Javier Rupérez | 08 de marzo de 2018
El sangriento recuento de las víctimas asesinadas por armas de fuego en lugares públicos en los Estados Unidos ha llegado a convertirse en una macabra y regular contabilidad que remueve periódicamente conciencias e invita a la angustiada reflexión sobre las causas y orígenes de la repetida hecatombe. La facilidad con que los ciudadanos americanos de cualquier sexo o condición pueden adquirir armas pequeñas o grandes es, como bien se sabe, sistemáticamente alentada por la poderosa National Rifle Association, mantenida contra viento y marea por una gran mayoría del cuerpo social y político, justificada por la segunda enmienda de la Constitución y también periódicamente puesta en duda por sectores minoritarios que interiorizan el dolor de las víctimas y buscan atajos para impedir o al menos controlar el acceso a los mortíferos instrumentos. Son estos últimos los que han aprovechado la ultima sacudida asesina, la que acabó con la vida de veintisiete personas en un centro escolar de Florida, para impulsar de nuevo medidas restrictivas en la compra de armas, en un marco psicológico en el que pareciera que por primera vez en mucho tiempo alguna medida, por parcial que resultara, podría adoptarse para impedir que cualquiera, en cualquier momento o en cualquier lugar del país, se pudiera hacer con un fusil bélico de asalto. O con un bazooka.
Every firearms owner has a story on why they purchased their first firearm. For some it was for self-defense, some for hunting, or for others, it was for the simple joy of going to the range and hearing plinking on steel. What about you? pic.twitter.com/oKyLNH7v1E
— NRA (@NRA) March 2, 2018
Según las estadísticas disponibles, Estados Unidos es el país que cuenta con más armas de fuego por cien habitantes: 112,6. Serbia es el segundo, con 75,6, en una clasificación que sitúa a Suiza en el cuarto puesto y a Suecia en el noveno. Sin embargo, la posesión de armas de fuego no se corresponde necesariamente con las muertes debidas a las mismas. Así, es El Salvador el país más mortífero del mundo, con 108,64 muertos de bala por 100.000 habitantes, seguido de Honduras (63,75) y Venezuela (57,15). El porcentaje en los Estados Unidos es de 4,88, que lo sitúa en el puesto noventa y cuatro de la clasificación, y en Serbia, el ciento setenta y cinco. En el caso de Suiza, la cifra es del 0,69, en el de Suecia el 1,15 y en el de España el 0,2. Son cifras que incluyen únicamente muertes infligidas por tercera persona. Si se contaran los suicidios, deberían elevarse a un poco más del doble.
Pero si en la estadística se tuvieran únicamente en cuenta los países “desarrollados”, serían en efecto los Estados Unidos los que tendrían el dudoso honor de ocupar la cabeza de la violenta mortalidad. En efecto, está facilitada por la permisividad existente para la adquisición de armas pero, a la vista de la complicada relación entre posesión de armas y eventuales crímenes, debe ser situada en otros factores que tienen que ver con la cultura cívica -o la falta de la misma- y con una torcida interpretación de los textos fundacionales. Todo ello configura, en efecto, un complejo sistema de acciones y reacciones que socavan la cohesión comunitaria y ciertamente arrojan sobre el país la nube de incertidumbre y mala fama que en este terreno corresponde al país más poderoso y visible de la Tierra.
"We will not be a statistic!"
— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) March 5, 2018
Powerful words from students at the State Capitol today, advocating for the importance of continued action to end #gunviolence and the steps they would like to see the state take to improve school safety. pic.twitter.com/loUmDntXig
La segunda enmienda a la Constitución americana de 1789 fue adoptada en el marco del llamado Bill of Rights, en 1791, y reza literalmente, en una traducción libre al español: ”Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la gente (people en el original) a poseer y llevar armas no será limitado” (infringed en el original). De ese breve texto la jurisprudencia he deducido que, en efecto, no puede haber limitaciones a la posesión de armas por parte de los ciudadanos americanos, cuando lo que realmente parece decir el texto, redactado en un momento en que los Estados Unidos no tenía ejército regular y necesitaba recurrir a la milicia ciudadana para defenderse de los asaltos británicos, es que la respuesta estaba en permitir que el pueblo se armara. De eso a otorgar carta blanca a la National Rifle Association corre el trecho que permite que una media de 15.000 ciudadanos americanos (más de 30.000, si se incluyen los suicidios) pierda anualmente la vida como consecuencia de ataques con armas de fuego. Son cada vez más los americanos dispuestos a leer la segunda enmienda de manera distinta. Y muchos querrían creer que la más reciente de las matanzas será la última. Falta por comprobar que una mayoría del Congreso, el Tribunal Supremo y la Casa Blanca quiera oír sus doloridos ruegos.