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España se debate entre la hispanofobia y la invertebración, dos términos complementarios que tienen vigencia debido al cainismo latente, fruto de resentimientos propagandísticos. Abundan los revolucionarios y progresistas que anidan sentimientos de ese odio antiespañol y consideran que el populismo es la razón de ser de una «democracia a su medida».

Lo ocurrido estos días en Cataluña es un Golpe de Estado, un acto de rebelión, malamente disfrazado de pacifismo. Pero no existe ningún acto de rebelión pacífico; no tienen nada que ver con la «No violencia» de Ghandi. Tenemos un Gobierno débil que duda de todo, al que se está acosando con las imágenes de la carga de las Fuerzas de Seguridad del Estado, falseadas por los medios procatalanistas, como ha demostrado Le Monde. Si el golpe hubiera sido de derechas, el escándalo hubiera sido mayúsculo y toda Europa se hubiera lanzado contra España; como es de extrema izquierda, en los medios se nota condescendencia. Nunca hay una palabra amable para el deber cumplido de la Policía Nacional o la Guardia Civil, que se ha visto vendida y sin apoyo firme. Por lo visto, la Policía en Europa reparte caramelos y florecillas cuando carga en defensa el orden. Las opiniones de los reporteros son vergonzosas. La democracia aparece como un monopolio de la izquierda. Los eslóganes utilizados no son sino provocaciones contra la paz social, la convivencia, el orden, el sistema constitucional y la Corona. Piden una república en la que haya “más democracia”, como rezaba la pancarta de Ada Colau; “más ecologismo” y “más feminismo”, según exponen las alumnas de la Universidad Autónoma de Barcelona entrevistadas en El Hormiguero… Lo que expone que es la clase alta catalana la que está tras del golpe. Para ellos, más democracia, naturalmente, es la violación de las leyes, la abolición de toda norma, aniquilar toda autoridad ética; luego, piden diálogo. Pero no existe diálogo alguno cuando se viola el Código Penal, se lleva a la práctica el odio secular contra la Guardia Civil y se incita a la guerra civil, humillando a la Policía Nacional, las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque representan a todos los españoles, además de mantener la paz, la convivencia, el orden, el sistema cívico de libertades, junto con las FAS, garantes de la integridad de la nación española, según expone el artículo 8, 1-2. Quien atente contra todo esto es un criminal, porque, además, está encendiendo la mecha del enfrentamiento civil. No es una guerra de ideas retórica, como creen Javier Luzón, Jordi Canal o Pedro Rújula. Los medios reducen el conflicto a una lucha entre derechas (malos, retrógrados, franquistas) y buenos (progresistas, podemitas, antisitema) y se inclinan a defender ese pregonado «Derecho a Decidir» falseado.

#1Oct El mejor #analisis del #referendum ilegal con la opinión de nuestros colaboradores. #Cataluña #db https://t.co/f38PCkPQuM

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Esta manipulación camufla un odio cainita, reinventado y reabierto desde que el “honorable” Tarradellas abrazó a Adolfo Suárez en 1977 y ese prepotente “Ya estoy aquí”. El tema no es solo histórico o político, es un asunto de extrema gravedad jurídico-penal. Desde la Constitución, ya se tenía que haber aplicado el art 155; asimismo, se debía haber aprobado una ley orgánica para encarcelar a los responsables, así como la Ley de Seguridad General del Estado. Solo con la aplicación del Código Penal sobre la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre, actualmente en vigencia, podría hacerse, ya que los artículos 472-475 y 477 tipifican el delito de rebelión; también cabe incluir los delitos contra la Corona, 489-509, los que atentan contra las instituciones del Estado, sitos en los capítulos I-III del título XXI.

