Ana Samboal | 31 de julio de 2019
Elevar el nivel de educación en habilidades tecnológicas es la asignatura pendiente, pues los jóvenes más penalizados son los que tienen menor cualificación.
La devaluación salarial afecta a todas las capas de la población.
España necesita empresas de nivel tecnológico medio-alto.
El salario de los jóvenes de hoy es inferior al que hubieran percibido hace una década. Lo revela un reciente estudio del Banco de España. Los que salen peor parados en el informe son los menos cualificados, que perciben una remuneración media más propia de finales de los noventa.
Las causas que explican esa realidad son múltiples. La más relevante es el paro, que, a pesar de haber caído, sigue afectando especialmente a ese segmento de población. Un segundo factor es el número de horas trabajadas, que, como consecuencia de una oferta de empleo más baja, se ha reducido. Y hay una tercera causa, la devaluación salarial que ha afectado a todas las capas de la población trabajadora. La decretó José Luis Rodríguez Zapatero en el sector público en 2010 y continuó bajo el mandato de Mariano Rajoy, con la congelación de los sueldos de los funcionarios y recortes, en muchos casos mucho más drásticos, en la empresa privada de los que todavía no se han recuperado en algunos sectores.
La devaluación salarial fue uno de los pilares del ajuste que la economía española se vio obligada a hacer para sortear la recesión. En las crisis de los ochenta y noventa, la devaluación de la moneda era la solución más socorrida. Bajábamos el precio de la peseta y, de ese modo, nuestros productos se vendían con más facilidad en el exterior, puesto que eran más baratos. Ahora bien, si nuestra peseta valía menos, nuestra capacidad de compra de productos de importación era más baja y también lo eran los ingresos que percibíamos por las mercancías que colocábamos fuera de nuestras fronteras. Ajustábamos los desequilibrios, pero también el incentivo para exportar se reducía considerablemente y la consecuencia era, al igual que ahora, el empobrecimiento automático del país.
Hoy, dado que compartimos el euro con nuestros principales socios comerciales y hemos perdido gran capacidad de soberanía en nuestra política monetaria, el único factor que podemos tocar para abaratar nuestros productos y servicios con el fin de ganar competitividad es el factor trabajo. Al reducir los costes laborales, los precios de exportación se recortan automáticamente. La consecuencia es la misma que en los noventa: vendemos más en el exterior, aunque perdemos capacidad de compra. En definitiva, somos más pobres.
No obstante, no todo es igual que hace tres décadas. La economía española ha cambiado mucho y lo ha hecho en la buena dirección. Formar parte del euro nos ha permitido establecer relaciones comerciales sólidas y duraderas con los países de nuestro entorno, no supeditadas a la coyuntura, como en el siglo pasado.
La reforma laboral supone un salto cualitativo relevante para mantener los puestos de trabajo
Las empresas españolas han abierto mercados internacionales, han entrado para quedarse y eso, si nuestros Gobiernos logran entenderlo y no las penalizan fiscalmente por ello, tiene su rédito en forma de retorno de beneficios hacia nuestro territorio. Y, en lo que atañe directamente al empleo, la reforma laboral supone un salto cualitativo relevante para mantener los puestos de trabajo: el ajuste en las empresas se puede hacer bajando los sueldos, pero no destruyendo empleos, lo que elevaría aún más la precariedad de nuestro mercado laboral.
Hecho el ajuste, lo relevante ahora es centrarse en el presente y en el más inmediato futuro: ¿cómo resolver el gran problema de los bajos salarios de los jóvenes? La respuesta más sencilla sería subirlos, pero eso solo nos retrotraería al punto de partida. Iniciaríamos una espiral de precios-salarios que encarecería nuestros productos y servicios, no elevaría el poder de compra de los más jóvenes ni les permitiría emanciparse. La alternativa es más compleja, más costosa económicamente y en términos de esfuerzo, pero también más sólida.
La educación debe ser el punto de partida. El propio informe del Banco de España revela que los jóvenes más penalizados salarialmente son los que tienen una cualificación más baja. Elevar el nivel de educación en habilidades tecnológicas generalizando la formación profesional, que prácticamente goza de pleno empleo, es la gran asignatura pendiente.
La respuesta más sencilla sería subir los salarios de los jóvenes, pero iniciaríamos una espiral que encarecería nuestros productos y servicios
Con todo, no acabaría de resolver el problema. Nuestros gobernantes están obligados también a sacudirse los complejos ideológicos para remover de una vez por todas las trabas que impiden que la tasa de paro friccional en nuestro país baje del 10%, una verdadera anomalía en Europa, y a crear el marco adecuado para que la industria, mucho más estable laboralmente, se desarrolle. El modelo productivo que nos permitió entrar en el euro y competir con los países de nuestro entorno, basado en los bajos salarios, ya no es válido. España necesita empresas de un nivel tecnológico al menos medio-alto, que aporten valor añadido al mercado global.
Lamentablemente, las disputas políticas para ver quién ocupa los sillones en las que llevamos enredados casi una década nos distraen del objetivo más importante: dotar de unas bases sólidas a la economía que permitan ganar un futuro de bienestar a las nuevas generaciones.
Ayuntamientos y partidos políticos emplean las licencias urbanísticas como vía de financiación de sus intereses electoralistas o para cobrar mordidas.
