El actual cómputo de las pensiones no es el más apto para evitar el suicidio de la sociedad
Juan Pablo Maldonado | 23 de febrero de 2018
El sistema está siendo profundamente injusto con aquellas personas que han dejado de trabajar durante años, o que lo han seguido haciendo pero con menor intensidad, para criar a los hijos o cuidar de otros familiares.
De vez en cuando, para que no se nos olvide, nos dejan caer eso de que para calcular la pensión se tendrá en cuenta toda la vida laboral. Saltan todas alarmas y luego se hace el silencio. Transcurrido algún tiempo, vuelve a surgir esa misma noticia o parecida. El mensaje es claro y en principio lógico: para que sigamos disfrutando de pensiones y para que el sistema de Seguridad Social sea sostenible habrá que estirar la vida laboral y primar a los que más años hayan trabajado. Por otro lado, para ser fieles al carácter contributivo del sistema, lo suyo sería que para el cálculo de la pensión de jubilación se tuviera en cuenta lo cotizado durante toda la vida laboral de una persona. Ahora, para el cálculo de la pensión de jubilación se toma en consideración lo cotizado por el trabajador durante los últimos 21 años de actividad laboral. Hasta hace unos años, solo se tenían en cuenta los últimos 15. La crisis financiera del sistema obligó a aumentar el periodo de referencia, progresivamente, hasta 2022, en que se computarán los últimos 25.
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Una de las prioridades del Pacto de Toledo, con el que las principales fuerzas políticas y sindicatos y asociaciones empresariales más representativas quieren garantizar el sistema, es fortalecer el carácter contributivo del sistema de Seguridad Social, es decir, que la cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social se haga depender de lo aportado por cada trabajador al sistema. Se reproduce, pues, el sistema de seguro. Desde esta perspectiva, la propuesta de cálculo de la pensión en función de toda la vida laboral parece necesaria y hasta justa.
Esa sería, sin embargo, una conclusión precipitada. La cosa no es tan simple. Hay otras variables. De entre ellas, hay que tener muy presente al menos una: es muy difícil alterar el cálculo de las pensiones sin perjudicar o favorecer a un sector de la sociedad en beneficio o detrimento de otro. La Seguridad Social es reflejo de la sociedad misma.
La carrera acelerada por la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social nos ha llevado –en España y en el resto de Europa- a incrementar el número de años mínimo para gozar de pensión, a aumentar los años a tener en cuenta para su cálculo y a retrasar la edad de jubilación. La urgencia con la que este tipo de medidas se suele tomar ha hecho que los criterios cuantitativos y actuariales presidan los primeros pasos de reforma del sistema. Tal vez nos hemos olvidado de aspectos cualitativos de profundo calado.
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No ha sido hasta que esas medidas se han tomado cuando se ha empezado a caer en la cuenta de que las mismas entran en colisión con la política social de igualdad y de conciliación del trabajo y la vida familiar. Al exigirse más años de cotización y ampliarse el número de años de referencia para el cálculo de las pensiones, el sistema está siendo profundamente injusto con aquellos empleados que han dejado de trabajar durante años para criar a los hijos o para cuidar de otros familiares o que han seguido haciéndolo pero con menor intensidad por dichos motivos. Este tipo de trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres pero también familias numerosas e incluso varones corresponsables o que en un momento dado han querido allanar a su pareja el camino profesional, quedan en mucha peor posición que la que tenían con las anteriores reglas. Se podrá decir que este tipo de trabajadores fueron muy libres para tomar esas decisiones. Pero se estará olvidando entonces la enorme contribución social que ese tipo de personas hacen. Es cierto que no habrán contribuido financieramente al sistema de Seguridad Social como otros, pero nadie puede tener la menor duda de la importante contribución que este tipo de personas hace al conjunto de la sociedad. Sería muy injusto que esa aportación, muchas veces acompañada de sacrificio personal y económico, no fuera reconocida y compensada al llegar la jubilación. Hay que buscar mecanismos que lo hagan. De hecho, las nuevas reglas ya contemplan -muy tímidamente- ese extremo.
En fin, el argumento del carácter contributivo del sistema no es del todo válido. Además de contributivo, el de nuestra Seguridad Social es un sistema de reparto, de tal manera que los que están en activo ahora son los que financian las pensiones de los que están jubilados. Se espera que, cuando aquellos se jubilen, sean las futuras generaciones las que financien las suyas. Desde esta perspectiva, muy seguramente quienes –sin ánimo de comparaciones- más aportan a la Seguridad Social y a su sostenibilidad son quienes tienen hijos, los crían y los educan. Si eso no se tiene en cuenta, el sentido de solidaridad que la idea misma de Seguridad Social implica estará pronto muerto y solo será cuestión de tiempo que las nuevas generaciones se nieguen a pagarla. La Seguridad Social es seguro, pero también y sobre todo, política social.