El art. 544-549, delito de sedición, seguido de delitos de resistencia, desobediencia (arts. 550-556), y desórdenes públicos o contra el orden público de los arts. 557-562, correspondientes a los capítulos I-III del título XXII del citado CP. No es solo un delito sino varios entrelazados. De aplicarse, el gobierno y los órganos e instituciones del Estado estarían garantizados. Lo malo es que no se aplique ni se haga cumplir la ley. Artur Mas, Puigdemont y todo el gobierno de la Generalitat, Ana Colau, Oriol Junqueras, la diputada Anna Gabriel, cuando menos, deberían estar en la cárcel con prisión mayor, dando gracias, porque antes de 1991 en el ámbito militar y, hasta 1978, un delito de esta naturaleza se castigaba con la muerte; no obstante, quizá deberían paladear esta situación ante una fosa común… ¿No quieren ser héroes y mártires de su causa?

Pero el Ejecutivo esta acobardado, siempre está con el «qué dirán». No se quieren crear mártires y, en su lugar, abren las puertas a la guerra civil. De manera que ante esta situación tenemos:

• Que no se aplica la ley.
• Que el más mínimo acto de fuerza legal es calificado espontáneamente de fascista.
• Que el resultado es una mayor confusión, en la que avanzan los que se han propuesto desmembrar España.

Los políticos usan epítetos reiterativos, vacíos: “defensa democrática”, “libertades democráticas”, “valores democráticos”; cualquier acto es democrático o no, pero esto es falso, al extralimitar el sentido último de un término político, ya denunciado por Ortega y Gasset en su Democracia Morbosa (1917). No existe una manera de tomar la sopa ni de sentarse democráticamente, no hay comportamientos democráticos cuando hablamos de que cumplir la ley no es una cuestión de forma sino de fondo. La libertad carece de sentido sin el obligado respeto mutuo. Pero lo contrario es lo que prevalece: una dialéctica de retrasados mentales que adelanta algo importante.

En España no se entiende la democracia, porque no hay sentido colectivo ni del Estado ni del Derecho, no es como en Francia, Gran Bretaña o Alemania. Como decía Pío Baroja, “no nos entendemos”. Hoy Podemos lo tiene muy claro, lo ha expresado claramente: derribar el Gobierno del PP como sea, desde donde sea, a cualquier precio, sin que nadie pestañee o se mueva, sin que clase social alguna se escandalice, sobre todo desde una burguesía en la que la izquierda «progre» manda sobre los demás, incluida la católica, que no ve bien que Mariano Rajoy no se haya pronunciado en contra del aborto, y prefiere que gane Pablo Iglesias y se anule toda libertad religiosa o se profanen los templos. ¿Tienen los católicos madera de mártires para ser fusilados de nuevo por un Pablo Iglesias que busca rabiosamente el poder? Claro, creen que eso no ocurrirá, pero solo lo creen. ¿Quizá porque estamos muy avanzados, en un siglo XXI, para verlo? Ni nuestros mitos y creencias ni los suyos nos han abandonado del todo. Ante estos deseos golpistas-revolucionarios, no existe unidad, solo indiferencia o una pasividad que esconden una mezcla interesada de miedo, comodidad e ignorancia junto a la ausencia de sentimiento nacional y creen, como Rajoy, que, ignorando la suma gravedad del asunto, los problemas tienden a resolverse solos o desaparecer, como las noticias de prensa que primero te asaltan unas semanas y luego parecen disolverse, sin resolverse, al ser sustituidos por otros titulares.

En un enfrentamiento no existen mayores razones o explicaciones: solo parecen esgrimirse tópicos y lugares comunes, falsas e interesadas creencias de ambos lados. A pesar de todo, la razón solo está de uno. Son los catalanistas los que han preparado, instigado y hecho estallar este golpe, calificando de asesinos y fascistas a los que solo aplican el Derecho y la legalidad. Porque, al ser ellos los delincuentes y criminales, tienen que hacer pasar por lo contrario a sus oponentes, falseando la terminología histórica, la verdad política y la Ley, usando una vez más la fuerza del número, la conquista de la calle, la presión populista como auténtica razón de ser de una “democracia a su medida”. El uso de la desobediencia hasta la violencia, la provocación no es más que la búsqueda del victimaje que el Gobierno ha tratado de evitar a toda costa, con exceso de prudencia, respecto de quienes buscan apropiarse de las instituciones públicas. La paz social y el civismo asociados a la soberanía no pertenecen a un grupo, sino a toda la Nación-Estado, a colectivos jerárquica y sucesivamente superiores, en una relación orgánica de dependencia, que es por la que se rigen los Estados más avanzados, según el viejo criterio británico: John Locke, en su Ensayo sobre el gobierno civil (1660-1689).

