Elías Durán de Porras | 29 de septiembre de 2018
La Marina de Valencia vive días de polémica por las esculturas sexuales de Miró, que muestran distintas prácticas muy explícitas. Lo que no sería extraño encontrar dentro de un museo ha generado una gran controversia por hallarse en un espacio público al aire libre, que se supone debe ser lugar de encuentro y no de desencuentro de todos los ciudadanos.
La controversia generada por la exposición Suite erótica no entra en el sentido y valor del arte, sino en su lugar de ubicación. El hecho de colocar las distintas esculturas en un sitio público supone, cuando menos, cierta intromisión en un espacio que es de todos y donde se supone que nadie debería encontrarse incómodo o excluido. La Marina es hoy un lugar muy agradable donde muchos padres pasean con sus niños, y los que han tomado esta decisión no han valorado el perjuicio, confusión y daños que pueden causar a niños y jóvenes al enfrentarlos con realidades que no son propias de su edad.
La exposición de esculturas con contenido sexual explícito puede suponer una vulneracion de la Ley de Proteccion al menor. Reclamamos su retirada inmediata para que las #familias con niños puedan pasear tranquilamente. https://t.co/d7iuvEFRet pic.twitter.com/n2lhPBzrJt
— Foro de la Familia (@ForoFamilia) September 18, 2018
Lo que escribo no es un sinsentido. En las televisiones, por ejemplo, hay un horario de protección derivado del Código de Autorregulación para la Defensa de los Derechos del Menor. Existe, por tanto, un consenso que determina que hay contenidos que no son adecuados para ellos. ¿Por qué no se respeta lo mismo en este caso?
No lo entiende igual el comisario de la exposición, Fernando Castro, que considera, en declaraciones a la Agencia EFE, que a los niños les hará “bien” ver la muestra porque completarán la formación que reciben de educación sexual con historia del arte. Opinión que secunda el artista, que cree que toda esta polémica es fruto de “mentes estrechas” y “retorcidas».
Vicente Morro, delegado del Foro de la Familia en Valencia, declaró en un comunicado que la exposición en la vía pública de las esculturas sexuales de Miró podría vulnerar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, “al exponer a estos, sin ninguna protección ni información previa o aviso, a escenas inadecuadas para su edad, y sin que los padres que lo deseen puedan pasear libremente por la zona si quieren evitar su visualización”.
Asimismo, desde el Foro consideran las declaraciones del comisario de la exposición una intromisión en el derecho de los padres a educar a sus hijos libremente. “El señor Castro pretende justificar su iniciativa de invadir la vía pública como una especie de ‘clase de educación sexual’, lo que resulta inadmisible”, recalcó Morro.
Lo que ocurre en la Marina de Valencia es una muestra más de la transformación de la calle en un lugar de imposición en vez de un lugar de encuentro. Bajo el cobijo que ofrece la libertad de expresión, no se debe aceptar, en mi opinión, que nuestros espacios públicos se transformen en lugar de combate y conquista. Y muchísimo menos en un lugar de adoctrinamiento.
Nadie cuestiona hoy que los espacios públicos sean lugares de expresión, siempre a través de los cauces democráticos, de los distintos puntos de vista que conviven en una sociedad, gusten a todos o no. Tampoco creo que nadie defienda que la calle sufra un control propio de regímenes totalitarios.
Bien distinto es cuando los servidores públicos se entrometen en los espacios públicos y los utilizan para “educar” o lanzar “consignas”. Las esculturas sexuales de Miró son una intromisión porque, al exponerse en la Marina, marginan y segregan a muchos padres, que no tienen por qué encontrarse durante su paseo con sus hijos con la particular visión del artista (que está en su perfecto derecho de pensar y expresar lo que considere, pero en un espacio indicado para ello, que los hay).
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La Marina de Valencia, anteriormente denominada Marina Real Juan Carlos I (lo que ya dice mucho), es un consorcio cuyo consejo rector está formado por las tres Administraciones (ayuntamiento, Generalitat y Administración General del Estado) y presidida por el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Al máximo responsable de la capital del Turia parece que lo que ocurre en la Marina no tiene que ver con él y considera que el consorcio que preside es autónomo y hay que respetar su funcionamiento.
No es la primera vez que el alcalde se pone de perfil. El pasado mes de julio, Ribó aseguró que no estaba “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con un mural que pedía libertad para los presos de Alsasua que un artista urbano había pintado sobre un muro cedido por el ayuntamiento. Para el alcalde, había que respetar la libertad de expresión del artista. Cuando la obra sufrió desperfectos por parte de personas que no estaban de acuerdo con su mensaje, afirmó que también tenían “derecho a intervenir en el espacio público”.
Poner lazos amarillos y retirarlos puede ser un acto de libertad de expresión dependiendo de su lugar de emplazamiento. Cuando un organismo público toma partido y los coloca en instituciones que nos representan a todos o alienta y permite la invasión de los espacios públicos, se cruza el margen de lo que todos entendemos por libertad de expresión y servicio público. Lo mismo ocurre cuando desde los poderes públicos se hace dejación de funciones y se deja la calle para el que la conquiste.
Si bien lo que ocurre en la Marina con las esculturas sexuales de Miró no tiene que ver, ni de lejos, con lo que ocurre en muchos municipios catalanes, es un exponente más de que algunos, en virtud de la libertad de expresión, se sirven de ella para entrometerse en el legítimo derecho que tenemos todos de disfrutar de lugares públicos de convivencia, no de combate ideológico.