Javier Arjona | 30 de noviembre de 2019
La Segunda República se ha convertido en un magnífico espejo en el que mirar y analizar los acontecimientos que vienen sucediendo en la España del siglo XXI.
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Reza el dicho popular que «un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla«… y seguramente sea cierto. Hace tiempo que en ciertas comunidades autónomas la historia de España es la gran olvidada, después de que la Constitución de 1978 permitiese la transferencia de la competencia en educación y comenzaran a reescribirse los libros de texto con los que se ha aprendido, durante al menos dos generaciones, que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, que los países catalanes llegan hasta Murcia o que la península ibérica está al sur de Euskal Herría, todo ello tamizado de actividades variopintas como la de reivindicar la necesidad de un Estado catalán a partir del análisis de un texto de Enric Prat de la Riba.
Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República, después de unos meses preparatorios en los que el Pacto de San Sebastián decidió apuntillar a la monarquía alfonsina y crear un Comité Revolucionario, liberales y conservadores ya habían dado paso a un rosario de nuevos partidos, entre los que destacaban el PSOE liderado por Julián Besteiro, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, Acción Republicana de Manuel Azaña o Derecha Liberal Republicana, encabezada por el cordobés Niceto Alcalá-Zamora, que se convertiría en presidente del primer Gobierno Provisional.
Todas estas formaciones habían concurrido a las elecciones municipales de abril de 1931 bajo la Coalición Republicano-Socialista, con la ilusión de poner fin a una etapa oscura en la que la dictadura de Primo de Rivera, impulsada por el propio rey Alfonso XIII, había cercenado las libertades suspendiendo la Constitución de 1876. Como dice el propio Alcalá-Zamora en sus memorias, «patente la culpa del monarca, ineludible y justa su caída con el dictador, aún hubiera podido abdicar […]. Luego, no hubo más solución que la República». Lo dice un personaje que había sido ministro con Manuel García Prieto, liberal en lo político, conservador y católico por sus raíces, y que buscó instaurar una ‘República de orden’.
El gran reto de Alcalá-Zamora en aquellos comienzos, y poco después ya como presidente de la república, fue tratar de neutralizar a la izquierda sectaria que tenía perfectamente catalogada y que abanderaba Manuel Azaña, un personaje desaparecido durante los meses críticos que precedieron a la llegada de la república y que, con el viento a favor del nuevo régimen, enseguida se situó en el primer plano de la política nacional. Los incidentes de quema de conventos de mayo de 1931 y, sobre todo, la redacción del controvertido artículo 26 de la nueva Constitución, en el que se definían las bases de un Estado laico y anticlerical, provocaron la dimisión de don Niceto, que enseguida comprendió cómo iba a jugar sus cartas aquella izquierda radical.
Manuel Azaña pronunció con orgullo, en el Congreso de los Diputados, aquella frase de «España ha dejado de ser católica«, en vísperas de la aprobación de la Constitución de 1931, al tiempo que iniciaba al frente del Gobierno un bienio que supuso un torrente de reformas en las cuestiones regional, militar, agraria, laboral y educativa, siempre caracterizadas por un sesgo excluyente con el que apartó del debate político a la oposición. Tal y como dijo en su momento el historiador Javier Tusell refiriéndose a este periodo: «La Segunda República fue una democracia poco democrática«. Pasados dos años, la conflictividad social acabó forzando la dimisión de Azaña y la llegada al Gobierno de Alejandro Lerroux.
Durante el bienio radical-cedista, tuvo lugar la Revolución de octubre de 1934, en la que la izquierda, que había perdido el gobierno en las urnas en 1933, no fue capaz de resignarse y, abandonando la vía parlamentaria, adoptó la insurreccional para volver al poder a cualquier precio. Aquella estrategia socialista, encabezada por Francisco Largo Caballero, acabó provocando 1.500 muertos y más de 30.000 detenidos, mientras Lluis Companys aprovechaba el complicado momento para proclamar el Estado Catalán. Los responsables políticos fueron detenidos y encarcelados, al tiempo que el desgaste del Gobierno provocaba la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales para febrero de 1936.
Erosionado el centro-derecha, pero todavía con un considerable apoyo político, la izquierda, nuevamente encabezada por Azaña, lanzó una nueva ofensiva para volver a tomar el poder, reeditando la vieja alianza republicano-socialista, pero únicamente con partidos de izquierda, moderados y radicales, a los que hubo de sumar a los nacionalistas si quería derrotar a la CEDA de José María Gil-Robles. Nacía el Frente Popular para ganar al coste que fuera.
Tras el escrutinio, los partidos de la coalición liderada por la derecha católica obtuvieron un 43% de los escaños, por el 57% del Frente Popular. Ciertas irregularidades detectadas en el recuento no fueron revisadas tras la providencial intervención del PNV para que la Comisión de Validez diera por buenas las actas, y con ello se otorgara la victoria al bloque de izquierdas. Desde entonces y hasta el mes de julio, el ambiente irrespirable de crispación social hizo que decenas de atentados condujeran a una sublevación militar el 18 de julio de 1936.
Todo aquello sucedió hace casi un siglo durante la Segunda República. En la España del siglo XXI es posible que se acabe conformando por primera vez desde entonces un Gobierno de coalición con partidos de todo el espectro de la izquierda, tanto moderados como radicales, y con el apoyo de formaciones independentistas, tal y como sucedió en abril de 1936. El nuevo Gobierno del Frente Popular lo primero que hizo entonces fue provocar la caída del presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora, por haber sido un freno a las políticas sectarias de aquella izquierda.
Estaremos expectantes a ver qué tipo de Gobierno quiere encabezar el PSOE a finales de este 2019, a qué coste, y cuáles podrían ser sus consecuencias en los planos social y económico. Tras los acontecimientos vividos en Cataluña en estos últimos años, y con la amenaza de una crisis económica en el horizonte, el país necesitaría un Gobierno sólido, fruto de una coalición entre partidos moderados y constitucionalistas. Sin embargo, no parece haber la necesaria altura de miras entre los dos principales partidos políticos y, tras cuatro convocatorias de elecciones generales desde 2015, podría acabar conformándose un Gobierno excluyente y sectario reeditando aquel del Frente Popular presidido por Azaña que apenas duró 4 meses.
El objetivo del Pacto de San Sebastián era poner fin al reinado de Alfonso XIII y dar paso a la república.
La ciudadanía demanda consenso, por lo que aquellos partidos que lideren los acuerdos de Estado serán los más beneficiados