"Las estatuas de Cristóbal #Colon sufren ataques por todo EEUU". @MariaSaavedraL analiza el caso. #Historia #dbhttps://t.co/ewU5FyJPuz

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Una clave que influyó en Thomas Jefferson, Th. Penn y los padres de la Constitución estadounidense de 1787, coincidiendo con la consolidación del habeas corpus (1679). Tras el proceso revolucionario inglés, hace ya más de trescientos veinticinco años, se concluyó que toda representación del poder recayera en la Corona, el Parlamento o los Tribunales o que cualquier institución u organismo dependían de un principio supremo: el Estado de Derecho. Era el resultado de haber probado todos los sistemas políticos, casi de forma experimental: la monarquía absolutista católica, la guerra civil, la dictadura del Parlamento puritano, la de Cromwell y el cambio de la dinastía Estuardo por otra de sólido arraigo protestante, que, si bien intolerante con el catolicismo, sentó las bases de una sólida burguesía industrial y de negocios generando una moderna aristocracia, abierta gracias al auge del dinero.

Si nos apoyáramos en la Revolución Francesa, más a favor, se estaría no solo del lado de un Estado unitario, sino de un modelo centralista triunfante, respecto del antiguo régimen, que estaba constituido por territorios feudales, dotados de una gran libertad de acción; la misma que, en buena parte, impidió a Luis XVI convertir a Francia en un Estado igualitario, moderno y reformador, al sufrir la oposición tajante de la nobleza local dueña de los “Parlamentos” provinciales… Si hemos de hacer caso a la recién reeditada obra de Olven Hufton, Europa, privilegio y protesta, 1730-1789. En España, el tema autonómico lo inició siempre Cataluña. Impulsada por una alta burguesía financiera, una minoría local que buscó siempre su propio derecho frente al Estado, al igual que en el País Vasco.

El innecesario «café para todos»

La idea era encontrar privilegios fiscales, administrativos y políticos, jugando con las políticas arancelarias a su favor, el proteccionismo o el liberalismo para proteger su economía. La desigualdad se convirtió en una constante del desarrollo histórico de la economía nacional, en el que la periferia dominante, al final, trata de dictar los designios del Estado entre el chantaje, el terrorismo o la presión populista, según se tratase del catalanismo o del vasquismo. El ejemplo catalán de autonomía se impuso y, son palabras de José Bono, al final sería “café para todos”, aunque haya quien le gustase otra cosa; lo cierto es que el Estado de las autonomías se extendió a otros territorios que no tenían tal necesidad, para que no existiesen privilegios. El invento generó exactamente lo contrario: la agresiva pugna por conseguir privilegios. Una carrera en la que unos han perdido y otros han ganado, fuera de todo razonamiento ético. Así, las antiguas regiones históricas recuperaban la naturaleza feudal en sus relaciones económicas y dependencias empresariales.

Andalucía o Extremadura se convertían en feudos para ciertos partidos, como Galicia, Cataluña o País vasco, que es en lo que ha devenido el Estado español en esta nueva Edad Media, carente de un Estado centralizado y fuerte; una relación de nuevas dependencias que a nivel occidental han denunciado desde Umberto Eco, La Nueva Edad media, a un Alain Minc, Le nouveau Moyen Âge. Cabe añadir algo peculiar: las ansias anexionistas e imperialistas de catalanes y vascos, como si ambos grupos “pacifistas” hubieran recibido garantías externas para el logro de sus objetivos. En España, la izquierdización de la política hace posible el caos, dado que no se realiza con el criterio de Estado con el que se lleva a cabo en Francia o Alemania, donde la idea de partido cede ante el colectivo de los ciudadanos, mal que bien.

