Filiales extranjeras. Recaudación sí, pero no a cualquier precio
Íñigo Petit Zarzalejos | 13 de noviembre de 2018
Las filiales extranjeras de empresas españolas se ven comprometidas por la nueva vía de recaudación del Gobierno. El país necesita seguridad y propuestas como esta hacen tambalear la confianza en las instituciones.
En España tenemos un problema con los impuestos. Gastamos mucho y no ingresamos lo que debemos. Y, como no parece haber nadie dispuesto a pagar el precio –sobre todo electoral– de adelgazar los gastos del Estado, el Gobierno se ha centrado en el segundo: recaudar más vía impuestos. Si la tasa a las grandes tecnológicas o la tasa a las transacciones financieras no constituían ya dos medidas cuando menos controvertidas, ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de acuerdo con Podemos, ha puesto el punto de mira en las filiales extranjeras de empresas españolas, sobre todo en las más grandes.
Además de una tasa mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas –del 18% si el negocio es bancario o petrolero–, se limitarán las exenciones a los dividendos procedentes de las filiales extranjeras. No es algo nuevo, y no será la última vez que hablemos de ello, pero resulta complicado ofrecer argumentos nuevos que no se hayan puesto sobre la mesa en alguna ocasión. El objetivo esta vez es recaudar 1.000 millones de euros, pero ¿cuál es el precio?
Nuestros presupuestos alternativos no dejan a nadie atrás. Para ayudar a los que más han sufrido la crisis, más ingresos:15% de tipo mínimo para las grandes empresas y aumento del IRPF para los que ingresan más 150.000 €.
— PSOE (@PSOE) April 12, 2018
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El principal argumento es que el tipo efectivo de las empresas españolas resulta en torno a un 6%, algo que es cierto cuando comparamos el importe pagado por el impuesto de sociedades con el resultado contable, sin tener en cuenta la parte exenta por beneficios procedentes de las filiales extranjeras. Esta exención pretende evitar que las empresas españolas paguen dos veces el mismo impuesto (uno en el país de origen y otro en España, sede de la compañía) y se fundamenta jurídicamente en acuerdos bilaterales entre países, diferentes en cada caso. El Gobierno de Sánchez ha acordado con Podemos plantear al Congreso una reducción de la exención actual del 100% al 95% de los beneficios extranjeros.
Estoy convencido de que hay quien, entendiendo cómo funcionan los mercados (y no me refiero a las Bolsas, sino a la economía real), mantiene posiciones contrarias al sentido común con fines políticos o electorales. En esta ocasión, el Gobierno de Sánchez quiere aumentar su atractivo de cara a un futuro acuerdo parlamentario, pero puede que por el camino pierda algunas de las empresas que constituyen la depreciada Marca España. ¿O acaso creen que alguna de nuestras multinacionales se quedará sin hacer nada si, de un ejercicio para otro, tiene que pagar un 5% más de impuestos por los dividendos de filiales extranjeras por los que ya ha tributado en otro país?
Recaudar, pero a qué precio
No hace falta ser ningún experto fiscalista para darse cuenta de que basta con dejar de repatriar esos beneficios empresariales para evitar el pago del 5% que pretende cobrar el Ministerio de Hacienda. En una economía en la que la mitad de los beneficios empresariales procede del extranjero (cifra que sube por encima del 75% para las multinacionales), el posible efecto dominó podría incluso hacer que la recaudación bajara, si las empresas optaran por cambiar su domicilio fiscal.
Ahora el Gobierno tiene que pasar por el Congreso y lograr el acuerdo mayoritario de la Cámara, algo que parece complejo con nacionalistas catalanes y vascos como bisagras necesarias para sacarlo adelante. Además, no siempre resulta sencillo cambiar los acuerdos bilaterales pues, como su nombre indica, requiere del consentimiento de ambas partes. En esa misma línea, los empresarios afectados tendrían la capacidad de recurrir ante los tribunales, ya que se estaría vulnerando el principio de doble imposición.
El afán recaudatorio y una batería de propuestas fiscales con difícil futuro y un consenso limitado generan enorme incertidumbre entre los agentes del mercado. Y, aunque es probable que buena parte de estas propuestas se queden en eso, en propuestas, España necesita seguridad y confianza en sus instituciones para que los grandes inversores internacionales regresen a nuestro país y este no parece el camino más adecuado.
Imagen de portada: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el Pleno del Congreso | congreso.es
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