José Manuel Muñoz Puigcerver | 02 de enero de 2019
Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Esta sería la frase que mejor resumiría la última reunión de los ministros de Finanzas de los países pertenecientes a la eurozona en vísperas del vigésimo aniversario de la moneda única. De hecho, los tímidos avances realizados han resultado ser tan nimios que, prácticamente, se pueden considerar anecdóticos. Desgraciadamente, nada a lo que Bruselas no nos tenga ya acostumbrados.
De los cuatros puntos principales a tratar, únicamente se alcanzó consenso en dos: la dotación de 60.000 millones de euros para el Fondo Único de Resolución (FUR), cuyo objetivo es evitar el contagio de quiebras bancarias a modo de red de seguridad (en realidad, la creación del FUR ya se había pactado hacía tiempo y, en esta ocasión, solamente se ha convenido la manera de aplicarlo) y la necesidad de fortalecer el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) (aunque ni siquiera se ha establecido de qué forma). Los otros dos temas incorporados en la agenda, la dotación de un presupuesto común para la zona euro y el eurofondo de garantía de depósitos se antojan, a día de hoy, poco menos que una quimera.
Peseta, no te olvidamos . Pero volver a tenerte como moneda no ayudaría nada
Por lo que respecta al establecimiento de un presupuesto común para la eurozona, la postura franco-alemana diverge por completo de la asumida por la denominada Nueva Liga Hanseática, liderada por Países Bajos y compuesta, además, por Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia e Irlanda. Los primeros abogan por crear una especie de FMI europeo que vele por la “estabilización” de los países con problemas fiscales, palabra de la que el segundo grupo no quiere ni oír hablar. En cuanto a la creación del eurofondo de garantía de depósitos, la posibilidad es aun, si cabe, más remota, debido al recelo expresado por los diferentes países de que sean sus propios bancos los que acaben pagando la indisciplina fiscal del resto.
Sin embargo, este tipo de medidas, u otras similares, deberán ser implantadas tarde o temprano si queremos que la unión monetaria disponga de las herramientas suficientes para cumplir con eficiencia sus objetivos de política económica. El propio Mario Draghi ha alertado de la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para dotar a la UEM de una mayor fortaleza ante una coyuntura de desaceleración económica que puede agravarse como consecuencia de los vientos proteccionistas que soplan al otro lado del Atlántico. Si a ello le añadimos la ola populista y antieuropea que amenaza con irrumpir en las elecciones al Parlamento de Estrasburgo del próximo mes de mayo, nos encontramos con elementos de peso más que suficientes para que los países miembro tomen, definitivamente, cartas en el asunto cuando lo que está en cuestión es la credibilidad del propio proyecto europeo.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.