Manuel Llamas | 01 de abril de 2020
Las medidas económicas tomadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus ponen en riesgo la futura recuperación del tejido empresarial.
Pese a haberlo negado por activa y por pasiva, el Gobierno, finalmente, decretó el pasado domingo el confinamiento estricto de la población, tras ordenar el cierre de todas las actividades que no se consideren “esenciales”, con el fin de frenar la oleada de contagios por coronavirus. Esta medida supondrá parar en seco la mayoría de la actividad económica en España durante, al menos, dos semanas y, si bien es cierto que, dadas las circunstancias, puede resultar eficaz para combatir la grave crisis sanitaria que sufre el país, sus consecuencias podrían ser devastadoras para el conjunto de la economía nacional, a menos que se adopte un gran plan de choque para amortiguar el golpe.
Por desgracia, el tándem que conforman Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no solo carece de dicho plan, sino que su sectarismo agravará de forma muy sustancial la colosal crisis económica que aguarda a la vuelta de la esquina. Lo primero que llama la atención es que hayan adoptado una decisión de semejante calado sin tan siquiera consultar a las patronales empresariales, las principales damnificadas por el cierre total, o, como mínimo, a las comunidades autónomas, cuyo conocimiento sobre los sectores productivos es más cercano y profundo. Lo peor, sin embargo, es que el Gobierno ha arrojado la economía española al vacío sin contar con una mínima red o colchón que evite, en la medida de lo posible, el impacto mortal con el suelo.
Por increíble que parezca, socialistas y comunistas siguen confiando en una recuperación en forma de V, ya que dan por hecho que se recobrará la normalidad en dos o tres meses, cuando se levante la cuarentena de forma definitiva. Su diagnóstico, por desgracia, no puede ser más erróneo. Primero, porque no habrá recuperación posible sin la realización de test masivos a la población y la puesta en marcha de un sofisticado sistema tecnológico para geolocalizar a los infectados y, de este modo, mantener bajo control los posibles contagios. Y, segundo, porque, aún implementando las citadas precauciones de forma correcta y diligente, la reactivación económica será, probablemente, lenta y gradual, con lo que costará tiempo recuperar el nivel de actividad previo al estallido de la pandemia, siempre y cuando no se descubra antes una vacuna o un tratamiento eficaz contra la enfermedad.
Y si el diagnóstico del Gobierno es erróneo, su receta es, si cabe, peor. El único modo de amortiguar un parón productivo como el actual consiste en facilitar toda la liquidez posible para que las empresas puedan cubrir sus pagos inmediatos, así como articular las medidas necesarias para reforzar su solvencia a medio plazo en un entorno de desplome generalizado de ingresos como consecuencia del confinamiento masivo de la población. La dinámica es sencilla de entender: si una compañía ingresa cero euros, pero tiene que seguir pagando todos sus costes fijos, desde sueldos y alquileres hasta préstamos e impuestos, es muy probable que no sobreviva más de dos o tres meses.
En tal situación, lo lógico es que el Ejecutivo les hubiera lanzado un salvavidas en forma de avales, aplazamientos, exenciones, rebajas fiscales y una gran flexibilidad regulatoria para adaptarse de la forma más rápida y eficiente posible al inédito contexto que se deriva de la cuarentena. Pero nada más lejos de la realidad. En materia fiscal, lo único que han hecho Sánchez e Iglesias es permitir el aplazamiento de deudas tributarias de escasa cuantía, por un máximo de 30.000 euros, a pymes con facturación inferior a 6 millones anuales, durante un período de tres meses sin recargos.
Y lo mismo sucede con las cotizaciones sociales, puesto que el Gobierno aprobó el pasado martes una moratoria de seis meses sin intereses ni recargos para el pago de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos y pymes correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, aunque con algunas condiciones, pero sin rebaja ni condonación de ningún tipo. Así pues, más allá de su limitado alcance, esto significa que, en el mejor de los casos, los potenciales beneficiarios tendrán que pagar en verano lo que hoy no abonen, junto con el resto de tributos y obligaciones, mientras que los demás tendrán que seguir cumpliendo con Hacienda en tiempo y forma.
Por si fuera poco, la opción de realizar despedidos temporales (ERTE) con carácter extraordinario, que exonera del pago de cotizaciones sociales, está condicionada al mantenimiento del empleo durante seis meses desde la reanudación de la actividad, lo cual será, en muchos casos, misión imposible. Y todo ello sin contar que los citados ERTE requieren de la concesión de una autorización administrativa previa que, ante el volumen de despidos que se está registrando, amenaza con retrasarse, elevando aún más la inseguridad jurídica y la incertidumbre.
Y, como broche final, la “prohibición de despedir” recientemente anunciada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque, en realidad, se trata de encarecer el despido. Las empresas que vean mermados sus ingresos durante estos meses, que son casi todas, no podrán alegar fuerza mayor ni causas objetivas para ajustar sus plantillas, de modo que, en caso de despedir, tendrán que pagar una indemnización de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, en los contratos anteriores a febrero de 2012, y de 33 días, con un máximo de 24 mensualidades, a partir de esa fecha. Una factura muy superior, por tanto, al despido objetivo, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Aprobamos un nuevo paquete de medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras.
-No estará justificado el despido por causas relacionadas con el #COVID19
-Los contratos temporales deberán reanudarse tras la emergencia.No dejaremos a nadie atrás.#CMin #ProhibidoDespedir pic.twitter.com/kmH0s3kom7
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 27, 2020
Si a todo ello se suma que las empresas tendrán que seguir abonando los sueldos del 30 de marzo al 9 de abril pese a haber cerrado sus negocios, el panorama que presenta la economía española es desolador. El Gobierno mantiene intacto el pago de impuestos, exige duras condiciones para acogerse a ERTE y encarece el despido en el peor momento posible. Esta particular combinación provocará la quiebra de miles de empresas y condenará al paro a millones de trabajadores.
Si los ERTES acaban con el estado de alarma
Los despidos de eventuales están prohibido
Y hay q mantener empleo hasta el 1 de enero para no tener que devolver seguros sociales y desempleo
El Ministerio de trabajo debe habilitar un buzón para enviar las llaves de nuestros negocios— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) March 28, 2020
Sin las medidas adecuadas, la crisis sanitaria y el parón se alargarán, provocando la quiebra de empresas y una gran oleada de despidos e impagos.
Testimonios de profesores universitarios, de Formación Profesional y de colegios que se adaptan para convertir el salón de casa en un aula.
