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Recibir una educación completa y de calidad es esencial para el futuro de los niños. Los padres deben involucrarse en la labor de sus hijos y, por ese motivo, varios países ya han establecido sistemas para incentivar una actitud positiva de las familias.

En otros artículos he defendido la idea de que la mejora de la educación en España depende en su mayor medida de cambios que deben producirse en el seno de nuestras familias y en las actitudes y valores que los padres inculquen a sus hijos y, con menor importancia, de las mejoras que puedan introducirse en el profesorado, su formación y motivación, y el funcionamiento de nuestros centros educativos.

La cuestión que surge es cómo promover una actitud responsable de los padres desde la Administración pública en materia de educación. La futura ley del alcohol puede sentar un precedente, ya que se plantea la posibilidad de multar a los padres por el comportamiento insalubre de sus hijos.

La ley antibotellón y los castigos a los padres . Un debate jurídico con trasfondo educativo

Dado que distintos países vienen aplicando instrumentos para premiar o penalizar la actitud de los padres con respecto a la escolarización y los resultados educativos de sus hijos con notable éxito, sería oportuno identificar las mejores prácticas en esta materia y abrir un debate para plantear esta cuestión en España o en sus comunidades autónomas, al estar las competencias en política educativa transferidas a las regiones.

Así, por ejemplo, en Brasil, el programa Bolsa Familia, creado por el Gobierno federal en 2003, ha permitido, según los estudios realizados, sacar de la pobreza o aliviarla a más de 15 millones de personas, al tiempo que ha potenciado la acumulación de capital humano entre las capas más vulnerables de la población.

Bolsa Familia, que cuenta con el apoyo técnico del Banco Mundial y absorbe un nivel de recursos limitados (en torno al 0,5% del PIB de Brasil), establece una ayuda monetaria mensual variable en función de las características del hogar, condicionada a que los niños acudan a la escuela y cumplan con los calendarios de vacunación. Gracias al programa, la mortalidad infantil asociada a la desnutrición y diarrea ha caído en un 50%, y la tasa de éxito en la enseñanza media se ha incrementado del 76% al 80%.

A través de una inversión en educación de USD 3200 millones, el Banco Mundial está ayudando a niñas de 12 a 17 años en África al sur del Sahara y Asia meridional a acceder a una #educación de calidad. Lea más aquí: https://t.co/CsrNo1XmEt pic.twitter.com/11P7BJ1VLW

— Banco Mundial (@BancoMundial) May 22, 2018

Cabe plantearse si no sería adecuado implantar en España un sistema similar de transferencias a las familias pobres o en riesgo de exclusión social, condicionadas al cumplimiento de ciertos logros educativos. Debido al hecho de que existe una población extranjera con baja cualificación y procedente de países de bajo nivel cultural y educativo, esta medida podría mejorar el rendimiento escolar de la población infantil con menor estatus socioeconómico.

Otro instrumento que, a modo de ejemplo, también debería considerarse es el que se aplica en distintas regiones alemanas, que impone cuantiosas multas (entre 1.000 y 5.000 euros) a los padres cuando fomentan faltas de asistencia a clase de sus hijos sin justificación, por ejemplo, cuando adelantan las vacaciones familiares para conseguir billetes de tren o avión más baratos.

Aunque en este caso la medida, aparentemente, sería imposible de imponer tal y como se aplica en Alemania, sí parece viable diseñar algún tipo de penalización en los casos en los que exista una continuada falta de asistencia a las aulas, si va unida a pobres resultados escolares.

Medidas de este tipo permitirían concienciar a los padres de la importancia vital que tienen los estudios de sus hijos, y podrían ser emblemáticas para señalizar que la mejora de la educación en España pasa a ser un objetivo central y prioritario de la agenda política.