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El caso de la sombra que se cierne sobre el PSOE de Valencia (PSPV) por los gastos electorales es sintomático. Nadie escapa a la regla de oro: si hay financiación irregular, se crean oportunidades para los pillos y, si aparecen los pillos, habrá corrupción.

Dicen los castizos “en todas partes cuecen habas”, y no les falta razón. Lo que en otras ocasiones he llamado el precio de la hipocresía aflora ahora en el caso de corrupción en el PSOE de Valencia y, no por casualidad, en relación con los gastos electorales. Vaya por delante que nuestras campañas electorales son muy baratas en términos comparativos, pero también lo es que la regulación de su organización y financiación resultan manifiestamente mejorables. Me explicaré.

Una campaña electoral exige de los partidos que a las elecciones se presentan un considerable esfuerzo movilizador, organizativo y financiero. Si el partido o partidos concurrentes cuentan con un perfil propio claro y definido (los “incentivos de identidad” de los politólogos), es probable que cuenten con una militancia efectiva considerable y que, en razón de ello, estén en condiciones de pedir y obtener de los afiliados los recursos y el trabajo político honorario indispensables para poder hacer frente a las exigencias de la campaña electoral mediante recursos propios. Cuando esos requisitos no se dan, cuando la afiliación es escasa y poco motivada, resulta imposible satisfacer las exigencias de dinero y trabajo que las elecciones demandan y que los recursos propios de la organización no pueden proporcionar. Lo que los recursos propios no proporcionan es preciso buscarlo en la externalización a favor de operadores a los que hay que retribuir y el coste financiero de la campaña se dispara. La respuesta legislativa ordinaria pasa por alguna combinación de financiación pública y limitación de gastos electorales.

La corrupción en el PSOE de Valencia en tres fases

Si el legislador es muy estricto, y el nuestro lo es, resulta fácil producir un efecto pernicioso: los partidos no pueden financiar campañas con lo suyo, no pueden alcanzar suficiencia con la combinación legal de limitación de gasto y subvención pública y no pueden resignarse a competir en condiciones de desigualdad en el mercado electoral. La respuesta ordinaria a ese reto pasa por la obtención de medios y recursos al margen de la legalidad. Ahora bien, si una parte de la financiación necesaria es “negra”, se debe esperar que la ausencia de luces facilite la proliferación de los pillos. Y, así, de la irregularidad se desliza uno insensiblemente hacia la corrupción. Eso es lo que en el caso del socialismo valenciano se está investigando y lo que, según parece, se halla en el trasfondo de la caída del presidente de la Diputación Provincial de Valencia. La observación muestra que el proceso contempla tres fases: en la primera, la financiación irregular se destina a los gastos de campaña y organización; en la segunda, los inevitables mediadores y alguno o algunos de los responsables del partido obtienen su comisión; en la tercera, el peso se desplaza de la financiación del partido al lucro de mediadores y dirigentes: queda instalada la corrupción.

El poder a cualquier precio . Analogías entre el PSOE actual y el de la Segunda República

No hay que llamarse a engaño: si es necesaria la financiación irregular para costear campañas electorales, tendremos esa clase de financiación. Y, si la tenemos, como esa clase de financiación tiene que ser opaca por necesidad, estaremos generando el medio en el que pueden proliferar las prácticas corruptas. Lo que antes le pasó al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, PPCV, le está empezando a pasar al Partido Socialista del País Valenciano, PSPV, ni más, ni menos. Y por lo que parece, de la sombra de corrupción no se escapa el segundo pilar del Pacte del Botánic, esto es, Compromís. Conviene recordar: solo donde hay publicidad resplandece la verdad.

El caso de la eventual corrupción en el PSOE de Valencia es sintomático, toda vez que el Partido Socialista ya tuvo en su día un escándalo mayúsculo debido a la causa que comentamos (FILESA), y era razonable pensar que el impacto demoledor que ello tuvo habría generado los suficientes anticuerpos. Por lo que se conoce, parece que no ha sido del todo así: ha habido anticuerpos, pero estos no han sido suficientes para evitar la caída en la tentación. Con las consecuencias que son de rigor. No cabe engañarse; si hay financiación irregular, estaremos generando oportunidades a los pillos y, si aparecen los pillos, inevitablemente habrá algo más que irregularidades administrativas y financieras: habrá corrupción. Nadie escapa a esta suerte de regla de oro. En el caso, parece ser que de la presunta sombra de la corrupción no escapan ni el PSPV, ni su socio Compromís.

Imagen de portada: Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, detenido por presunta corrupción | Flickr/PSPV