Manuel Llamas | 30 de julio de 2019
La Alta Velocidad es un gastadero sin control cuyo objetivo consiste en la compra de votos haciendo un uso irresponsable del dinero del contribuyente.
El AVE supone a Adif una deuda próxima a los 15.000 millones.
El uso de la Alta Velocidad en España es inferior al del resto de países.
Si el derroche es entendido como la realización de algo innecesario a costes desorbitados, España, por desgracia, ocupa un lugar de honor en el ranking mundial de despilfarro a nivel ferroviario, tal y como advierte, una vez más, un reciente informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El desarrollo de la Alta Velocidad (AVE) ha sido defendido a capa y espada por la inmensa mayoría de los partidos políticos bajo el abstracto argumento de la “vertebración territorial” y la aún más difusa “rentabilidad social”, pero la realidad es que constituye un gastadero sin control, cuyo verdadero objetivo consiste en la compra de votos haciendo un uso irresponsable del dinero de los contribuyentes.
España cuenta, en la actualidad, con un total de 2.655 km de AVE, situándose así a la cabeza de Europa y en el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a longitud de red, al tiempo que se proyecta construir otros 904 km de vías en los próximos años. Su coste supera, hasta el momento, los 45.000 millones de euros y ha supuesto al administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) la acumulación de una deuda próxima a los 15.000 millones. Con independencia de la cantidad desembolsada, dicha inversión tendría sentido si registrara una mínima rentabilidad, pero los datos demuestran que, lejos de resultar un proyecto necesario y beneficioso para el conjunto de la sociedad, la obra en cuestión supone un colosal dispendio de recursos públicos, uno de los mayores de la historia de España.
Para empezar, porque el uso del AVE es sustancialmente inferior al del resto de países. En 2016, por ejemplo, esta red apenas transportó 6,2 millones de pasajeros por cada kilómetro de red construido, registrando así una intensidad muy inferior a la media europea, superando tan solo a Holanda.
Además, el número de trenes que circulan diariamente es absurdamente bajo en comparación con la capacidad real de las vías, ya que apenas alcanza una media del 24%. De hecho, en algunos trayectos el tráfico ni siquiera supera el 10%, mientras que el tramo Madrid-Barcelona, uno de los más utilizados, apenas ronda el 41%. Y, por si todo ello fuera poco, la velocidad media del AVE está muy lejos de su potencial, puesto que, mientras que algunos corredores (Levante, Nordeste y Sur) muestran velocidades cercanas a 200 km/h, otros, como los Transversales, Internacional y Norte, oscilan entre los 130 y 160 km/h, similares a las del resto de trenes de larga distancia.
Como resultado de esta escasa intensidad de uso, la CNMC destaca que el 35% de las líneas de AVE no es rentable desde el punto de vista económico, puesto que los ingresos que generan mediante la venta de billetes no cubren el coste que supone la prestación del servicio. El gran problema, sin embargo, es que este cálculo no incluye la enorme factura que ha supuesto la construcción de dichas vías. Y es que, una vez sumado el coste financiero, la triste conclusión es que ninguno de los corredores de alta velocidad operativos en España alcanza el umbral mínimo de rentabilidad que sería necesario para poder amortizar la inversión realizada a largo plazo, dado el escaso volumen de viajeros.
Los ingresos de todos los corredores están muy lejos de cubrir el coste de la inversión llevada a cabo para la construcción de la infraestructuraFedea
Un estudio de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) señala que, en el caso de España, una línea de AVE de unos 500 km de longitud debería contar con más de 10 millones de pasajeros el primer año de operación para resultar rentable, lo cual no se cumple. “Los ingresos de todos los corredores están muy lejos de cubrir el coste de la inversión llevada a cabo para la construcción de la infraestructura”, alertaba el texto. La facturación que generaría el tramo Madrid-Barcelona hasta mediados de siglo, por ejemplo, tan solo alcanzaría para cubrir el 46% de la inversión realizada, mientras que en la línea Madrid-Andalucía la amortización del dinero desembolsado rondaría el 11%.
Y algo similar sucede con la denominada “rentabilidad social”, puesto que el relativo ahorro de tiempo que conlleva el AVE para sus pasajeros, medido en términos monetarios, no compensa ni de lejos el enorme esfuerzo fiscal que implica su construcción para el conjunto de la sociedad. No en vano, cabe recordar que el transporte ferroviario tiene en España una cuota muy reducida en comparación con otros medios terrestres, representando un 6,6% de los viajeros por km recorrido, inferior incluso a la media del 7,7% de la UE.
El AVE, por tanto, no sale a cuenta, ni desde el punto económico ni social. El grueso de los contribuyentes (vía impuestos) y el resto de viajeros de tren (vía subidas de precio en los billetes) se ven obligados a financiar una obra suntuosa, cara e innecesaria para beneficio de un reducido grupo de usuarios. La única motivación que tiene esta fiebre del AVE en España son los supuestos réditos políticos que aporta su construcción a los Gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico. Ganan ellos, pero pagamos todos.
Animar a que empresas y familias se endeuden por encima de sus posibilidades es justo lo que aconteció durante la burbuja crediticia de la pasada década.
