Jorge del Corral | 15 de marzo de 2019
La Junta Electoral Central (JEC) ha cumplido con su obligación ordenando la supresión de lazos amarillos, banderas estrelladas (esteladas) y demás parafernalia independentista que cuelga de edificios de la Generalitat catalana, con el fin de que el espacio público permanezca limpio de publicidad partidista. Es lo que tenía que acordar, mediase (como es el caso) o no petición de parte. Pero la orden solo ha servido, como era de esperar, para que los secesionistas que ocupan Cataluña se hayan crecido y apliquen la conocida expresión metafórica de que si no quieres caldo, ¡toma dos tazas! Allí donde había fanfarria se mantiene y acrecienta, y donde faltaba se ha colgado para que todos la vean y sus sostenedores puedan gritar: ¡mirar qué machos somos! ¡Con dos collons!
Quim Torra: un activista más transparente que el agua del Llobregat
A los Torra [Quim] y demás caterva la JEC les ha hecho ya la campaña de las elecciones generales y de las municipales y europeas porque, con la justicia garantista que disfrutamos y la bajada permanente de pantalones del Estado en esa región española, la cosa va para largo y promete espectáculo y carburante gratuito para tertulias y demás programas de nuestra rica y variada parrilla mediática. De momento y dado que la JEC no ha actuado de oficio sino a petición de Ciudadanos, si la Generalitat se mantiene impasible y con la mirada al frente solo cabe que el recurrente o cualquier otro partido político o asociación presente denuncia por la inacción de ese desgobierno, a lo que la JEC tiene que decidir si inicia un proceso administrativo que conlleva irrisorias multas de 300 a 3.000 euros- cantidades inofensivas que pagaremos todos los contribuyentes, mientras Torra y su banda se carcajean- o pone el caso en manos de la Fiscalía para que principie un proceso judicial que llegará hasta el Tribunal Supremo, y cuya sentencia saldría en la próxima glaciación.
? RETIRADA DEL?DEL @bcn_ajuntament ?
— Los de Artos (@losdeartos_) March 14, 2019
Ni @QuimTorraiPla ni la @gencat cumplen el requerimiento de la Junta Electoral Central; pero la RESISTENCIA SI ?#ElsCarrersMaiMésSeránVostres #CatalunyaÉsEspanya
RT para que lo vea todo el mundo y haga lo mismo en su municipio ? pic.twitter.com/hucpxV6qmd
En cualquiera de los supuestos, la Generalitat puede recurrir (como ya lo ha hecho contra la decisión de la JEC) y con ello dilatar los plazos, como sucedió con la entonces alcaldesa independentista de Berga, que en junio de 2018 fue condenada por una juez a seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público por desobedecer las órdenes de la Junta Electoral ¡en las elecciones de 2015! y no descolgar la estelada que lucía el balcón del ayuntamiento en aquellas fechas.
En este y similares asuntos la chulería de los interfectos corre paralela a la inacción del Estado, que o no hace nada o llega tarde. En anteriores comicios, las juntas electorales de zona han instado la retirada de símbolos, como los lazos amarillos o la estelada, y las Administraciones catalanas independentistas se han pasado las disposiciones por el arco del triunfo; como han hecho y siguen haciendo con las órdenes intermitentes del Defensor del Pueblo o con los “acuerdos entre caballeros” (¿?) que alcanzaron en septiembre pasado, en la Junta de Seguridad de Cataluña, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el consejero de interior, Miquel Buch, para que los Mossos garantizasen “un espacio público neutral”.
Las frases de Carmen Calvo: el dinero público no es de nadie y en la era Sánchez se nota
Es lo que tiene tratar -con relator o sin él- con activistas y hooligans de la independencia: que siempre te llevan al huerto y te dejan manchados los pantalones, señores Grande-Marlaska y Sánchez, o la falda, señora Calvo [Carmen].
Como la actual ley no es taxativa, llueve sobre mojado. Si lo fuese, la autoridad podría ordenar a las fuerzas de seguridad del Estado a actuar de inmediato, descolgando el aquelarre, deteniendo a los infractores y poniéndolos a disposición de un juez para que juzgue y sancione en menos de lo que dura una campaña electoral.
Todo lo que no sea así es escarnio para los constitucionalistas y regocijo para los delincuentes, que, como ocurre con los okupas, sacan músculo, cabalgan en briosos corceles sin que nadie los pare y declaran con sonrisa angelical y cabeza erguida, como la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, que la respuesta a la JEC será “combativa” porque “esta demanda ridícula no puede ser que interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política”. “Parece que les moleste que JpC, ERC o la CUP usen las palabras democracia y libertad”. ¡Toma del frasco!
Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha dicho que la decisión de la JEC “es tan obvia que no debería siquiera ser necesaria porque ese es el estado normal de las cosas; los edificios públicos no son espacios para los posicionamientos ideológicos”.
Claro, de cajón, pero como el “estado normal de las cosas” y el Estado de derecho están ausentes de Cataluña desde hace tiempo, mientras todos, unos y otros, como en la fábula de Samaniego, discuten si son galgos o podencos, el nuevo y flagrante acto de desobediencia sirve para que los secesionistas saquen pecho y se merienden con butifarra al Estado en esa tierra española, mientras los amanuenses añaden una muesca más al historial de rebeldía que acumulan los Gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Un suma y sigue que a muchos nos lleva a preguntar: ¿hasta cuándo?
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.