En España es al contrario, todo se hace en función del partido y las baronías, colocando en segundo lugar España, lo español, la manoseada ciudadanía votante. En la España autonómica, de un lado, se han proporcionado puestos de trabajo, pero sobre todo se ha fortalecido el papel de los partidos políticos, un fenómeno siempre de ascenso a todo arribista. Es decir, abierto a advenedizos sin cultura ni preparación ni experiencia de gestión, en líneas generales. En este sentido, la política carece de mérito, de garantía de profesionalidad, de ser un ejercicio honrado. No es más que la demostración de la habilidad o la astucia para suscitar negociaciones y alianzas con los viejos y nuevos poderes locales, mafias y grupos de poder impulsados por asociaciones de extranjeros y emigrantes musulmanes.

"Imperiofobia y leyenda negra". Una crítica de @donramonpi sobre el libro de @edicionesiruela #Libros #Cultura #dbhttps://t.co/d6uXFgMvyN

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Todo esto ha supuesto la creación de un gasto desproporcionado y la desigualdad creciente entre autonomías pobres y ricas. Naturalmente, su existencia es el pretexto de ofrecer las lindezas de una diversidad cultural y democrática, faltaría más. En definitiva, no es más que una falsa dimensión de tolerancia y libertad, cuando no han hecho otra cosa que potenciar la vieja hispanofobia de este país cainita por esencia, las desigualdades territoriales y la violación de la propia Constitución que las hizo nacer en su momento. Una traición y una estafa generalizadas a las que no es posible renunciar, dado que la existencia y arraigo de los partidos políticos lo impide. Y, no obstante, es el marco de tentativas contra legem, como hacen Podemos y las fuerzas que atentan contra la Corona, símbolo de unidad. Es decir, fuerzas y herencias de fenómenos que quieren saltarse la evolución histórica e intentan volver a los tiempos de la II República, ese periodo excelso llevado a los altares de la secularización que abominan del franquismo, porque este los puso en su sitio con mano de hierro. Alphonse Daudet y luego Ramiro de Maeztu llamaron estúpido al siglo XIX y no les faltó razón.

De hecho, es aquí donde surge el término “España nación de naciones”. De nuevo, son los progresistas los que deben mirar al presente y al futuro, pero no obstante se obsesionan con el pasado y, como si hubieran descubierto la pólvora, creen inventar conceptos nuevos. Pedro Sánchez, discípulo de José Luis Rodríguez Zapatero, opina como los republicanos catalanistas de mentalidad decimonónica, pero cree que es un invento moderno fabricado por ellos, un ejemplo progresista que ensalzan en sus discursos como una nueva Diosa Razón, o rescatasen el culto al Ser Supremo, cuando el tema ya lo inventó Francisco Pi y Margall en sus Nacionalidades (1876), precedida de sus Ecos de la revolución de 1854, La Reacción y la Revolución (1855) o Cristianismo y Monarquía (1871). Una mixtificación republicana muy mediatizada por el federalismo, fruto de las utopías romántico-tardías de aquel momento que fracasaron en su forma cantonal. Así que, como decía Hamlet en su famoso monólogo, “hay algo podrido en mi reino”. ¿Progresistas o retrasados mentales? Pues, cuando se habla de “España nación de naciones”, se justifica un Estado ilegal que llena la ambición a grupos de imbéciles (es decir, sine baculum u orientación, en griego, luego latinizado) rebeldes sin causa, sin formación, con escasa conciencia cívica, según los ha calificado Arturo Pérez-Reverte. Es un legado zapaterista, sin duda. Resulta curioso que en la misma mitificada II República fueran rechazadas estas veleidades federalistas, incluso en la propia Constitución de 1931. Son circunstancias en las que la crisis actual ha ahondado y actuado de detonante. Nietzsche sostenía que el “fanatismo es la única fuerza de voluntad infundida en los débiles y los tímidos”, los acomplejados. Probablemente, habría que ir mas lejos, ya que en este complejo asunto abundan los revolucionarios progresistas, es decir, los que anidan sentimientos de ese odio antiespañol, reinventado, aquejados de ese resentimiento social de los que no logran sus objetivos en la vida, los inútiles, los que no sirven para dar estabilidad a sus vidas ni a sus familias, aunque sus padres digan estar orgullosos de sus hijos. Estos individuos frustrados conforman un caldo de cultivo apropiado para atender a las soflamas de que otros son responsables de sus males. Ahí están los castellanos, los andaluces, los aragoneses, los extrememos… los que han trabajado en las fábricas e industrias de servicios, reactivando la economía catalana generacionalmente. Dado que este asunto es sinónimo de otro fenómeno, la secular crisis del Estado español denunciada y estudiada por el jurista y politólogo González de Posada en los años veinte del siglo pasado. La ausencia de criterio sobre qué es el Estado-Nación, último resultado de una visión orgánica, redescubre cuál es el engranaje y el papel de sus componentes.

