José Manuel Muñoz Puigcerver | 08 de febrero de 2019
El Congreso no apoya el decreto ley del Ejecutivo que reforma el mercado del alquiler. Unidos Podemos quería una mayor intervención en los precios y su rabieta demuestra la dificultad de gobernar con tan solo 84 diputados.
A finales de enero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez perdía en el Congreso la convalidación del decreto ley que debía reformar el mercado del alquiler por 243 votos en contra y 103 a favor. De primeras, se pueden extraer dos grandes conclusiones de este hecho: por un lado, y a pesar de que el Gobierno insiste en que ha obtenido el respaldo en 24 de los 25 decretos presentados en la Cámara Baja, resulta inevitable atribuirle cierto carácter de excepcionalidad, considerando que se trata de la cuarta vez que algo semejante ocurre en nuestra democracia. Por otro lado, que el principal socio de Gobierno, Unidos Podemos, haya decidido votar en la misma dirección que PP y Ciudadanos refleja bien a las claras la dificultad de gobernar con tan solo 84 diputados.
El mercado del alquiler ya fue objeto de reforma en 2013 cuando el Partido Popular introdujo algunos cambios legislativos que pretendían aumentar su flexibilización. Sin embargo, no fueron suficientes para frenar el desbocado aumento de precios provocado por el recalentamiento que experimenta el sector. Esto llevó a Unidos Podemos a negociar una serie de medidas con el PSOE destinadas a hacer más accesible la vivienda a determinados colectivos considerados como vulnerables. El rechazo a la aprobación del decreto ley ha sido motivado por la no consideración de ciertas propuestas que, según la formación morada, se alcanzaron en ese acuerdo presupuestario.
Al parecer, la rabieta de Unidos Podemos está provocada porque en el decreto ley no se incluye la medida que otorgaba a los ayuntamientos la capacidad de limitar el precio del alquiler, algo que desde el PSOE consideran que podría ser incluso anticonstitucional (la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha mostrado contraria a ello).
Y es que, más allá de las consideraciones legales, las nociones económicas básicas dictan que el mayor grado de eficiencia en el diseño de cualquier política económica estriba en el correcto diseño de los estímulos adecuados que, a su vez, deben fomentar la tendencia de un determinado mercado hacia su equilibrio. Por ello, la intervención directa sobre los precios, estableciendo ya sea máximos o mínimos, puede provocar el efecto contrario al deseado y, de hecho, el propio Gobierno pretende aumentar la oferta de alquiler de vivienda social, medida esta que sí podría contribuir, precisamente, a relajar las tensiones inflacionistas en el sector.
A pesar de todo, el decreto ley sobre la reforma del alquiler fue aprobado y afecta a los contratos firmados durante los 35 días en los que ha permanecido en vigor. Por ende, este tipo de volatilidad legislativa contribuye, menos aún, a apaciguar las revueltas aguas de un mercado sobre el que se ciernen sospechosos nubarrones de indeseables burbujas especulativas y en el que los esfuerzos de los diversos grupos políticos deberían orientarse a su enfriamiento, en lugar de a su actuación como pirómanos en un incendio descontrolado.
El acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional y, por ello, debería ser objeto de un tratamiento mucho más responsable por parte de nuestros parlamentarios, sin que pudieran tener cabida los cálculos políticos del momento en el análisis de la situación actual del sector. El terreno económico es poco propicio a realizar experimentos; un mercado tan sensible como el de la vivienda, todavía menos.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.
