Cataluña en la Segunda República . Analogías con la crisis que amenazó la unidad nacional
Javier Arjona | 04 de enero de 2018
Historia
La frase ‘Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla’, cuya autoría original sigue siendo una incógnita, refleja a la perfección lo ocurrido y lo que está ocurriendo en Cataluña. Hace casi un siglo, en el periodo de la Segunda República tan admirada por unos y tan detestada por otros, tuvieron lugar acontecimientos sorprendentemente similares a los acaecidos entre los años 2013 y 2017.
Era 14 de abril de 1931, dos días después de las elecciones municipales que acabaron siendo un plebiscito a la monarquía, cuando Lluís Companys, uno de los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña, salió al balcón del Ayuntamiento de Barcelona en la plaza de San Jaime para declarar la Segunda República, tal y como se estaba haciendo en distintos municipios de España. Ese mismo día por la tarde Francesc Maciá, cabeza de lista de Esquerra Republicana proclamaba el Estado Catalán bajo la forma de una República Catalana.
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En cuestión de horas, la recién inaugurada Segunda República, con un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora, se enfrentaba al desafío independentista catalán. Varios ministros de aquel primer Gobierno lograron el día 17 de abril un acuerdo por el que Maciá renunciaba a la declaración soberanista, a cambio de la presentación en las futuras Cortes Constituyentes de un Estatuto de Autonomía redactado en Cataluña y aprobado por los ayuntamientos catalanes. Dicho proyecto estatutario fue presentado a las Cortes por el propio Francesc Maciá, y tras su discusión parlamentaria fue recortado y acomodado a los límites constitucionales, y aprobado el 9 de septiembre de aquel año 1931.
Estableciendo la primera analogía con la actual cuestión catalana, tras las elecciones autonómicas de 2003 se formó un Gobierno tripartito entre el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana e Iniciativa por Cataluña que, encabezado por el socialista Pascual Maragall ponía fin a veintitrés años de Gobierno de Convergencia y Unión. El objetivo prioritario del nuevo ejecutivo era el avance en el autogobierno y la preparación de un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. Los socialistas catalanes comenzaron entonces una deriva soberanista que llevó al entonces presidente del Gobierno, el también socialista José Luis Rodriguez Zapatero, a prometer el apoyo al nuevo Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña, como habían hecho los ministros de Alcalá-Zamora en 1931.
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Después de meses de debate parlamentario y tras ser rebajado su alcance para ajustarlo al marco constitucional, tal y como había sucedido en 1931, el proyecto de Estatuto fue aprobado por el Senado el 10 de mayo de 2006 con los votos en contra de Esquerra Republicana de Cataluña, que lo consideraba insuficiente por haber sido recortado, y del Partido Popular, que lo consideraba excesivo por lo que acabó presentando ante el Tribunal Constitucional un recurso para la modificación de 114 artículos de los 223 que componían el nuevo Estatuto.
De nuevo en la Segunda República, hasta las elecciones generales de 1933 y mientras Manuel Azaña fue el presidente de la República, la cuestión catalana quedó en un estado latente del que no despertó hasta la llegada al poder del Partido Radical con el apoyo de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). La llama se volvió a encender en abril de 1934 cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de Contratos de Cultivo, que tras ser declarada inconstitucional dejó entrever la debilidad de un Gobierno entonces presidido por Ricardo Samper.
La retirada de la CEDA del apoyo parlamentario al Gobierno del Partido Radical, hizo que el presidente de la República encomendase a Alejandro Lerroux la tarea de formar un nuevo Gobierno. Mientras tanto, la facción socialista liderada por Francisco Largo Caballero reenfocaba su estrategia de llegada al poder a partir del activismo insurreccional tras la última derrota electoral, lo que le llevó a promover para el 5 de octubre de 1934 el inicio de una huelga general que se extendió casi dos semanas y que en Asturias se saldó con un balance de casi 1.400 víctimas mortales.
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Aprovechando el complicado momento político que se vivía en el país, el entonces presidente de la Generalidad, Lluís Companys, proclamó el 6 de octubre el Estado Catalán. El jefe de los Mozos de Escuadra, Enrique Pérez Farrás, se puso al servicio de los golpistas y la reacción del Gobierno no se hizo esperar. El general Batet, tras negarse a secundar el golpe de Estado, logró controlar la rebelión proclamando el estado de guerra y actuando de manera moderada para evitar una escalada de violencia. Finalmente Companys y sus consejeros fueron encarcelados y el Estatuto de Autonomía de 1932 fue suspendido.
Aquí pueden identificarse nuevas analogías con la situación actual en Cataluña, cuando en 2013 el entonces presidente de la Generalidad Artur Mas, convocó de manera ilegal y unilateral un referéndum de consulta sobre la independencia de Cataluña para el 9 de noviembre de 2014. Tras su impugnación por parte del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, los cargos responsables de la consulta fueron procesados y acabaron siendo condenados por prevaricación y desobediencia. Se convocaron nuevas elecciones autonómicas el 27 de septiembre de 2015, en las que ganó una coalición compuesta principalmente por Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana, dando su apoyo al proyecto soberanista la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
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El nuevo presidente Carles Puigdemont apretó de nuevo el acelerador rupturista convocando un nuevo referéndum ilegal de independencia para el 1 de octubre de 2017. De nuevo fue suspendido por el Tribunal Constitucional. En este día se intentó llevar a cabo una votación en contra del dictamen del máximo tribunal con la aquiescencia de los Mozos de Escuadra, cuyo máximo responsable, el Mayor José Luis Trapero, se puso al servicio de la causa independentista, tal y como lo hiciera Pérez Farrás en 1932. Tras un simulacro de referéndum que, además de ilegal, no reunió las mínimas garantías, el Govern interpretó unos resultados supuestamente favorables como el aval que necesitaba para proclamar la independencia.
El poder judicial dictará sentencia
La escalada al margen de la legalidad tocó techo el 27 de octubre, cuando el Parlamento de Cataluña, haciendo caso omiso a la Constitución, norma básica de convivencia de todos los españoles, hizo una declaración unilateral de independencia. De forma similar a lo que sucedió en octubre de 1934, el Gobierno de España, en este caso a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución de 1978, suspendió la autonomía catalana iniciando los trámites para el procesamiento de los dirigentes políticos responsables del intento de golpe de Estado.
En la recta final de la Segunda República, la victoria del Frente Popular en las elecciones de Febrero de 1936 trajo consigo la excarcelación de los consejeros catalanes y la publicación de un decreto en virtud del cual se restauraban las funciones de la Generalidad. En este sentido, la última analogía entre ambos momentos de la historia de España, la relativa a la normalización de la vida política en Cataluña, se producirá en estos primeros compases del nuevo año, tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017 convocadas por el Gobierno de España como consecuencia de la aplicación del artículo 155. la Segunda República
El restablecimiento de la estabilidad constitucional a partir de los resultados obtenidos en los comicios, deberá permitir la formación de un nuevo Gobierno y con éste la restauración de la autonomía catalana. En relación al futuro próximo de los responsables políticos que han llevado a Cataluña a esta situación límite, no habrá un indulto como consecuencia de la llegada al poder de un Frente Popular como en el año 1936, por lo que será el poder judicial quien deberá dictar sentencia tras el correspondiente proceso de investigación.
Imagen de portada: Niceto Alcalá Zamora, jefe del Gobierno Provisional de la República recibe el Estatuto de Autonomía de manos del portavoz de la minoría catalana Amadeu Hurtado. A la izquierda, Marcelino Domingo, ministro de Agricultura, Industria y Comercio. A la derecha, Lluis Companys |Agencia EFE
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