Carlos Cuesta | 18 de junio de 2018
Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno gracias a una moción de censura con precio. Él asegura que no. Pero lo cierto es que poco más de una semana ha servido ya para que el Gobierno levante el control financiero sobre los movimientos económicos de la Generalitat, prometa la recuperación del Estatuto de Autonomía que tumbó el Tribunal Constitucional, anticipe la reforma de la Constitución para dar cabida a las “singularidades catalanas” y empiece a hablar de cómo conseguir que los presos cautelares del 1-O tengan “mejores condiciones”.
Pero todo ello forma parte de las cesiones visibles. De las que han sido comentadas públicamente e incluso anunciadas y reconocidas en el Consejo de Ministros. Es decir, que forman parte de un paquete de cesiones que podríamos pensar que -por haber un interés en el hecho de anunciarlas de forma rápida y llamativa- podrían estar diseñadas, precisamente, para ser aireadas convenientemente con el fin de dar la sensación de que se hace más de lo que realmente se hace en favor del nacionalismo o separatismo.
Pero esa tesis ha empezado a derretirse. Y lo ha hecho porque las cesiones de fuerte calado e invisibles han empezado a llegar. Y, en concreto, una que puede suponer el as en la manga de los separatistas para lograr que todo lo que se combata judicialmente contra el golpismo quede diluido.
Por eso, resulta especialmente llamativo que el diputado del PDeCAT Jordi Xuclà se haya convertido en el único representante del Congreso y Senado en la reunión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada el viernes 15 de junio en París.
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El encuentro tenía como orden del día el estudio para la elección de jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ya que este órgano es el encargado de examinar a los aspirantes al puesto.
Y Xuclá fue el único miembro de la delegación española que se desplazó a la capital francesa -en un viaje pagado por el Congreso-, pese a que la integran un total de 25 miembros, entre diputados y senadores.
Traducido: que nadie de entre todo ese grupo ha mostrado interés o ha recibido la orden de acudir.
Dudo que nadie haya olvidado a estas alturas el efecto que tuvo la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot. Ni lo que supuso que su resolución fuese trasladada a todo un colectivo de 78 presos: de ellos, 54 miembros de ETA, y otros 16, reclusos condenados por distintos delitos, como pederastas y violadores.
Y en aquella decisión -adoptada en 2014- una persona llamó la atención por su presencia en el organismo y falta de actuación -o no-. Su nombre era Luis López Guerra, juez español en Estrasburgo, que defendió la supresión de la doctrina Parot, una de las exigencias de ETA en sus conversaciones con José Manuel Gómez Benítez en la época en la que el mismo López Guerra era secretario de Estado de Justicia con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
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Luis López Guerra era el juez español en Estrasburgo y una persona de clara vinculación al PSOE: fue diputado socialista de la Asamblea de Madrid. En 2004, Rodríguez Zapatero lo nombró secretario de Estado de Justicia, cargo que ostentó hasta que, en octubre de 2007, fue promovido a magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto al que llegó el 1 de febrero de 2008.
Y durante sus años como secretario de Estado de Justicia fue cuando José Manuel Gómez Benítez negociaba con ETA en Oslo, entre otras cosas, la exigencia de los terroristas de suprimir la doctrina Parot.
Y ahora vuelve la historia de Estrasburgo. Justo cuando los abogados de los separatistas hablan ya de que se convertirá en su último intento si el Tribunal Supremo insiste, como parece con gran probabilidad, en condenar sin paliativos a los golpistas del 1-O.
La presencia exclusiva ahora de Xuclá en esa reunión decisiva del organismo, además, se suma a una segunda circunstancia. Y es que, el pasado mayo, la Comisión de Reglamento de esta Asamblea inhabilitó al diputado por infracción “grave” por no respetar el código ético de observadores internacionales del organismo -y, en concreto, el principio de confidencialidad- en las elecciones de 2015 en Azerbaiyán.
Treballant avui al Comitè d'elecció de Jutges de la Cort Europea de Drets Humans del Consell d'Europa.
— Jordi Xuclà (@jordixucla) June 15, 2018
Hi he dedicat deu anys de la meva vida i el treball continua.
Tots aquells que fa un mes van mentir dient que estava inhabilitat, aquí em teniu ferm i determinat. #fakenews pic.twitter.com/TVMTgGkN1F
Es decir, que Xuclá se encuentra inhabilitado durante dos años para “ejercer mandatos de ponente o de observador de unas elecciones”, de ser presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión o de postularse a la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, sí conserva derechos como el de voto, a tomar la palabra o a presentar iniciativas, mociones y enmiendas. Pese a lo que, por lo visto, nadie ha tenido problema en verlo como el más indicado para estar presente en el tribunal.
¿Se prepara ya la presencia de Xuclá en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para facilitar que su decisión permita una última oportunidad a los independentistas?
Tendremos tiempo para saberlo. Pero, en poco más de una semana, las cesiones empiezan a ser llamativas.
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