Ana Samboal | 08 de abril de 2019
Sánchez busca una España con fuerte peso del Estado y Casado quiere ciudadanos libres.
Más transferencias y otro puñado de cientos de millones de gasto público. Es lo que le ha costado al Gobierno convalidar en la Diputación Permanente del Congreso los últimos decretos. Decretos sociales, en palabras del Gobierno. Decretos electorales, en opinión de la oposición. En cualquier caso, clarificadores, porque muestran el modelo de país que quiere Pedro Sánchez. Es, tras el concepto de nación, el factor más relevante a la hora de decidir el voto, lo que se dirime en las próximas elecciones, cada vez más polarizadas. En esta eterna precampaña, a base de medidas y propuestas, se está dibujando, negro sobre blanco, las dos Españas de PP y PSOE.
La España económica de Sánchez ya la conocemos. Es un país con un fuerte peso del Estado. La Moncloa recauda y redistribuye en función no solo de las, a su entender, carencias sociales, sino de las necesidades de partido. El programa del PSOE impone más impuestos, los que se quedaron en el cajón del presupuesto que el Parlamento devolvió al Gobierno. La denominada tasa Google, que podría introducir cierto grado de justicia si no fuera porque, de no aplicarse en toda la Unión Europea, no hará más que encarecer los productos que compramos. Otro tanto puede decirse de la tasa con la que quiere gravar las inversiones en la bolsa española, tan sencilla de esquivar como puede resultar irse a invertir a Londres, Nueva York, Fránkfort o Tokio.
¿Para qué necesita Sánchez más impuestos? Para subvencionar a colectivos que representan grandes bolsas de votos
Los mercados ya son globales. ¿Y para qué necesita Sánchez más impuestos? Para subvencionar a colectivos que representan grandes bolsas de votos, como los jubilados, para garantizar los apoyos que necesita en el Congreso, de Podemos entre otros, o para crear una red clientelar que le permita mantenerse en el poder. Su modelo es simple, tan simple como el que ha reinado durante décadas en Andalucía: recaudar y recaudar para después devolver una parte en forma de gracia gubernamental, de la que espera el justo agradecimiento en forma de papeleta. Tras él se esconde la convicción de que el Estado siempre gastará y distribuirá de forma más eficiente los recursos que unos ciudadanos a los que se considera menores de edad en el mejor de los casos, egoístas en el peor.
Frente a la España que quiere el PSOE, la que ya conocemos, asoma un nuevo concepto de país en el programa electoral del PP. Un programa que, en lo que a rebajas fiscales se refiere, VOX lleva al extremo. Santiago Abascal quiere recortar el IRPF por debajo incluso del nivel más alto en Estados Unidos, aunque no explica el coste en prestación de servicios que pueda tener tamaño tijeretazo en el breve plazo de una legislatura.
Tras la oferta de Génova aparece una España envejecida y necesitada de industria que demanda ahorro para crear nuevos centros de producción y para financiar jubilaciones cada vez más largas y más onerosas. Pablo Casado propone equiparar el tratamiento de la vivienda al del plan de pensiones y eso no solo es una forma de garantizar el poder adquisitivo de los que se irán haciendo mayores, sino también de dejar en manos del individuo la construcción de su propio futuro.
La España del PP, si se atreviera a llevarla a las últimas consecuencias, sería un salto al vacío
El país que quiere, aunque no llega a dibujarlo, es una nación de ciudadanos libres que deben garantizar su propio bienestar y seguridad. Pero asoma, solo asoma en su programa, porque podría ir mucho más lejos introduciendo en el debate público iniciativas para liberalizar sectores productivos y cuestionar o racionalizar el reparto de prestaciones públicas con criterios mucho más agresivos, obligando al gobernante a gastar lo mínimo imprescindible para garantizar la justicia social con servicios públicos básicos, pero rompiendo al mismo tiempo el cordón umbilical de dependencia que sigue uniendo al ciudadano con sus gobernantes y que data de los tiempos predemocráticos.
Las dos Españas de PP y PSOE se adivinan en sus programas económicos. La del PSOE ya la conocemos, la del PP, si se atreviera a llevarla a las últimas consecuencias, sería un salto al vacío que transformaría radicalmente el país. Es, probablemente, lo que los votantes pidieron a Mariano Rajoy en 2011, pero no supo, no quiso o no se atrevió a hacerlo. Es más que una transformación económica, la economía es solo la llave para hacer una catarsis social. La duda es: si Casado tuviera la oportunidad, ¿se atrevería a llevar el modelo hasta sus últimas consecuencias?
Sánchez y Zapatero siguen el mismo patrón. Si el Gobierno dispara el déficit, intensifica el intervencionismo y sube los impuestos, se creará el caldo de cultivo para una nueva crisis.
El líder de Podemos carga contra quienes le han facilitado el dinero para su chalé y contra quienes le publicitan más que a nadie.
