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Hay dos cuestiones que despiertan filias y fobias en la opinión pública: el sueldo de los funcionarios y considerar las bajas médicas como absentismo. Hay grandes diferencias entre los sectores privado y público, por lo que debe evitarse la demagogia.  

En una entrevista con Philippe Martinez, líder de la combativa Confederación General del Trabajo francesa (CGT), el secretario general señalaba que el problema que tiene Emmanuel Macron es que no sabe lo que significa el trabajo, y mucho menos el desempeñado en el sector público. Decía Martinez que las reformas que ha emprendido el presidente francés y, en especial, la reforma ferroviaria adolecen de una arrogancia y un desconocimiento muy elevado de lo que supone el servicio público. Como ejemplo, Martinez hacía referencia al cartero que presta servicios en los pueblos de Francia, que acude a las viviendas alejadas para entregar la correspondencia a las ancianas y tomar un café con ellas. Se trata del auténtico servicio público: el criterio de eficiencia o el de digitalización no consideran el acto de proximidad del cartero para con la venerable anciana. Por lo tanto, a la luz del pensamiento sindical de CGT, modernizar la Administración francesa se antoja una tarea titánica, casi inalcanzable en Francia. Sirva la referida reflexión de Martinez para poner de relieve la dificultad en convenir una base común a la hora de hablar de servicio público y de modernización de la Administración. En este sentido, en la palestra pública española resulta más sencillo tratar con menosprecio el sueldo de los funcionarios o considerar una forma de absentismo las bajas médicas de los empleados públicos. Estas dos cuestiones generan siempre un debate que va más allá de lo económico. Se trata de una cuestión recurrente que despierta filias y fobias en la opinión pública.

Se vuelve a hablar de la productividad en el empleo público por objetivos, idea evidentemente noble que, además, puede desenvolverse bien con el tiempo de trabajo y la conciliación familiar. No se trata de trabajar más horas sino de hacerlo mejor y, en este caso, de dar el óptimo servicio público posible. Impecable argumento. Sin embargo, la dificultad de la medida siempre reside en la concreción de la medición de objetivos, ahí es donde radica la clave de bóveda. Y nos encontramos entonces con la noción de servicio público de Philippe Martinez, ¿el número de cartas repartidas es un objetivo o también el tiempo de conversación y café con la anciana? La conclusión conduce a que en materia de productividad no deben ni pueden establecerse las mismas pautas de objetivos que en el sector privado.

El nuevo experto del Gobierno, Jordi Sevilla, propone que los funcionarios "cobren por objetivos" https://t.co/FlIZlXBdSQ vía @elmundoes

— FEDECA (@FEDECA1) July 5, 2018

Ello no obsta para que en muchos de los servicios llevados a cabo por empleados públicos puedan introducirse elementos variables en función de resultados. Este esquema ya se reproduce, muchas veces, en el sueldo de los funcionarios, como es el caso de los servicios de inspección, pero también en otros servicios de la Administración central y autonómica. La actualización y mejora de este componente es indispensable, tal y como se está propugnando, pero hay que tener muy claro que no cabe una trasposición en bloque del sistema de objetivos de la empresa privada a la Administración pública, ya que, además de que los salarios por supuesto son muy distintos, sobre todo lo que cambia es la prestación y el concepto de servicio público. Pese a la exageración de monsieur Martinez, en el fondo debe contemplarse una especificidad propia en lo público.

La retribución completa de la prestación por incapacidad

La otra noticia que eriza siempre el vello al respetable consiste en la ya esperada modificación de la retribución completa a los empleados públicos de la prestación por incapacidad temporal desde el primer día, es decir, la supresión del descuento existente del 50% de los tres primeros días de baja y del 25% hasta el vigésimo día. Esta medida, que ya se había pactado por el anterior Gobierno con los sindicatos, parece lógica en la situación de redistribución de la riqueza del periodo macroeconómico en el que nos encontramos y va en la misma línea de la recuperación de los famosos moscosos. En todo caso, debemos traer a colación que el sueldo de los funcionarios, y por extensión, de los empleados públicos ha sufrido un recorte de gran magnitud durante la fuerte crisis económica y, pese a que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se hayan aprobado con una subida salarial prevista de un 1,5% para los empleados públicos, esta dista mucho de las subidas que ya se barajan en el sector privado, en función del 2% con posible subida del 3% que se ha pactado recientemente en las recomendaciones del Acuerdo de Negociación Colectiva.

Productividad en el empleo público: punto final a la leyenda de los funcionarios acomodados

Visto el panorama actual, con una economía creciendo al 3%, el ciudadano de a pie no va a sentir ninguna indignación al ver cómo se adoptan medidas de mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos directa o indirectamente, pero conviene recordar que sigue habiendo grandes diferencias entre los sectores privado y público, por lo que debería proscribirse la tentación de jugar a la demagogia con el sueldo de los funcionarios, de las bajas médicas o los moscosos. En la medida de lo posible, se trataría de evitar la demonización de la estabilidad del empleo público, sobre todo cuando llegan las vacas flacas. No queremos carteros que se pasen su jornada tomando café con ancianas, pero sí que se atiendan debidamente los servicios que pagamos todos. Para ello, es necesario conseguir una Administración moderna, pero eso no es incompatible con que esté bien dotada y remunerada.

Imagen de portada: Cartero realizando un entrega en Galicia |@Correos