Comparaciones imposibles en la intelectualidad catalanista

La familia, el municipio, la provincia, la región, hasta el Estado constituyen la suma de todas sus partes, en un orden jerárquico, según defendieran los famoso teóricos krausistas, desde Enrique Ahrens, autor de la importante Enciclopedia jurídica o exposición orgánica de la Ciencia del Derecho y del Estado (1878), que tradujera Francisco Giner de los Ríos. A la vez, la obra fue comentada y ampliada por él, Gumersindo de Azcárate y Augusto G. De Linares. Una idea que influyó en España desde Salvador de Madariaga a Gonzalo Fernández de la Mora.  Al menos, es la visión del Estado que se aplicó en la reconstrucción de la idea de España por los llamados Teóricos izquierdistas de la democracia orgánica (1985), volviendo a nuestro Gonzalo Fernández de la Mora. De forma que si el Estado español desde 1939 está basado o fundamentado en los teóricos de izquierdas, no sabemos de qué se quejan los enemigos del franquismo. Como hay muchos españoles y extranjeros duros de mollera, a los que hay que añadir los millones de inmigrantes, desarraigados, sin papeles, que viven del cuento y que carecen de todo conocimiento indispensable sobre qué es España, su historia, su Constitución (pues han entrado en nuestro país sin hacer exámenes ni criba o selección de algún tipo), propiciando el caos actual, una acción nacional anticatalanista recibiría un impedimento. Los catalanistas tratan de compararse con Irlanda, Escocia, Quebec, pero todos estos territorios han sido ocupados, conquistados, expoliados, cuando Cataluña jamás fue independiente, ni mucho menos un reino ocupado, sojuzgado, sino un Principado que, asociado al reino de Aragón desde la sucesión de Ramiro II el Monje, adquirió cierta identidad histórica, al casar a su hija Petronila con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona (1137), colocando las bases de la Confederación Catalano-aragonesa. Cataluña, desde Carlos III, recibió una serie de privilegios y subvenciones sin fin, incluso en el régimen del general Franco, hasta crear una poderosa industria periférica. Los derechos civiles y municipales, temporalmente abolidos o pospuestos tras la guerra de Sucesión, fueron repuestos a lo largo del mismo reinado de Felipe V. Lo contrario es falso. El derecho absoluto de Soberanía desde Hobbes a Rousseau pertenece al Estado y a quien lo represente. Con el robo de un trozo tratan de reinvertir o subvertir la situación hasta que favorezca plenamente a los facciosos, con idea de intentar imponer un Estado dictatorial que desplace o elimine a los que no piensan como ellos, muy al contrario del nacionalismo tradicional español, que no ha sido jamás excluyente ni racista. La independencia supondría, además, apropiarse del paraíso fiscal andorrano y el traspaso del pago de su deuda externa al Estado español y los 200.000 millones endeudados recaerían, así, sobre el español de a pie.

