Vicente Navarro de Luján | 27 de julio de 2019
El espionaje a alumnos menores de edad para saber si hablan catalán es una medida totalitaria que supone una violación flagrante de sus derechos fundamentales.
Este episodio es un intento de conformar una sociedad desde los dictados del poder político.
Adoctrinamiento infantil: el odio que viene de las nuevas generaciones
Ciertamente, como pintó Goya, el sueño de la razón produce monstruos, pero mucho más se da ese supuesto cuando la razón es sustituida por una pulsión obsesiva y asentada en un neurótico fanatismo. Escribo esto porque hace días leí atónito en diversos medios de comunicación que una llamada ‘Plataforma per la Llengua’ colaba de rondón a espías en los patios de recreo de colegios de Cataluña para observar a los menores que en ellos jugaban y elaborar informes acerca de la lengua en la que hablaban mientras se divertían.
Los autores de los informes gimoteaban en sus comparecencias públicas, porque solo el 14,6 de los menores jugaban/hablaban en catalán. ¡Qué horror! ¡Qué drama! ¿Para eso ha invertido la Generalitat de Cataluña cientos de miles de euros intentando la “normalización lingüística”? El fracaso está a la vista.
Con ser grave ese insistente derroche de recursos públicos, lo peor es que el comportamiento desarrollado por los integrantes de esta organización viola flagrantemente los derechos fundamentales de estos menores que, de forma oculta y artera, han sido espiados, porque, en definitiva, los que han perpetrado esta acción han violentado el derecho a la intimidad de los menores estudiados como si fueran cobayas, puesto que el recinto escolar donde se hallaban es prolongación del espacio de su intimidad personal. Tal espionaje constituye, a mi juicio, una inicua violación de los derechos reconocidos en el artículo 18 de nuestra Constitución, que garantiza los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, protección jurídica que se aumenta cuando los titulares de esos derechos son menores de edad.
Así, la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, entre los derechos que reconoce a los menores, en su artículo 2.2. c) establece el de “la preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad”, de suerte que el menor tiene derecho a usar su lengua en cualquier ámbito y situación, sobre todo cuando el texto constitucional y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña reconocen la cooficialidad del castellano o español junto con la lengua autóctona.
Con este nuevo episodio revivimos un intento totalitario de conformar una sociedad desde los dictados del poder político, sin respeto a la libertad individual, a los derechos reconocidos en nuestra normativa constitucional y en los tratados internacionales relacionados con los menores. Porque, en definitiva, el desarrollo cultural, personal e intelectual del menor se opera en un ámbito complejo de influencias, en el que actúan la cultura y la lengua de la familia en la que ha nacido y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos –incluida la lengua en la que han de ser educados- .
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, dice el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual implica que cualquier intento de imposición desde el poder en esta materia constituye un atentado contra los derechos individuales y una intromisión ilegítima en aquella esfera de intimidad personal y familiar que incumbe respetar en toda sociedad democrática.
Si ser observado sin consentimiento ya es grave en una encuesta dirigida a público adulto, resulta intolerable cuando el objeto de la misma son menores
La metodología seguida por la entidad citada para desarrollar esta “investigación” repugna, porque los observados o encuestados no sabían la finalidad de lo que se estaba haciendo, de forma que los setecientos cincuenta alumnos utilizados en esta burda actividad se prestaban a ella con absoluto desconocimiento de lo que se estaba haciendo, lo cual, si ya es grave en una encuesta dirigida a público adulto, resulta intolerable cuando el objeto de la misma son menores.
Todo ello con manifiesta complicidad de las autoridades competentes y con absoluta inoperancia de las instituciones jurídicas, que tienen como función proteger a la juventud y a la infancia. ¡Todo sea por el propósito de construir una Cataluña a la medida de ciertos gobernantes y excluyente de la mitad de su población, como se deduce incluso de los datos de la propia encuesta!
