Manuel Martínez Sospedra | 23 de junio de 2018
La propuesta de Albert Rivera de modificar la ley electoral al efecto de establecer una barrera nacional, concretamente el 3% del total nacional de votos, ha vuelto a poner sobre el tapete el tópico de la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas en el Congreso, de la que se sigue una influencia desmesurada de los mismos en la política nacional. Vaya por delante que la mayor parte del tópico es falsa: los formaciones nacionalistas vienen recibiendo una representación en el Congreso que, en general, se halla muy próxima a su cuota electoral.
La mayoría de ciudadanos quieren elegir un gobierno fuerte, limpio y sin hipotecas nacionalistas y populistas. Tienen derecho a votar para decidir el futuro de su país, en lugar de que se haga en los despachos con partidos que quieren liquidar España. pic.twitter.com/ra0xJc0jsZ
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) June 16, 2018
Para ser exactos, su cuota de representación tiende a ser ligeramente más baja que su cuota electoral, y ello viene siendo así al menos desde los años ochenta. En realidad, ese es un efecto típico de los sistemas electorales mayoritarios, porque el que empleamos para el Congreso lo es, aunque se disfrace de proporcional: los partidos que tienen pocos votos, pero los tienen concentrados en un número reducido de distritos, tienden a obtener una representación semejante a su cuota electoral. En el caso paradigmático del Reino Unido, eso concurre en el caso del SNP (Scottish National Party), en el de los nacionalistas galeses y en el de los partidos del Ulster (de los que, a la fecha, depende el Gobierno de Theresa May, por cierto).
La influencia desproporcionada que las minorías nacionalistas vienen teniendo en el Congreso no se debe a una prima electoral que no existe, se debe a la posición que ocupan, y esta, a su vez, es una variable dependiente de la estructura y comportamiento de los partidos de ámbito nacional. Hasta las elecciones de 2015, si uno de los dos grandes partidos que se alternaban en el poder ganaba la elección, pero no alcanzaba la mayoría absoluta, podía obtener el apoyo complementario de los partidos nacionalistas más importantes (PNV,CiU,ERC), al efecto de alcanzar la mayoría en la Cámara. Tal efecto era debido a dos rasgos: en primer lugar, la combinación sistema de partidos/sistema electoral penalizaba muy fuertemente a los partidos nacionales de apoyo difuso, por lo que, normalmente, no era factible buscar el apoyo de estos para construir una mayoría parlamentaria, cosa que a la fecha sigue sucediendo; en segundo lugar, los partidos nacionalistas más importantes eran de significación moderada y, por ello, tenían a su alcance la posibilidad de pactos con cualquiera de los dos grandes.
La irrupción de los partidos de la “nueva política” y el cambio del formato del sistema de partidos, unidos a la radicalización del nacionalismo catalán, podían haber puesto fin a tales efectos. Si no lo han hecho se debe a que los “nuevos partidos” han cometido el error de bloquearse mutuamente a través de los respectivos vetos, con el resultado de que la construcción de una mayoría parlamentaria sigue exigiendo el concurso nacionalista: Ana Pastor es presidenta del Congreso por los votos del PDeCat y Pedro Sánchez es presidente del Gobierno con los votos de la tríada nacionalista. Porque la aritmética parlamentaria es la que es: hay al menos dos combinaciones de partidos nacionales con sobrada mayoría parlamentaria (PP/PSOE, de un lado; PSOE,Cs y Podemos, del otro); si se acaba dependiendo de Sabin Etxea, se debe a que los partidos nacionales no hacen los deberes bien.
La generosidad del Estado con el PNV . La ciudadanía sí tiene sus propias líneas rojas
Dicho lo dicho, la reciente propuesta de nacionalizar la barrera electoral que ha venido a proponer Albert Rivera, tal y como se ha propuesto, esto es, como medida aislada, me parece un idea manifiestamente mejorable. Y ello al menos por cuatro razones distintas. Primera: en un sistema electoral en el que la circunscripción es la provincia, una barrera nacional es incongruente y puede dar lugar a fenómenos difíciles de justificar (por ejemplo: el PNV gana la elección en Vizcaya, pero se queda sin escaños porque en el conjunto de España saca el 1,2 %; si el elector es nacionalista, ¿cuál es la consecuencia que extrae?). Segunda: la restricción es fácilmente eludible. Una coalición electoral pro forma PNV/PDeCat/ERC superaría, sin duda, la barrera y obtendría representación. Tercera: ¿cómo se puede justificar que nacionalicemos una parte del sistema (la barrera de acceso), pero no lo hagamos en la parte sustancial (¿el tamaño y el mapa electoral?). Cuarta y última: ¿qué justificación constitucional puede tener una regulación legal en virtud de la cual se priva de efectividad al derecho fundamental de participación política en su modalidad de sufragio activo, simplemente porque el elector, malvado él, vota a formaciones minoritarias?
Una barrera nacional puede tener sentido si la elección se nacionaliza, bien sea en su totalidad (como en los casos israelí o germano), bien sea en parte (como en los casos danés y sueco). Fuera de esos casos, tiene más inconvenientes que ventajas. Se puede estar de acuerdo en que en el sistema vigente los partidos nacionalistas reciben una capacidad de influencia excesiva, pero hay que ser consciente de que ese efecto dimana no tanto de la inflación de la representación nacionalista cuanto del comportamiento de los partidos de ámbito nacional y de los efectos que sobre ellos produce un sistema electoral que dista de ser modélico. Si el señor Rivera quiere reformar la ley electoral para mejorarla y evitar los defectos de que ahora adolece, haría mejor en sentarse a hablar con PSOE, Podemos y PP. Y hacerlo cuanto antes, que buena falta hace.
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