Juan Luis Jarillo Gómez | 23 de enero de 2018
Con motivo de la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada que condena a Juana Rivas a cinco años de prisión y a la privación de la patria potestad durante seis años por la sustracción de sus dos hijos menores, EL DEBATE DE HOY recupera este análisis.
Quien suscribe este artículo ya escribió hace meses que el caso de Juana Rivas y Francesco Arcuri iba a tener consecuencias jurídicas, todo ello por la forma en que se habían llevado las cosas desde el punto de vista del proceso ante la justicia.
El tiempo nos ha dado la razón; así quedó claro en su momento por la resolución de la Audiencia Provincial de Granada, señalando que, si esta señora no cumple la resolución judicial que se dicta por el juzgado competente, se abrirá un procedimiento penal contra ella.
Un procedimiento donde se abren unas diligencias por un primer delito de desobediencia de orden judicial, por el que pide don Francesco contra doña Juana Rivas nueve meses de prisión, así como también de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante ese periodo; y, por un segundo delito de sustracción de menores, cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los dos hijos que tuvieron.
También se reclaman daños morales y materiales por importe de 30.000 euros.
El fiscal de caso está dispuesto a seguir adelante con los delitos, solicitando hasta cinco años de cárcel para doña Juana Rivas. Considero que en la resolución final del caso habrá que tener en cuenta que estamos ante una situación de víctima de violencia de género y que don Francesco fue condenado por ello, con independencia de que lo fuese por medio de un acuerdo por parte del condenado.
También como atenuante hay que tener en cuenta que dicha señora presentó escritos y recursos para que sus hijos pudieran ser escuchados en el proceso y que en ningún momento fueron llamados a declarar.
Lo más preocupante es la intención de las partes de polarizar el caso e intentar que partidos políticos y asociaciones se manifiesten para que influyan en la judicatura a la hora de tomar una decisión concreta.
El problema de este caso es que ha degenerado la situación en una guerra fratricida entre las partes, donde la excusa es el interés más necesitado de protección, que son los menores, pero la realidad es que ellos son la falsa razón para un enfrentamiento sin límites entre los padres. Estos hechos los están llevando incluso al ámbito de la opinión pública, para conseguir polarizar una situación que debe servir de reflexión tanto a los interesados como a la sociedad y al ámbito de la justicia. Si no somos capaces de distinguir los hechos con objetividad y si no dejamos trabajar a las partes implicadas, difícilmente obtendremos una resolución ajustada a derecho y dentro del marco de soluciones que son necesarias en la sociedad para que podamos proteger lo más importante en todos estos casos, que son los menores.
Esto no ha hecho nada más que empezar, veremos al final quiénes van a ser los perjudicados en todo esto y cómo se manipula la noticia en uno u otro sentido para conseguir otros objetivos que nada tienen que ver con el asunto.
