Manuel Llamas | 14 de enero de 2019
Los socialistas patrios se han agarrado cual clavo ardiendo al cadáver del dictador, reviviendo así las miserias de la Guerra Civil, para tratar de cubrir el grave déficit ideológico que padece el histórico partido del puño y la rosa.
Ni una ni dos… Hasta diez veces ha intentando el PSOE desenterrar a Franco sin éxito en los últimos años. España no es ajena a la profunda crisis que sufre la socialdemocracia en buena parte del mundo desarrollado, y prueba de ello es que los socialistas patrios se han agarrado cual clavo ardiendo al cadáver del dictador, reviviendo así las miserias de la Guerra Civil, para tratar de cubrir el grave déficit ideológico que padece el histórico partido del puño y la rosa.
Sin embargo, tales tentativas han resultado infructuosas, al menos hasta el momento, en parte por la ausencia de consenso político acerca de esta iniciativa, en parte por las enormes dificultades jurídicas que encierra dicho proyecto, puesto que el estado de derecho limita la capacidad del Gobierno para exhumar los restos del dictador y, aún más, para decidir arbitrariamente dónde deben ser reubicados, especialmente si no cuenta con el visto bueno de la familia. Estas son las diez veces que el PSOE «desenterró» a Franco, al menos sobre el papel…
El culebrón de la famosa tumba no es nuevo. Hay que remontarse a noviembre de 2011, en los últimos coletazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para encontrar la primera mención explícita al ansiado desentierro por parte de la izquierda. Fue entonces cuando la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos, creada por el Ejecutivo socialista, emitió un informe en el que recomendaba el traslado del cuerpo, ya que su presencia en el memorial resultaba “incongruente”, según ellos, con la finalidad original que motivó su construcción, que era la de acoger a los fallecidos de la Guerra Civil -Franco murió en la cama-.
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La idea se guardó en un cajón tras la llegada al poder de Mariano Rajoy hasta que, en mayo de 2017, aprovechando la minoría política que entonces ostentaba el PP, el PSOE sacó adelante una proposición no de ley en el Congreso, con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, en la que se instaba al Gobierno a reactivar la exhumación de Franco -y de José Antonio Primo de Rivera– y su traslado fuera del Valle de los Caídos.
Pocos meses después, en diciembre, y ante los oídos sordos del PP, los socialistas presentaron una reforma de la Ley de Memoria Histórica para blindar dicho objetivo, aunque la modificación decayó temporalmente tras el veto que impuso la Mesa del Congreso.
En abril de 2018, y pese a carecer de apoyos suficientes, el partido de Pedro Sánchez se sacó de la manga una moción en el Senado para «resignificar» el Valle siguiendo los ejes que había recomendado en su día la citada Comisión de Expertos ideada por Zapatero, pero la propuesta, una vez más, fracasó.
No fue hasta el pasado mes de junio, justo después de que Sánchez llegara a La Moncloa tras su exitosa moción de censura, que la idea del desentierro cobró realmente fuerza. De hecho, fue la primera gran medida anunciada por el actual Gobierno, hasta el punto de que, en una conversación informal con periodistas, el propio presidente se atrevió a anunciar que la exhumación sería en julio.
La rotunda negativa de la familia, sin embargo, complicó los planes iniciales de Sánchez y, días después de dicho anuncio, el Ejecutivo reconoció que el procedimiento para desenterrar a Franco se retrasaría “hasta finales de verano”.
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Efectivamente, fue la última semana de agosto cuando el Consejo de Ministros aprobó el polémico decreto para reformar la Ley de Memoria Histórica y, por vía urgente, ordenar la tan cacareada exhumación. El Gobierno otorgaba 15 días a la familia para trasladar el cuerpo y, en caso contrario, amenazaba con decidir de forma unilateral la reubicación de los restos fuera del Valle.
El Congreso otorgó luz verde a este decreto en septiembre, con la abstención de PP y Ciudadanos, pero el Gobierno, una vez más, tuvo que ampliar el plazo de su particular obsesión hasta “final de año”, ya que la familia amenazó con trasladar los restos a la Almudena, en pleno corazón de Madrid.
Tanto los obstáculos legales para proceder a la exhumación como el rechazo de la izquierda a que Franco descanse en el centro de la capital han mantenido paralizada la reforma de la memoria histórica desde entonces, cuya tramitación se mantiene encallada en el Congreso. Tanto es así que el Gobierno tuvo que reconocer en noviembre que volvería a incumplir su promesa, retrasando así la histórica decisión final al presente año.
La última noticia sobre la posibilidad de desenterrar a Franco se produjo el 28 de diciembre, cuando el presidente del Gobierno, aprovechando su conferencia de prensa para hacer balance del año, retrasó sine die la tan ansiada exhumación con las siguientes palabras, a pregunta de los periodistas: “Más allá de qué día es, lo que es evidente es que, si hemos esperado 40 años, pues esperar unos meses más no es problema. Al menos para este Gobierno”.
Así pues, hasta diez veces el PSOE desenterró a Franco, o al menos lo intentó, pero ninguna ha cosechado el éxito esperado. Con independencia de que Sánchez consiga o no ahora su objetivo, lo grave de esta agria polémica no es la exhumación en sí, sino lo que realmente significa: la muerte del espíritu de la Transición, el mismo que posibilitó el nacimiento de la Constitución y estos extraordinarios cuarenta años de democracia. Flaco favor de los socialistas a los españoles.
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