Fernando Rayón | 06 de noviembre de 2018
Uno de los lugares comunes más utilizados en la vida política española durante los últimos cuarenta años ha sido aludir, cada vez que se producía alguna noticia sobre la lucha contra ETA, las filtraciones de Interior o los GAL, a las cloacas del Estado.
La filtración de las grabaciones del comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, tras su ingreso en prisión, no son solo un intento de ajustar cuentas con aquellos que le habrían llevado a la cárcel, sino que además demuestran unas prácticas y unos modos de proceder que afectan a personas y organismos cercanos a los Ministerios de Interior y de Justicia. El origen de las famosas cloacas del Estado.
Dice el propio Villarejo -a todo lo que dice y a sus grabaciones hay que añadir el adjetivo de ‘supuesto’- que empezó a grabar a la gente hace 30 años con el ministro del Interior José Luis Corcuera. Eran los años de los GAL. Ya entonces -y después- estaba rodeado de un grupo de policías, comisarios, políticos, periodistas, empresarios, jueces y fiscales, que no solo contrataban sus servicios, sino que además fueron grabados y espiados por el propio comisario.
Pero volvamos a aquellos años. El juez que instruye la causa contra el comisario, Diego de Gea, impuso también una fianza de un millón de euros, que luego rebajó a 100.000, al abogado y mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo. Fue precisamente en el domicilio de este último donde la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encontró la grabación de la conversación de Villarejo con la amiga del Rey Juan Carlos Corinna Larsen y con el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Tres días después de que Redondo fuera puesto en libertad tras pagar la fianza, la web moncloa.com publicaba una conversación entre la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, Villarejo y otros amigos de este último: el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y tres mandos policiales adjuntos a este: Enrique García Castaño «el Gordo», Miguel Ángel Fernández Chico y Gabriel Fuentes.
🔴La difusión de las grabaciones del sr. #Villarejo constituyen un chantaje al Estado a través de mi persona y una extorsión al Estado, del que ya advirtió la Fiscalía Anticorrupción hace dos meses #comparecenciadelgado
— Ministerio Justicia (@justiciagob) 10 de octubre de 2018
La conversación, que tuvo lugar el 23 de octubre de 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, era la primera cinta de una supuesta serie de 72 que, al parecer, existen y que amenazan con ser filtradas a medida que convenga al interés de los filtradores, que tampoco se sabe a ciencia cierta quiénes son. Aquellas tres horas de grabación dejaron a la ministra fuera de combate, a pesar de que Pedro Sánchez impidiera su dimisión para evitar una nueva sangría en su Gobierno. Pero, aunque la conversación incluía otras perlas ya conocidas, me gustaría detenerme en dos.
La primera hace referencia a un posible consumo de prostitución -con menores de edad- de varios magistrados durante un viaje profesional, lo que tampoco descarta que varios de ellos fueran grabados y, seguramente, chantajeados. La creación, reconocida por el propio Villarejo, de una «agencia de modelos» para sonsacar «información vaginal» a «gente importante» va en la misma línea de su estrategia. Las cloacas de Villarejo. Y dos. En aquel encuentro grabado por el propio Villarejo, se habla de varios jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. La conocida amistad de Villarejo con el exjuez Baltasar Garzón abre así otra vía de agua, quizá la más grave de estas filtraciones.
La aparición esta misma semana del nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, en las grabaciones a María Dolores de Cospedal –que encargó a Villarejo que le espiara- cierra así un círculo que acaba donde empezó: en las cloacas del Estado. El tiempo dirá hasta dónde llega el hedor de todas ellas.
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