Ana Samboal | 25 de mayo de 2019
No se puede apelar al derecho a la vivienda que consagra la Constitución para después amargar la vida a sus propietarios.
Un buen gestor es el que, con los recursos escasos de los que dispone, logra obtener el máximo rendimiento para aquello que gestiona. Parece de sentido común y es un criterio que puede ser ampliamente aceptado, independientemente de la sensibilidad política de cada cual. Sin embargo, los ciudadanos no acostumbramos a evaluarlo a la hora de decidir nuestro voto en unas elecciones, como las que se avecinan, en las que la gobernación de las ciudades en las que vivimos debería pesar tanto o más que la afinidad ideológica o simpatía que nos despierte uno u otro candidato.
Me planteé la reflexión al leer unas declaraciones del presidente del Consejo General de Economistas alertando de la permanente subida del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles que grava nuestras viviendas. Valentín Pich calcula que representa algo más del 28% de los ingresos municipales y se dispara en las capitales de provincia. En ayuntamientos como el de Ciudad Real ronda el 80%, mientras que en Vitoria, el otro extremo, no llega al 50%.
¿Qué grava el IBI? Pagamos ni más ni menos que por el hecho de tener una casa. Cierto es que algo habrá que pagar para sostener los servicios municipales asociados a una vivienda: las calles y jardines, la iluminación, la seguridad o el servicio de basuras y a las personas que organizan esas funciones básicas asignadas a la gestión municipal. Pero ¿cuánto?, ¿cuál es el impuesto adecuado y justo? Esa es la pregunta del millón a la que ningún partido político da respuesta.
Si un ayuntamiento necesita dinero, no tiene más que apelar al bolsillo del ciudadano y la subida del IBI es la vía más rápida y efectiva.
El debate, siendo crucial dado que afecta a la principal fuente de financiación de nuestros consistorios, ni siquiera ha aflorado a los medios de comunicación en plena campaña, si bien los partidos sí se pronuncian en sus programas. Básicamente, Partido Popular y Ciudadanos prometen bajarlo, si bien no explican hasta dónde ni por qué. Podemos apuesta por subidas selectivas, a los inmuebles vacíos en manos de la banca y a la Iglesia, por ejemplo. Es decir, el partido morado estipula el gravamen en función del propietario y, secundariamente, del uso. Y el PSOE ya dio muestras de sus intenciones en el proyecto de Presupuestos de 2019 que el Congreso de los Diputados devolvió al Gobierno a principios de año. En esa ley, la ministra de Hacienda planteaba una amplísima revisión catastral acercando los valores a los precios de mercado.
Dado que esos precios están subiendo, como alerta el presidente del Consejo General de Economistas, la revisión se traducirá automáticamente en una subida del impuesto, puesto que se calcula aplicando un coeficiente sobre el valor catastral. Es decir, el criterio que aplican los socialistas es: si tu piso vale más, me tienes que pagar más. ¿Aunque reciba los mismos servicios del ayuntamiento? Parece que sí.
Más y más recursos. Eso es lo que demandan los candidatos de la izquierda. Si un gestor empresarial se queda sin ingresos, tendrá que buscar las vías para generarlos, recortar partidas de gasto o asignar lo que dispone de forma más eficiente. Si un hogar necesita más fondos, sus miembros tendrán que trabajar más o suprimir extraordinarios. Pero si un ayuntamiento necesita dinero, no tiene más que apelar al bolsillo del ciudadano y la subida del IBI es la vía más rápida y efectiva.
¿Más recursos para qué? Esa es la segunda pregunta. El dinero, que a los contribuyentes les cuesta esfuerzo y trabajo ganar, no es la fuente de la abundancia que mana sin cesar, como tienden a creer algunos candidatos, ni siquiera cuando son los todopoderosos bancos los que pagan por sus pisos vacíos, que seguramente atesoran porque no les ha quedado otro remedio que quedarse con ellos.
Durante años, antes de la crisis, los ayuntamientos quisieron emular a las comunidades autónomas ampliando sus prestaciones, duplicándolas en muchos casos, con el fin de agradar a colectivos seleccionados, creando bolsas de voto cautivo que les resultaran rentables a la hora de volver a las urnas. Pero la democracia española es ya lo suficientemente madura, y deberían serlo también sus ciudadanos, para pedir explicaciones sobre el precio de esas políticas.
La subida del IBI no puede ni debe ser el bálsamo de fierabrás para ordenar la gestión municipal, solo un impuesto justo que grave los servicios que presta un ayuntamiento. No se nos puede llenar la boca apelando al derecho a la vivienda que consagra la Constitución para después amargar la vida a sus propietarios esquilmándoles por ella con una subida del IBI o impuestos sobre plusvalías injustificados. Los regalos de campaña, que lo paguen de su bolsillo los candidatos.
