Miguel Ángel Solana Campins | 10 de septiembre de 2017
La necesidad de instalar un Almacén Temporal Centralizado, ATC, para los residuos radiactivos de alta actividad se valoró en el Congreso de los Diputados dando como resultado la aprobación del VI Plan General de Residuos Radiactivos en 2004, contando con el visto bueno de todos los partidos políticos. Esta decisión se tomó ante la necesidad de un almacenamiento que actualmente se realiza en las propias piscinas de las centrales nucleares, o bien en Almacenes Temporales Individualizados, denominados ATI. También existen residuos de estas características fuera de nuestras fronteras; que se enviaron a instalaciones de Reino Unido y Francia, entre 1971 y 1989. Pero el contrato que regulaba la custodia de estos residuos expiró en 2010 y al no poder asumir su retorno, por no disponer de un lugar apropiado, estamos pagando multas a razón de hasta 60.000 € diarios.
NOTICIA | @gobjccm remite a @mapamagob un nuevo informe que ve "inviable" la instalación del ATC en Villar de Cañas ?https://t.co/NDcQABFWgi pic.twitter.com/ZFRmLtdPt5
— Noticias CMM (@CMM_noticias) September 6, 2017
De los residuos radiactivos producidos en España el 95% son de baja y media actividad y el otro 5% (160 toneladas anuales) de alta. En 2009 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero planteó la necesidad de un Almacén Temporal Centralizado, ATC. A pesar de encontrar grandes reticencias entre algunos sectores de la población 13 localidades presentaron sus propuestas para albergar la futura instalación. El 30 de diciembre de 2011 se aprobó en Consejo de Ministros una resolución por la que se seleccionaba al municipio de Villar de Cañas (Cuenca), contando con el beneplácito de su Ayuntamiento y una gran mayoría de vecinos.
Es necesaria una política energética coherente que ubique los residuos en un entorno garantizado de absoluta seguridad y con las máximas tecnologías
La solución de la gestión centralizada de los residuos es significativamente menos costosa que la construcción de un almacén para cada central y además hay que añadir el ahorro que supone evitar la penalización de almacenarlos fuera de España. De este modo, hay importantes razones económicas que exigen la creación del ATC, pero además, es más seguro que la dispersión en varias ubicaciones ya que se optimiza la aplicación de las tecnologías y sistemas de seguridad pasivos y activos.
En Villar de Cañas se comenzó la ejecución del ATC hasta que el 28 de julio de 2015 la Junta de Castilla-La Mancha autorizó la ampliación del Espacio Protegido Laguna del Hito, que afectaba a la ubicación del almacén, impidiendo su construcción.
La situación ha cambiado desde el pasado mes de enero, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta de Castilla-La Mancha al considerar que, en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto, «es más atendible» el de proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretende una «pronta y correcta» gestión de los residuos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para a una o varias especies animales.
La polémica está servida ya que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha vuelto a enviar un informe que califica de «rotundo» al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que dice que instalar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, es «inviable, inmoral e inclulso extremadamente peligroso» . Esperemos que a partir de ahora sea una realidad el ATC y tengamos una política energética coherente ubicando los residuos en un entorno garantizado de absoluta seguridad y con las máximas tecnologías. Como hacen todos los países de Europa. Y evitemos pagar el alto coste que, por cierto, está incorporado en el recibo de la luz.