Jorge del Corral | 14 de diciembre de 2018
Hacer de reportero Tribulete puede ser gracioso y generar mucha audiencia y abultados ingresos publicitarios, y hasta hacerte popular y lograr un premio de la Academia de TV, a poco que presionen la cadena y la productora, pero no es periodismo: es activismo. Esto último es lo que suele hacer Cristina Pardo, periodista (¿?) presentadora de Liarla Pardo, un programa semanal que emite La Sexta y produce Cuarzo Producciones. El nombre es ya para sospechar que detrás de él no hay buen periodismo, sino espectáculo y ausencia de reglas deontológicas.
Han sido estos últimos ingredientes y la carencia absoluta de lo primero lo que han provocado las protestas de espectadores, periodistas, medios de comunicación y hasta una nota condenatoria de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) por el programa emitido el pasado 9 de diciembre sobre los 44 votantes de VOX en el pueblo sevillano de Marinaleda, dominio del atrabiliario comunista Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde y mandamás desde 1979 con diez mayorías absolutas, diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía (1994-2000 y 2008-2014) por la Candidatura Unitaria de Trabajadores, figura relevante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y del Sindicato de Obreros del Campo, y exsecretario de Soberanía Alimentaria.
La Asociación de la Prensa de Madrid recuerda que vulnerar el secreto del voto es un hecho muy grave https://t.co/OC562dXgig #Comunicado #LiarlaPardo #Vox
— APM (@aprensamadrid) December 11, 2018
Con mano férrea, Sánchez Gordillo dirige Marinaleda como lo que es: su feudo. Un dominio de 2.700 habitantes de casas blancas y naranjos en sus calles, con un enorme retrato del Che Guevara en el polideportivo, una calle con el nombre del revolucionario argentino, ausencia de carteles publicitarios y un único lema en el ayuntamiento, en el polideportivo y en la escuela: Una utopía hacia la paz. La mayoría de sus habitantes trabaja para la cooperativa, en la que todos, con independencia de su puesto, ganan lo mismo: 47,50 euros por seis horas y media de trabajo diario. Unos 1.200 euros al mes. Y, si alguien no tiene trabajo, puede vivir de cobrar el paro sin apenas estrecheces, ya que una vivienda municipal cuesta 15 euros mensuales y algunos servicios sociales, como la guardería, son casi gratuitos. El regidor y los ediles no reciben sueldo por sus tareas y las ganancias en la cooperativa se invierten en nuevos empleos. Todo planificado, tutelado y controlado por Sánchez Gordillo, pero, como contrapartida a tantas dádivas del benefactor, la renuncia a algo muy preciado: la libertad de expresión. El silencio, la sumisión y el voto comprometido son el precio a pagar para vivir así en Marinaleda. Y ese acatamiento se rompió en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, cuando 44 votantes ejercieron su derecho al voto directo y secreto y se inclinaron por VOX (votos totales contabilizados: 1.493 -69,38% del censo-; Adelante Andalucía (S. Gordillo), 992 votos; PSOE-A, 207; PP, 100; Cs, 74; VOX, 44; AxSÍ, 9; PACMA, 8; UPyD, 1).
Elecciones andaluzas. Las banderas de España se traducen en votos
Y Cristina Pardo y su Liarla Pardo no encontraron mejor cometido para honrar el nombre de su programa que descubrir quiénes eran esos 44 votantes de VOX, condenados a la excomunión y el exterminio por haber caído en anatema. El reportaje y las imágenes de una intrépida reportera indagando, persiguiendo e identificando con imágenes las caras y casas (“aquí podría vivir un votante de VOX”) de los supuestos sufragistas del partido de Santiago Abascal en Marinaleda, como si fuera un pogromo, no tiene desperdicio y es un buen material para enseñarse en lo que queda de las facultades de Periodismo como ejemplo de lo que no es periodismo. Por eso, la APM no ha tenido más remedio que decir lo que ha dicho: “El periodismo debe ejercerse con responsabilidad y los medios de comunicación no pueden buscar audiencia o lectores a cualquier precio, y mucho menos tratar de poner en evidencia a unos ciudadanos por el mero hecho de haber votado libremente a una determinada opción política…»
Ahora falta que se pronuncie también la Comisión de Garantías y Asuntos Profesionales de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), después de que esta última haya asumido y respaldado el comunicado de la APM. Será un paso más para que el periodismo y los periodistas recuperen parte de la dignidad que les quitan a diario algunos activistas disfrazados de periodistas que habitan en muchos medios de comunicación.