Insultos a Ana Magaldi, fiscal jefe de Barcelona . España necesita un rearme ético y social
Pablo Gutiérrez de Cabiedes | 22 de febrero de 2017
Justicia
La regeneración institucional y política de la que está necesitada nuestra democracia pasa por superar situaciones de manifiesta contradicción entre los hechos y los discursos en las actuaciones políticas; de abuso y abierto incumplimiento de la ley y de que se haga apología de ello.
Lo siento. Voy a ser claro sobre los hechos que ha sufrido la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, que no son sino paradigma de la degradación que viene sufriendo nuestro país.
Antecedentes: juicio del 9-N, en el que se enjuician delitos de desobediencia grave a las resoluciones de los tribunales cometidos por autoridad pública (por desarrollar una “estrategia de desafío completo y efectivo” a resoluciones de los tribunales de justicia, “quebrantando de forma plenamente consciente su obligado acatamiento”) y prevaricación administrativa. De ellos viene acusado, entre otros, Artur Mas (si esos delitos se han cometido o no, lo decidirá, con estricta y exclusiva sumisión a la ley, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). Los políticos implicados acuden, desde el Palacio de la Generalitat, en comitiva encabezada por el actual presidente y miembros del poder ejecutivo autonómico y local –exhibiendo, como en otras ocasiones, las varas de mando del poder- recorriendo las calles de la ciudad, siendo recibida en las inmediaciones del Tribunal por una concentración con declaraciones descalificando las actuaciones de los tribunales, entrando con media hora de retraso sobre la hora de inicio del juicio.
A la salida, desde el tumulto concentrado, gritos e insultos a Ana Magaldi; y un hombre que se abalanza sobre ella gritándole: “¡Mierda, fascista, vete de Cataluña, fuera, fuera!«
A la salida, desde el tumulto concentrado, gritos e insultos a Ana Magaldi; y un hombre que se abalanza sobre ella gritándole: “¡Mierda, fascista, vete de Cataluña, fuera, fuera!«. La víctima de estos hechos relata que temió por su integridad. “A mis 64 años de vida nunca había visto reflejada en la mirada de una persona ese odio”. A Magaldi le reprocha la portavoz de la Generalitat que «todo eso entra dentro de la libertad de expresión» y que «entra en el sueldo” la aceptación de la crítica, “porque hay miles de personas que estaban viendo un juicio injusto”, al tiempo que niega cualquier acoso o incidencia.
La regeneración institucional y política de la que está necesitada nuestra democracia pasa por superar situaciones de manifiesta contradicción entre los hechos y los discursos en las actuaciones políticas; de abuso y abierto incumplimiento de la ley y de que se haga apología de ello.
Cataluña y el derecho a decidir
- Yo pensaba que lo que caracterizaba al fascista era pertenecer a un movimiento político y social de exaltación de un nacionalismo fuertemente identitario -y la exhibición de sus símbolos-, del sentimiento sobre el Estado de Derecho y la identificación de tierra, pueblo y Estado con partido y líder, mediante un eficaz aparato de propaganda, derivando en violencia (por masas adoctrinadas o por elementos determinados, pero inspirados en ese movimiento y propaganda) contra aquellos que se señalan como enemigos. ¿Es este el caso de Ana Magaldi? ¿Es ella acaso quien encajaría en esta definición?
- Yo pensaba que el acoso, los insultos y la intimidación contra una mujer eran cobardes, detestables y condenables en todo caso (por cierto, la exacerbación de determinada “virilidad” es otra nota del fascista). Yo pensaba que era aún más indigna si cabe la justificación -encima- de “provocación” (por pararse ante los insultos) de quien sufre esa violencia sin agachar la cabeza.
- ¿Alguien se cree realmente que es fascista promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, con autonomía funcional, y velar por la independencia de los Tribunales? Porque esa es la finalidad constitucional y legal del Ministerio Fiscal: quizá merezca la pena recordarlo (aunque no fuera la insultada –catalana- quien lo hizo respecto de Mas). Lo hicieron dos fiscales anticorrupción (Sánchez Ulled y Bermejo) a los que Magaldi igualmente acompañó y defendió ante la arremetida de signo ideológico opuesto (de un sindicato de Madrid), por supuesto “poco celo” contra el mismo partido del gobierno catalán, por lo cual fue entonces elogiada por este.
¿Alguien duda de que la libertad de expresión no ampara el insulto, la intimidación y mucho menos el odio?
¿Hace falta recordar que los “responsables políticos” que ven aceptables ahora los insultos o la intimidación la consideraron delictiva cuando la sufrieron ellos en la puerta del Parlament? ¿…que instaron al legislativo a recurrir la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional? ¿…que la portavocía del mismo Govern celebró las condenas a prisión que terminó imponiendo el Tribunal Supremo español a ocho allí concentrados, porque “no se entendería que se quedara en nada lo que pasó allí”, que fue “una intimidación”?
Según el expresident, en este caso “los que han insultado son determinados estamentos del Estado”. Por cierto, el victimismo ha sido siempre consustancial al movimiento y sentimiento fascista.
- Yo pensaba que, en democracia, todo proyecto social y político se podía y debía defender sobre la base del respeto de los derechos de todos, del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho. Y que uno de sus pilares fundamentales es la independencia de la Justicia, sometida exclusivamente a la ley aprobada democráticamente, no sufriendo injerencias ni presiones de nadie, y menos del poder ejecutivo o de una parte.
- ¿Hay algo más rancio, más antidemocrático y propio de totalitarismos que la no sujeción al Derecho por quien ostenta el Poder? ¿Que el gobernante no se someta a la ley y a las resoluciones de los Tribunales que las aplican, que a todos se exige?
- ¿No sería símbolo de la degradación ética de la política que sea motivo de discusión y hasta de reproche que deban cumplirse las sentencias de los Tribunales? ¿Y concretamente del Alto Tribunal de nuestro país, que ha tramitado y juzgado durante casi 40 años, del modo más garantista concebible, desde un amplísimo desarrollo autonómico, hasta terroristas que asesinaron a su expresidente?
- ¿No sería una superación casi imposible de esa degradación, en asombrosa combinación con puerilidad, política e histórica, o hipocresía –culminación de todas las corrupciones– esgrimir que no se quiso desobedecer y que fueron otros y -¡al mismo tiempo!- poner en duda, precisamente y en este momento, la “legalidad” del Tribunal Constitucional y su “independencia” –más aun si se hiciera por quien se ha opuesto a ella- para no cumplir las resoluciones judiciales o hacerlo solo cuando digan lo que uno le place, con una “legalidad a la carta”?
Yo pensaba que, en democracia, todo proyecto social y político se podía y debía defender sobre la base del respeto de los derechos de todos, del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho
Imagino que, en realidad, no engañan a nadie quienes lo pretenden. Pero ¿por qué ha de sufrir nuestro país, nuestras instituciones, por tanto tiempo, esta mediocridad y, a la vez, esta falsedad oficializada? Más aun: ¿es que en nuestro país el sectarismo, la vejación, el acoso y la violencia –y la violencia sobre la mujer- está justificada –selectivamente, reiteradamente- cuando se produce desde determinado ámbito del espectro socio-político sobre otro? Sería muy triste. Sería muy cínico. Sería muy miserable.
Urge un rearme moral, ético, social e institucional. Una recuperación en la lucha por las ideas y los principios. Una defensa de los derechos, el Derecho, el Estado de Derecho. Una recuperación de valores: honestidad, dignidad… vergüenza torera.