Francisco José Alonso | 09 de diciembre de 2017
La okupación es un fenómeno tan preocupante como creciente; está en plena expansión y sin firme diligencia frente a él desde el Gobierno. Es decir, miles de afectados frente a poca contención. La mirada hacia otro lado practicada por las autoridades ha dado paso a la proliferación de mafias en apoyo y rechazo; es una competición desleal entre okupas y desokupas en la que ambos perjudican a los propietarios de los pisos okupados. Ambas partes se lucran abiertamente sin reparo de los daños causados a la sociedad.
La indiferencia con la que los gobernantes han venido manejando la okupación dio paso a una cultura abusiva; los okupas, por un lado, y, por el otro, las empresas que violentamente, con técnicas ilegales, echan a los primeros; los propietarios ponen el piso contra su voluntad para que ambas partes empiecen su juego. Todos ganan excepto los legítimos propietarios.
El problema de los okupas . Una encrucijada legal que la política no afronta con seriedad
La falta de controles enérgicos por parte de los cuerpos de seguridad, sumada a la clara dejación de funciones legislativas en la materia y a la mínima intervención de la Fiscalía y Poder Judicial, ha sometido al pueblo normal a una situación de inseguridad que le obliga a procurarse sus propios medios de defensa. La problemática trae consecuencias gravísimas a la sociedad; los propietarios se ven sometidos a continuo estrés por la posibilidad cierta de invasión; los juzgados cada día tienen más casos de ocupaciones ilegales de inmuebles; los vecinos de las localidades tienden a defenderse por la presencia de invasores okupas y parece que nadie defiende que okupar es robar. Y que debe ser castigado como tal con pena de prisión equiparada al delito de robo.
La cadena empieza con el piso como materia prima, el okupa es su depredador, protegido por las mafias de las okupaciones. Los desokupas y los abogados le siguen, todos se benefician menos el propietario, que es quien paga todo y a todos. Las más beneficiadas, además de los okupas, hasta que son echados, son las mafias organizadas de okupas y desokupas que han convertido los actos ilegales en su medio de vida. Por lo tanto, la justicia debería ser gratuita con fiscalías y juzgados especiales para evitar tanto el tiempo prolongado del proceso como los altos costos que supone la desokupación.
Es una gran injusticia, pero la culpa, para la Liga Pro Derehos Humanos, es del Gobierno por la «dejación de justicia»; no existen disposiciones que garanticen el derecho a propiedad. La propiedad, en sentido amplio, contiene el derecho a uso, goce y disfrute de las viviendas; las invasiones limitan ese derecho frente a un acto delincuencial al que no se pone freno y que merece una respuesta rápida del Estado. Además, como todo delito, justifica la detención de los actores, aparte del pago de los daños y perjuicios ocasionados.
Hemos repetido hasta la saciedad que amerita la promulgación de instrumentos legislativos que permitan a la Policía acudir inmediatamente al sitio, detener a los okupas y restituir inmediatamente la vivienda a su propietario. Una legislación garantista exigiría al propietario demostrar el Fumus Bonis Iuris o “presunción del buen derecho” (debieran bastar las escrituras del piso) y demostrar el ilegal ingreso a la vivienda (basta con comprobar físicamente que hay presuntos okupas dentro), sumando otros elementos, como testimonios de vecinos, grabaciones u otras evidencias. Todo ello debiera suponer la detención in fraganti del okupa. Esta sería una respuesta justa y eficaz del Estado en la persecución del delito y procura del bien común que pondría fin a la actual situación, al tiempo que extinguiría de manera inmediata a las “empresas” en favor y en contra de los okupas.
La realidad es que la Policía acude al piso tan pronto como la llama el dueño indignado, pero la indignación se transforma en histerismo cuando no solo demuestra que es propietario y que los okupas están dentro, sino cuando salen estos muy confortablemente, incluso vistiendo la ropa que estaba colgada en los armarios. Así lo han relatado afectados: «Rompen las puertas, rompen las ventanas, okupan mi piso, hurtan mis bienes y, además, se ponen mi ropa y con ella atienden a los policías, estos los ven y luego dicen: ‘nada puedo hacer, busque un abogado'»… estos reclamos son humillantes y cada día más comunes.
Llevamos años en la Liga Española Pro Derechos Humanos denunciando las Okupaciones y hemos denunciado al Gobierno Español ante la N.U. https://t.co/PYggA6Z84I
— Francisco J. Alonso (@LigaProDDHH) October 21, 2017
Ya hemos venido denunciando nacional e internacionalmente esta situación; por ello, hacemos un nuevo llamamiento a las autoridades del Reino de España a tomar las medidas pertinentes y necesarias para la pronta restitución de los derechos de propiedad, reconociendo que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Especialmente requerimos del Congreso de los Diputados el cese inmediato de la dejación de funciones, dando paso a una legislación adaptada a las realidades, de cara a los grandes retos que afronta España actualmente.
Reconocemos como culpable de la problemática en cuestión a las autoridades españolas que, aun a sabiendas de la situación, permiten la proliferación de estos grupos delincuenciales que se lucran del infortunio de los propietarios. Con estupor, observamos que es notable la indiferencia. Y el silencio cómplice es fuente de malestar y estímulo al delincuente.
Desde hace años, he venido afirmando que hay escuelas que enseñan a venir a robar a España, por la benignidad de las leyes y la impunidad; es muy sencillo resumir que en España hay delincuencia organizada, por una sola razón: ¡no hay razón para no hacerlo!
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.