Ramón Fuentes | 27 de julio de 2017
Abierto expediente del TAD y suspendido cautelarmente Ángel María Villar por un año, solo queda esperar la resolución por vía penal que daría pie a una propuesta de inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. Mientras tanto, la RFEF será gestionada interinamente por la Junta elegida por Villar. Solo una improbable moción de censura de la Asamblea o un cambio en el reglamento electoral podrían precipitar la convocatoria de elecciones.
El complicado y abrupto proceso abierto contra el presidente de la RFEF sigue su curso. Mientras el implicado continúa en prisión sin fianza, el CSD, máximo organismo estatal del deporte, trata de tutelar las acciones que le competen dentro de los límites legales a los que puede agarrarse. Y, por otro lado, la propia Federación Española intenta recuperar la normalidad, si se puede considerar así, con un gobierno temporal que asuma las funciones, a expensas de la resolución judicial.
Ahora nos encontramos varios escenarios que conviene analizar. Por un lado, está el expediente abierto por el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) el pasado lunes. Un procedimiento que podría alargarse varios meses y que puede concluir de varias formas. La primera e inesperada, a tenor de las circunstancias, sería dejar exento de cualquier sanción al presidente de la FEF.
Lo normal sería que de ese procedimiento, que se extenderá varios meses, salga una propuesta de inhabilitación permanente del máximo mandatario federativo. El problema radica en que esa inhabilitación permanente, que conllevaría la convocatoria de elecciones, no podrá ser ejecutiva en tanto no haya resolución por vía judicial de todas las imputaciones del juez Santiago Pedraz. Solo en ese caso, la RFEF, según recoge el artículo 34 punto 8, insta a la Junta Directiva a constituirse en Comisión Gestora para la convocatoria de elecciones. La duda está en saber si esa convocatoria será entonces para el cargo del presidente o para la Asamblea General. Algo que posiblemente dependerá que cómo evolucione la investigación del caso abierto contra la Federación y sus territoriales.
Se convoca una nueva Asamblea General el 31 de julio para tratar los asuntos económicos ⬇ https://t.co/3dPhIdc1YZ pic.twitter.com/P19QCiwZH8
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Otra posible solución pasaría por modificar el actual reglamento que regula los procesos electorales de las federaciones deportivas españolas. Una orden ministerial donde se recogería estas situaciones excepcionales y que afectaría a todas las federaciones y que, además, requiere un trámite gubernamental nada fácil. Incluso habría que conocer la disposición del COE, Comité Olímpico Español, dado que la normativa actual establece las elecciones en las federaciones olímpicas, coincidiendo con el año olímpico.
Con este escenario encima de la mesa, de momento lo que es ya ejecutiva es la suspensión temporal por un año aprobada por la Comisión Directiva del CSD, una vez, además, que el expediente del TAD ya está en marcha.
Pero esta suspensión cautelar y temporal no tiene carácter definitivo, sino que está a expensas que cómo evolucione el procedimiento penal mencionado líneas atrás, si bien el propio CSD se ha personado en la causa contra el propio Ángel María Villar.
Y esto nos remite de nuevo a los Estatutos de la propia RFEF, en este caso al artículo 34, esta vez en su punto 7. En el mismo establece que, en caso de ausencia temporal del presidente, será cubierta en este orden: los vicepresidentes, el tesorero y el miembro de la Junta más antiguo o de mayor edad.
Este miércoles, asamblea general federativa de @rfef bajo vigilancia https://t.co/XFDgJQcB4e @nortecastilla #corrupcion #futbol #sportlex pic.twitter.com/Z23lK5PdmY
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Y esto es lo que se escenificó el pasado martes 25 de julio en la celebración de la Junta Directiva de la RFEF, compuesta por las federaciones afines a Ángel Villar y algún club, como la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, dejando al miembro más antiguo de la Junta al frente. Y también en la posterior Comisión Delegada, al igual que en la Asamblea celebrada el miércoles 26 de julio, donde solo se aprobaron cuestiones puramente formales del propio desarrollo de la competición, pero no se trataron otras como las cuentas de la gestión de Villar, al considerar que no parece lógico aprobar la gestión de una persona que está actualmente al margen.
Así pues, la Federación Española de Fútbol queda gestionada temporalmente desde los máximos cargos de la Junta Directiva. Concretamente, por Juan Larrea, quien durante muchos años ha sido el tesorero del estamento federativo junto al ahora juzgado Ángel María Villar.
La @rfef elimina varios puntos de la Asamblea General de este miércoles, pero mantiene aprobación de grupos de 2a B y calendario.
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Ahora falta ver qué decisiones es capaz de tomar esta gobernanza temporal. Si no actuará, a expensas de ver cómo acaba el procedimiento penal o, considerando que todos los miembros de la Junta son personas de confianza del propio máximo mandatorio, decidirá continuar con todos los cambios que había previsto Ángel María Villar para este nuevo periodo electoral, que suponía superar la treintena de años al frente de la máxima institución del fútbol español. De momento, ya ha dejado claro que no tiene intención alguna de convocar elecciones y que a la vuelta del verano reunirá y conformará al completo la Junta Directiva para seguir adoptando decisiones.
Existe otra opción que aceleraría un hipotético proceso electoral en el estamento federativo, sin esperar a la resolución judicial penal o la modificación del reglamento electoral. Opción que parte desde dicho reglamento y que supondría una moción de censura de la propia Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
Así está recogido en el artículo 19, relativo a la moción de censura. En el primer punto deja claro que, para que esta puede llevarse a cabo, deben haberse superado los primeros seis meses de mandato y contar con el apoyo de la tercera parte de los miembros de dicho organismo.
Esto nos lleva a que, considerando que Ángel Villar fue reelegido presidente en mayo, hasta septiembre no podría llevarse a cabo, como muy pronto. Pero luego, además, necesita el respaldo de 46 de los 139 miembros que constituyen la actual Asamblea. Algo prácticamente imposible cuando ha sido este organismo quien le dio el respaldo total a Villar en su reelección como presidente. De nada sirve la propuesta de convocatoria de elecciones surgida en la Asamblea, mientras no tengan este mínimo respaldo asambleario.
Así, pues, puede pasar de todo en la FEF. Lo más inmediato es este gobierno interino, creado tras la suspensión temporal por un año ejecutada por la Comisión Directiva del CSD. Lo demás es jugar a visionario. Puede ir desde que este gobierno se mantenga -si no hubiera resolución judicial antes- hasta 2020, próxima fecha de convocatoria oficial de elecciones. O, por qué no, que la justicia actúe de manera exprés, resolviendo en contra del dirigente vasco, lo que permitiría la inhabilitación permanente y la convocatoria inmediata de elecciones.
Improbable, por no decir imposible, es cambiar la orden ministerial y la convocatoria de moción de censura desde la propia Asamblea.
Por lo tanto, esto nos lleva a un gobierno interino, a expensas de este cambalache, que podría resolverse porque debemos considerar también que Ángel María Villar podría quedar absuelto de todas las imputaciones.