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Como sucedió en el País Vasco durante años, resurge ahora la manipulación política de menores en Cataluña. Amenazas y chantajes envueltos en aire festivo que destrozan a los niños y que solo la Fiscalía puede frenar, porque este colectivo está indefenso e ignora las consecuencias.

“Que dejen a los niños en paz, y que dejen de fracturar a todos”. Este es el llamamiento a los políticos que se aprovechan de los menores en Cataluña formulado por Pedro Núñez Morgades. Un hombre que comenzó en los gobiernos de UCD y trabajó varios años como director general del Menor de la Comunidad de Madrid. “El acoso psicológico a los niños es el más grave de todos. La inteligencia emocional de los menores, sus sentimientos, quedan dañados”.

Dañados y expuestos a quién sabe qué consecuencias. Los expertos definen el acoso psicológico como el basado en amenazas o chantaje con el fin de conseguir su objetivo. No existe en el Código Penal falta o delito que recoja específicamente el acoso escolar, por lo que quedan dentro del ‘trato degradante’ del artículo 173.1, si se trata de menores de 18 años, con prisión de seis meses a dos años.

Sin embargo, este acoso suele ser causa próxima de conductas como las que suceden estos días en tierras catalanas. Quizá algunos hechos puedan esclarecerse con la identificación y toma de declaración como testigos de directores de escuelas e institutos que puedan ser puntos de votación del 1-O. Una tarea que realizan los Mossos desde hoy.

En el Parlamento Europeo

Directores y profesores que han traspasado presuntamente, estos días, líneas rojas, como han señalado varios diarios. Lo preguntó ayer a la Comisión Europea la eurodiputada Beatriz Becerra, en los siguientes términos:

• Si el «uso político» de menores en Cataluña para promover el proceso secesionista supone una vulneración de los derechos del niño. Varios institutos «han pedido autorización a los padres para permitir que sus hijos acudan a las manifestaciones en horario lectivo”, mientras que otros «han organizado excursiones para que los niños acudan a concentraciones independentistas».
• En la última Diada, la Asociación Nacional Catalana (ACN) y Omnium Cultural “utilizaron a niños para hacer proselitismo político con la ayuda del canal de televisión público TV3«, un medio medio que ya fue denunciado por el mismo motivo en 2013, «cuando utilizó programas infantiles para promover la secesión».
• Si considera que estos hechos suponen una vulneración de los derechos del niño y si considera que TV3 vulnera la legislación comunitaria en relación con la protección de menores.
• «Cómo va a garantizar que los niños no son utilizados para fines políticos en el marco del proceso secesionista iniciado por el Gobierno autonómico de Cataluña”.

Hoy en @HerreraenCOPE sobre el uso político de los menores en Cataluña: Entrevista completa >> https://t.co/o9SgNnku2B pic.twitter.com/TIO5qs08Gr

— Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) September 26, 2017

Víctimas en el País Vasco

Para calibrar adecuadamente el alcance de estas y otras conductas, conviene acudir, por ejemplo, al caso del País Vasco. La educación es la madre de todas las batallas y ahí una sociedad se juega todo. Los dos políticos de gobiernos vascos víctimas directas de ETA y su entorno, uno de ellos con resultado de muerte, fueron dos exconsejeros de Educación, ambos socialistas.

Denunciamos a @UNICEFenEspanol @UNICEF @SavetheChildren @ONU_es el lavado de cerebro que se está haciendo en Cataluña a los menores de edad pic.twitter.com/6O2buQ4pmu

— Montse Llarena de Tabarnia?? (@mongui1950) September 22, 2017

El primero, Fernando Buesa, fue asesinado junto a su escolta, Jorge Díez, el 22 de febrero de 2000. Recibieron un homenaje en 2015, el mismo día de su aniversario. El segundo, José Ramón Recalde, pudo salvar la vida tras recibir un tiro en la cara, en 2003, y falleció en 2016. Sara Buesa, hija de Fernando, recordó que todavía no se había producido una asunción clara de responsabilidades. menores en Cataluña

Desde los 14 años, libres

Respecto a las campañas de manipulación de menores, juristas consultados por este diario recuerdan que la Ley de Protección de Datos y su desarrollo reglamentario cifra en 14 años la edad en la que un menor es libre para dar su consentimiento para la publicación de imágenes o datos. Por debajo de esta edad, es preceptivo el permiso de los padres.

En cualquier caso, hechos que puedan afectar a menores de edad corresponden en Cataluña al Fiscal de Sala de Menores y sus fiscales adscritos, o al Sindic de Greuges.

No pocos institutos y colegios han desafiado estos días la ley al posicionarse por el referéndum del 1-O. Pero, además, han manipulado presuntamente a menores de un modo totalitario, con esteladas al viento.

Quizá es que, durante años, la Alta Inspección educativa del Estado en Cataluña no ha funcionado correctamente. Como señaló en junio un experto en esta materia, habrá que trabajar más en la prevención que en la intervención. Y tomar decisiones, porque el artículo 18.1 de la Constitución se garantiza a todos, también a los menores de 14 años: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.