Charo Zarzalejos | 01 de agosto de 2018
“No habrá elecciones y sí Presupuestos Generales del Estado”. Así lo dijo con enorme contundencia la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como si todo estuviera atado y bien atado. Apenas unas horas después, los mismos que ayudaron a echar a Mariano Rajoy brindaron la primera gran derrota del Gobierno rechazando la propuesta del Ejecutivo sobre el techo de gasto, paso previo e imprescindible para la elaboración de las cuentas públicas de 2019.
La máxima del Ejecutivo socialista era y sigue siendo devolver «derechos arrebatados por el PP». Derechos que para que sean efectivos necesitan de dotación económica. Los cálculos arrojan una cifra de 6.000 millones de euros, lo que alejaría a España de la senda de déficit marcada por el Gobierno de Rajoy. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura tener el permiso de Bruselas para ello. En la propuesta de techo de gasto presentada en el Congreso están incluidos, pero este aumento de gasto público no ha gustado a nadie, salvo al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha sido el único partido en mostrar su apoyo explícito a los planes del Gobierno.
https://twitter.com/PPopular/status/1022812355103731712La derrota parlamentaria ha sido un varapalo serio y toda una antesala de lo que puede ir ocurriendo en el futuro más inmediato. En realidad, el Gobierno tenía motivos para sospechar que algo así pudiera ocurrir, al comprobar que Carles Puigdemont se había hecho, de nuevo, con las riendas del independentismo catalán y, en consecuencia, con la estrategia del PdCat en el Congreso, pese a que el expresidente de la Generalitat ha tratado de marcar distancias con el mismo. “No hago política en Madrid”, ha dicho. La defenestración de Marta Pascal no es un hecho menor para los planes del Ejecutivo.
Hasta donde se sabe, el Gobierno no ha negociado con sus socios de moción de censura apartado alguno del techo de gasto. La propuesta significa un alejamiento de la senda marcada por el PP, pero se queda lejos de las pretensiones de Podemos, que ha querido elevar el aumento de gasto publico hasta los 15.000 millones. La reacción del Ejecutivo ha sido colgar a la espalda de los grupos que le han dejado solo la responsabilidad de no poder dar una mejor atención a los ciudadanos en su vida cotidiana: sanidad, educación, dependencia… e incluso las pensiones. El PP de Pablo Casado lo tiene claro. “La responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es de quien cree que puede gobernar con 84 escaños”.
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El Gobierno no se da por derrotado y en septiembre presentará de nuevo su propuesta de techo de gasto, en la confianza de que los grupos parlamentarios reflexionen. De lo contrario, se retomaría la senda de déficit prevista por el anterior Gobierno. Y es aquí cuando de nuevo Puigdemont, en cuyas manos está la suerte de Sánchez, ha recordado, esta vez desde Bruselas, que ya es tiempo de pasar de los dichos a los hechos y que es a la vuelta de verano cuando esperan esos hechos, que el período de gracia se ha acabado. Para que no hubiera dudas, Quim Torra sentenció que esta es la legislatura de la autodeterminación. Es obvio que los secesionistas catalanes van a jugar con los tiempos. Saben que en sus manos está la suerte de la legislatura. Ahora de lo que se trata es de administrar esos tiempos para que la legislatura no estalle ni un día antes ni un día después a sus intereses.
Pero el laberinto de Sánchez va más allá del independentismo. Al acecho está Podemos, que no solo se abstuvo en la votación del techo de gasto, sino que propugna una nueva ley de estabilidad presupuestaria para revertir de manera definitiva las políticas del PP. Podemos ya sabe que el famoso sorpasso ha quedado conjurado, que no ha podido con el PSOE y es ahora, a costa del PSOE, cuando quiere volver a delimitar territorio, a marcar perfil presentándose como la izquierda que “la gente necesita”. Para ello no va a ahorrar críticas ni va a evitar situaciones difíciles para el Ejecutivo de Sánchez, a quien los hechos y los propósitos anunciados le indican hasta qué punto su Gobierno es un Gobierno metido en un laberinto cuya única salida, antes de que salten demasiadas chispas, no es otra que unas elecciones generales.
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La vuelta del verano promete ser complicada. Nada ni nadie va a poder despejar la nube de unas elecciones adelantadas, por mucho que el Gobierno se haya hecho fuerte en su determinación de agotar la legislatura. No está en sus únicas manos, pese a los extraordinarios recursos que todo Ejecutivo tiene para aguantar los vaivenes parlamentarios. El abandono de sus socios de moción de censura no es una anécdota; solo un ensayo general, un recordatorio de su extrema dependencia de otros grupos parlamentarios que, precisamente por estar a la vuelta de la esquina de unas elecciones municipales y autonómicas, van a tratar por todos los medios de hacerse muy presentes en la política general como mejor plataforma electoral que, en el caso de Cataluña—pieza fundamental del laberinto—, va a estar marcada por fechas como la Diada o la conmemoración ya anunciada del 1-O.
Para que nadie se llame a engaño, basta volver a recordar las palabras de Quim Torra: ”Es la legislatura de la autodeterminación”. Se tratará de ganar tiempo, pero el dique aparecerá y entonces el Gobierno, sí o sí, tendrá que convocar elecciones. Casi dos años de laberinto es difícil de soportar sin pagar el precio de un enorme desgaste. Y esto no ha hecho más que empezar.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.