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La gran novedad de la Ley del Cine de 2015 es que se acaban las ayudas a posteriori y se sustituyen por las anticipadas, por lo que se evitan prácticas fraudulentas como la autocompra de entradas y el inflado de facturas. Sin embargo, la norma adolece de reacción ante lo precedente, más que de un claro espíritu de innovación.

Cómo ayudar al cine español es un tema en perpetua controversia. Los defensores se quejan de falta de apoyo intencionado y los detractores, de la escasa o nula rentabilidad de un sector insaciable. Pero, como suele ocurrir, quizás ambas partes tengan algo de razón…

Una queja constante en el mundo del cine, avivada en ciertos periodos pero siempre existente, es el maltrato que sufre por parte de las administraciones. Especialmente sensible anda el sector desde la entrada en vigor en 2012 del IVA al 21% para las entradas de cine, cuya bajada al anterior 8% es una reclamación unilateral e insistente. Más leña al fuego ha echado el anuncio en marzo de la bajada impositiva para espectáculos en directo, que una vez más deja fuera al cine, ante lo que el sector amenazó con unas protestas que no se llevaron finalmente a cabo.

A cambio, el Gobierno anunciaba para 2017 un incremento de casi un 14% del presupuesto al cine, que sube de los 74,5 millones de 2016 hasta los 84,8. Una medida trampa, pues parte de este dinero se destinará a la amortización de películas de 2015 pendientes de la ley anterior del cine, en la que los fondos se otorgaban a posteriori, que se tienen que compaginar con las ayudas convocadas a priori de la nueva ley entrada en vigor ese mismo año. Total, que solo 30 de estos millones se invertirán en nuevas películas.

Por el lado de la carga impositiva, la razón parece asistir al gremio del cine ante un ejecutivo que ya se está quedando sin excusas. Y más si echamos un ojo a la situación de los países de nuestro entorno. En la tan observada Alemania, el cine cuenta con una tarifa reducida del 7%, de las más bajas de Europa, que se hace extensiva a las palomitas y las bebidas. En Italia, país donde la industria cinematográfica es considerada un sector estratégico por el gobierno, se aplica también la cuota reducida del IVA, 10%, y además se acaba de aprobar el año pasado una nueva ley (esperada desde hace más de 50 años) que recoge la creación de un fondo que nunca podrá bajar de los 400 millones de euros anuales.

Lo más curioso es que la nueva Ley del Cine se parece muy poco a esa ley del cine destinada teóricamente a fomentar la inversión privada mediante exenciones fiscales y mucho a la vieja-vieja ley del cine, pues marca el regreso de las subvenciones anticipadas

Análoga importancia se le concede al cine en Francia, que cuenta con uno de los sectores más protegidos y subvencionados del mundo. En el país galo, el IVA de las entradas es del 5,5 % y es la fiscalidad que pesa sobre los grandes éxitos de taquilla internacionales (especialmente de Hollywood) lo que permite conceder ayudas nacionales masivas. También un IVA reducido y diversas prerrogativas encontramos en Reino Unido, Holanda, Bélgica, Grecia o Portugal.

La Ley del Cine de 2015

Pero no solo de IVA vive (y muere) el cine. En un sector en franco crecimiento, en 2016, el cine patrio ha aumentado su cuota de pantalla hasta rozar el 20%, recaudando más de 100 millones de euros; existe el problema latente, y compartido por la práctica totalidad del sector cultural, de la financiación. Leamos subvenciones. A este respecto, merece la pena bucear de forma sintética en la recién entrada en vigor Ley del Cine. Sí, esa de 2015. Cuatro años después de que comenzara a generar un sonado escándalo de comités, desmentidos, protestas y turbulencias de toda clase, porque el cine español es un sector tan pequeño como dado a todo tipo de guerras internas, la ley ha entrado en vigor.

¿La gran novedad? Se acaban las ayudas a posteriori, conocidas como “amortizaciones”, que se daban al cabo de dos años en función del resultado en taquilla, y se sustituyen por las anticipadas, que se otorgan antes de que se comience a rodar. Lo más curioso es que la nueva Ley del Cine se parece muy poco a esa ley del cine destinada teóricamente a fomentar la inversión privada mediante exenciones fiscales y mucho a la vieja-vieja ley del cine, en el sentido de que marca el regreso de las subvenciones anticipadas. Adolece de lo mismo que muchas actuaciones políticas: de reacción ante lo precedente, más que de un claro espíritu de innovación.

¿Ventajas e inconvenientes? Es cierto que el anterior modelo era inviable, por el volumen de películas y la cuantía de las subvenciones, y que de este modo se evitan prácticas fraudulentas como la autocompra de entradas y el inflado de facturas. Pero no es menos cierto que el actual modelo favorece descaradamente a los grandes productores, especialmente a las todopoderosas televisiones, atadas por ley a destinar el 5% de sus ingresos a la producción de cine, debido al requisito para acceder a las ayudas de garantizar el 35% de financiación previa. Lo que genera un tipo de cine, no vamos a decir de baja calidad, pero sí por lo menos demasiado homogéneo. Perjudicando, claro, al cine de autor y de bajo presupuesto, ese dedicado a pasear por los festivales internacionales con cálida acogida de la crítica, que en España es casi inexistente.

Con este nuevo modelo recién estrenado y con un gobierno y una política, en general, poco proclives a aplicar las medidas existentes en otros países europeos (otro ejemplo: leyes de exenciones o desgravaciones fiscales eficientes), es un poco aventurado atreverse a responder a la pregunta que encabeza el texto. Es más, para alcanzar una respuesta a esta cuestión, convendría hacerse otra primero: ¿qué es el cine español, el último taquillazo de Atresmedia y Mediaset o la última película de Albert Serra?

Ilustración de portada: Pablo Casado