?? "Lluís Companys proclamaría desde el balcón de la Generalidad el Estado Catalán de la República Federal Española”https://t.co/75kQje4gkQ

— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) June 28, 2017

La Independencia no es una ruptura, sino una situación inversa de dependencia en la que España, según la Consejería de Economía de la Generalitat, pagaría a Cataluña los 16.000 millones de euros multiplicados con sus intereses, como si la colonia emancipada de la metrópoli reclamara a esta los derechos expoliados. Por parte de la izquierda, solo existe la idea no solo de expulsar al PP sino de alcanzar el poder, pues siempre habrá democracia si están ellos; lo contrario, un gobierno de derechas surgido de las urnas, es calificado del fascismo más rancio, en esa extraña consideración de la política. El resultado es la inestabilidad, base de las estrategias antiestado o de antiespañolismo. Esa idea siempre anticonstitucional e ilegal de generar un Estado federal es una invención pos-romántica que causó al Estado, es decir, al conjunto de los españoles, una situación de guerra civil, hasta llegar al borde de disolver la nación española entre 1873-1874, 1931-1936. Maciá declaró la República catalana dentro de la República española en abril de 1931, al margen de Azaña incluso; pero no bastó; tampoco el Estatut de 1932, antes que ningún otro, fue suficiente; al final, muerto Maciá (diciembre de 1933, de apoplejía) tuvo que venir Companys y declarar abiertamente L´Estat Catalá Independent, el 6 de octubre de 1934, fecha que Puigdemont ha tratado de retomar para su declaración de independencia actual. Al igual que en octubre de ese año, estos hechos coincidieron con la rebelión anarco-comunista contra el gobierno de la república, no solo en Asturias, sino en el resto de España. Resulta significativo que fueron las tropas de la propia república las que disolvieron tal tentativa, el Estat Catalá duro unas 10 horas. Pero un país que se debate entre la balcanización o su debilidad vertebral como Estado-Nación, según hablara José Ortega en su España invertebrada (1921), y la hispanofobia, es decir, ese odio a sí mismo como nación o sociedad, adelanta un problema psiquiátrico colectivo, disfrazado de democracia populista. El complejo fue un tema ya expuesto en 1951, en sentido genérico, por el médico Juan José López Ibor en su estudio El español y su complejo de inferioridad y que tiene su desgraciada vigencia en el cainismo latente, fruto de resentimientos propagandísticos. El día de la Diada es una festividad política que conmemora una derrota militar (la suya) frente a Felipe V de Anjou, fruto de otra guerra civil en la que los rebeldes catalanes perdieron, tras sublevarse inicialmente en 1705 y asesinar a cientos de compatriotas pro-borbones, apoyados por los aliados. Ese día salieron a las calles catalanas, en orden, entre medio y un millón de individuos para festejar la reivindicación de sus derechos perdidos, según ellos.

En cualquier caso, el número no representa a los siete millones y medio de habitantes que viven en las cuatro provincias catalanas; ni aun doblando su número, legitimarían su deseo. El referéndum ilegal ha sido tomado en triunfo, naturalmente, y se afirma que han sido 2.262.424 papeletas emitidas, de los que han votado sí, 2.020.144; se culpa a las fuerzas de Seguridad del Estado de secuestrar o “robar” 700.000 papeletas que ya contaban los sediciosos como favorables igualmente, así que serían unos tres millones los que quieren dejar de ser españoles. Las razones del sí están por ver: odio, propaganda antiespañola, tópicos, miedo a no verse señalado con el dedo, oportunismo, falta de sentido común, ignorancia…. muchos jóvenes, que no saben ni tienen idea. Ni el acto ni el número legitiman el triunfo, por lo explicado. Si están descontentos de haber nacido españoles, que se vayan, sean deportados y formen un país en algún desierto lejano o que se asocien a los palestinos en la consecución de un nuevo Estado Nación y dejen en paz al resto de catalanes que disfrutan de la dignidad de ser españoles.