. Evidentemente, tras esta iniciativa, las diferencias de coste entre ambos modelos se agrandan, por lo que los centros privados tenderán a ser más elitistas, lo contrario de lo que sería deseable.