Manuel Llamas | 25 de mayo de 2020
España es el único país de Europa que mantiene un impuesto sobre la riqueza. Si el Gobierno de Sánchez e Iglesias decide ahora dispararlo con la excusa de la COVID-19, el resultado será un mayor empobrecimiento del conjunto de la sociedad.
El cobro de impuestos es, por naturaleza, coactivo y confiscatorio, cuyo incumplimiento lleva aparejadas importantes sanciones e incluso penas de cárcel, de ahí, precisamente, que su nombre sea «impuesto» y no «voluntario», pero la tributación sobre el ahorro, el patrimonio o la riqueza supera en mucho esa intrínseca condición coercitiva, hasta el punto de convertirse en un mero y simple robo, cuya aplicación, además, conlleva consecuencias muy negativas.
Esto, y no otra cosa, es el actual Impuesto de Patrimonio en España y lo mismo, o peor, será el futuro impuesto sobre la riqueza que pretende aprobar Podemos con el visto bueno del PSOE. El partido que lidera Pablo Iglesias tiene la intención de sustituir el tributo vigente por una nueva tasa para gravar los patrimonios de más de 1 millón de euros, con el objetivo de recaudar el 1% del PIB, unos 11.000 millones al año.
¿Cómo se financian los hospitales, las escuelas, las infraestructuras, la protección social? Con un sistema fiscal progresivo como marca la Constitución. El verdadero patriotismo no es sacar una bandera, es contribuir con los impuestos que te corresponden. pic.twitter.com/JpEMGA63Ml
— Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) May 14, 2020
Contaría con un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y los tipos a aplicar irían desde un mínimo del 2% a partir del millón de euros, pasando por un 2,5% a los de más de 10, un 3% por encima de 50 y hasta un 3,5% a los que superen los 100 millones. Y, al tratarse de un impuesto exclusivamente estatal, las comunidades autónomas carecerían de competencia alguna para establecer bonificaciones de ningún tipo, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.
Lo primero que cabe señalar al respecto es que, a diferencia de lo que pregona la izquierda, la finalidad de este impuesto no es recaudatoria, sino puramente ideológica. Podemos, como todo partido comunista, condena la riqueza, detesta que la población prospere y, por tanto, considera que la acumulación de patrimonio debe ser penalizada, cuando no directamente erradicada mediante la confiscación estatal.
Los supuestos ingresos que generaría este tributo son absolutamente irreales. Hoy por hoy, el Impuesto de Patrimonio apenas recauda 1.350 millones de euros en España, cifra equivalente al 0,1% del PIB, y su récord histórico lo alcanzó en 2008, en el pico de la burbuja inmobiliaria, con cerca de 2.300 millones, el 0,2% del PIB. Los comunistas, por tanto, pretenden multiplicar por diez la recaudación.
Esto significa que, bajo el marco vigente, los poco más de 175.000 contribuyentes ‘ricos’ que sufragan este tributo en España, con un patrimonio medio de 3,3 millones de euros, pasarían de abonar una media de 6.400 euros al año a cerca de 64.000. Muchos, por tanto, tendrían que pagar por el simple hecho de alcanzar un determinado umbral de riqueza, perdiendo así dinero año tras año, con la consiguiente descapitalización de sus activos.
Y es que, siendo el actual Impuesto de Patrimonio un robo, no es lo mismo hacer frente a un tipo medio del 0,8%, cuyo coste se puede cubrir con la rentabilidad proveniente de inversiones e inmuebles, que a otro del 2%, como mínimo, en un contexto de tipos de interés históricamente bajos, donde la obtención de ganancias no es tarea sencilla.
Como consecuencia, la entrada en vigor de esta tasa no solo incentivaría la fuga de capitales, sino que elevaría el fraude fiscal, al tiempo que dificultaría la llegada de inversión exterior en un momento en el que España necesita con urgencia impulsar la actividad económica para salir cuanto antes del profundo agujero que ha dejado tras de sí la crisis del coronavirus. Valga como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, donde el Impuesto de Donaciones está bonificado al 99%, ya que antes de dicha rebaja apenas se registraban 4.000 donaciones al año, mientras que ahora se contabilizan más de 46.000, habiendo aumentado en más de un 50% la recaudación obtenida.
Si tributar dos o tres veces por lo mismo, tal y como sucede con toda la imposición sobre el ahorro, ya es una aberración per se, pagar por el mero hecho de acumular y mantener un patrimonio, sea este mayor o menor, sin tener en cuenta la existencia o no de ganancias, constituye un atraco a mano armada, un clamoroso expolio, un robo injusto e indiscriminado cuyo origen reside en un pecado capital: la envidia.
Con tales mimbres, no es de extrañar que el impuesto sobre la riqueza sea una especie en extinción a nivel mundial, siendo España el único país de la UE que, incomprensiblemente, lo mantiene vivo. Si el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias decide ahora dispararlo con la excusa de la COVID-19, el resultado será un mayor empobrecimiento del conjunto de la sociedad. Si se penaliza la generación de riqueza, se obtendrá menos riqueza o, lo que es lo mismo, pobreza, y eso es justo lo que acaba produciendo, siempre y en todo lugar, el socialismo más radical y exacerbado.
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