Max Römer | 29 de enero de 2019
Juan Guaidó llevó a cabo una proclamación porque el pueblo reclamó al presidente de la Asamblea Nacional que tomara interinamente las riendas del país, como refleja el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Venezuela tiene, de cara a la comunidad internacional, dos presidentes. Uno, como Nicolás Maduro, que se autoinvistió el pasado 10 de enero tras unas elecciones fraudulentas celebradas en el mes de mayo, y Juan Guaidó, que, de acuerdo con el mandato constitucional, tiene la obligación de convocar elecciones y emprender una transición. Una situación que ha sacado a Venezuela del arcón y la ha colocado bajo la lupa internacional; una disección que tiene, además, carácter geopolítico, ideológico y, si se quiere, hasta de guerra fría.
Estados Unidos no tardó en darle un espaldarazo a Guaidó. Los rusos y los chinos se alinearon con Maduro. La suma de países para cada bando es parecida a aquellos juegos de recreo en los que se sorteaban jugadores.
Observando todo, viviéndolo en primera persona, la población venezolana busca desde hace mucho una salida a la crisis humanitaria, que la tiene en una situación crítica. Es una búsqueda de esperanzas que se confunde con hurgar los basureros. Una sociedad diezmada por la corrupción de los Gobiernos chavistas, por la destrucción del aparato industrial y productivo, y por las muchas expropiaciones vengativas que ha hecho el chavismo en 20 años de poder omnívoro.
Juan Guaidó fue proclamado por la ciudadanía como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero. A pesar de que muchos medios de comunicación titularon que fue una autoproclamación, no es correcto el término. Se trata de una proclamación, porque el pueblo venezolano en cabildos abiertos a lo largo de diez días le reclamó al presidente de la Asamblea Nacional que tomara interinamente las riendas del país, tal y como lo refleja el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
#Venezuela hoy dimos un paso histórico junto a nuestra @AsambleaVE.
Reconocemos la actitud cívica de nuestro pueblo.
Hoy más que nunca necesitamos organización y reconocernos entre nosotros.
Hoy hemos logrado nuestro objetivo. ¡Vamos bien Venezuela! pic.twitter.com/4KjUv0tdGJ
— Juan Guaidó (@jguaido) January 23, 2019
Y eso hizo. Juró por la bandera y la Constitución de 1999 que asumía la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
Y empezaron los problemas. Maduro tiene el respaldo de la Fuerza Armada. Guaidó, el de la ciudadanía con cerca del 80% de aceptación. Una parte de los apoyos internacionales va para Maduro y la otra, para Guaidó.
El caso es que la hiperinflación acaba con la maltrecha economía de los venezolanos, literalmente se los come, porque la desnutrición y el hambre ocupan un lugar escalofriante. Y, si hablamos de la represión chavista, la lista suma muertos, detenidos y presos políticos.
La Unión Europea le exige a Maduro que convoque elecciones en los próximos ocho días (contados a partir del pasado 26 de enero). La diplomacia europea sabe que Maduro no tiene autoridad para convocar elecciones. Saben que el poder constitucional para ello lo tiene el Consejo Nacional Electoral.
Han atrapado a Maduro dentro de la Constitución chavista, esa de 1999. No se trata de una estrategia para deslegitimar a Guaidó; al contrario, están midiendo a Maduro y su capacidad de asumir las leyes que el propio chavismo creó.
Eso sí, la Unión Europea reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional y, es más, si en el plazo dado a Maduro no se convocan elecciones libres, se reconocerá a Guaidó como presidente interino de Venezuela para que lidere la transición.
Tanto Guaidó como Maduro reclaman que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se coloque del lado correcto de la historia. Uno, como legítimo mandatario interino. El otro, como usurpador de la presidencia.
Está en Guaidó la constitución de un Gobierno de transición, el nombramiento de un Consejo de Ministros entre los que esté un militar a la cabeza, puesto que él, Guaidó, es en este momento el comandante en jefe de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana). Guaidó y la Asamblea Nacional que preside van entregando una ley de amnistía a los militares, un texto que seduciría a los armados para dar un paso hacia un futuro de compromisos cívico-militares. El problema está en que el generalato obedece a Maduro por ser cómplice de la narcodictadura.
Ponerse al lado de Guaidó dejaría en evidencia la corrupción dentro del estamento militar y, evidentemente, quedarían a merced de la justicia universal como cómplices de crímenes de lesa humanidad. Quedará al desnudo que la FANB está controlada por Cuba y que la soberanía, tan cacareada por Maduro, es una burla orquestada desde La Habana.
La transición tiene como tarea inmediata la necesaria reestructuración del aparato del Estado, de la macroeconomía, que se refleje en la cesta de la compra de los hogares. Que se invierta en las infraestructuras eléctricas, en los hospitales y escuelas. Que se privatice lo expropiado o se devuelva a sus legítimos dueños. Eso no está en los planes de Maduro. Está en los planes que debe encarar la transición.
Se avecina una medición de fuerzas. Entre lo moral y la brutalidad. Entre la ley y la fuerza. Vienen miradas de odio y necesarios abrazos de reconciliación.
Conviene sacar cuentas, poner en orden las instituciones, llamar a las inversiones, restablecer la producción de bienes y alimentos. Se necesita la ayuda humanitaria para paliar el hambre y tratar de sanar a los enfermos. Vienen momentos duros, de verdadero sentido cívico.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.
