Stefanie C. Müller | 27 de abril de 2018
En el año 2000, en plena burbuja inmobiliaria, para muchos jóvenes y familias tener una casa propia era el objetivo número uno. A diferencia de los países nórdicos, donde incluso mucha gente mayor vive todavía de alquiler, en España el 80% de la población tenía algún tipo de inmueble en su cartera de inversión. Esto está cambiando. Actualmente, se ha reducido al 60% el porcentaje que tiene una casa en propiedad. A pesar de que España todavía es uno de los países donde más personas cuentan con una casa propia, se puede hablar de un cambio de rumbo en la estrategia hacia una economía compartida, que se nota también en otros campos como la compra o el alquiler de coches.
El sector inmobiliario acelera intentando no repetir los errores de la catastrófica burbuja
La crisis ha cambiado la cultura familiar y también el mercado inmobiliario. Los jóvenes tienen que tener mayor movilidad para poder encontrar trabajo. Tienen que buscar a veces su suerte profesional fuera de España. Con la cultura del Erasmus se dan también cuenta de lo divertido que es vivir junto con otros estudiantes y de la libertad que gozan lejos de sus padres.
La crisis inmobiliaria y el sobreendeudamiento de muchas familias han tenido también un efecto en el hecho de que menos españoles quieren tener el cargo de una hipoteca con la inestabilidad del mercado laboral. Todavía hay un paro del 16%. Esta crisis también ha hecho necesario que muchas viviendas vacías entren en el mercado de alquiler. La gente, por su endeudamiento, no se puede permitir dejar espacio sin usar. Alquilan a la fuerza también para evitar problemas de una ocupación ilegal -un fenómeno que, por desgracia, está ahora muy a la moda en España y que tiene difícil solución jurídica-.
En lugar de trabajar por 1.000 euros brutos al mes, muchos españoles con la indemnización que han recibido de un despido han entrado en el negocio de alquiler su piso o una habitación de manera temporal o turística. Es una salida eficaz y cada vez más sólida de una situación complicada. Compran un estudio que está en manos de un banco por la morosidad de los propietarios o ya tienen un inmueble que no pueden pagar solos, lo reforman un poco con la ayuda de la familia y luego lo alquilan a un estudiante por entre 400 y 700 euros al mes, dependiendo de las zonas en España.
Por todo ello, los precios del alquiler están al alza. El Índice Actualizador de Rentas de Contratos de Alquiler (Arca) subió en febrero de 2018 un 4,77% más con respecto al mismo periodo del año anterior. El mercado consolida así su tendencia alcista durante 11 meses consecutivos. El precio de la vivienda subirá un 4,9% en 2018 en promedio anual, según un informe sobre el sector inmobiliario elaborado por BBVA Research.
Los precios del arrendamiento de una vivienda están en una media de 8,2 euros por metro cuadrado, según el portal de alquiler Idealista. Mientras el arrendamiento medio de Madrid roza sus máximos históricos, Barcelona cae por segundo trimestre consecutivo.
Pero a pesar de esta evolución, que puede estar influida por los conflictos políticos en Cataluña, la capital de esta región se ha convertido en la ciudad más cara de todo el país. Los precios han tocado techo y comienzan a ajustarse, según Idealista. Con un precio medio de 17,6 euros por metro cuadrado en marzo, supone una caída del 2,7% frente al mismo periodo del año pasado cuando cerró en 18,1 euros por metro cuadrado. “Mientras Madrid está entre 15 y 16 euros por metro cuadrado», explica Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso. Para este año se espera en la capital otro aumento de hasta un 10%.
Este negocio se estimula por la creciente seguridad en el mercado de alquiler. Muchos tipos de seguros de alquiler garantizan al propietario su ingreso mensual. Habitualmente, los clientes de estos seguros han sido grandes fondos de inversión, gestoras y promotoras con grandes parques de pisos, pero en los últimos años la contratación por propietarios particulares aumenta. Ya el 18% de los propietarios cuenta con un producto de este tipo, que es especialmente usado en el caso de que el inquilino es extranjero y que no tiene bienes o garantías en España.
.@idlserna presenta el Plan Estatal de #Vivienda 2018-2021 https://t.co/AmQxqE5pdb #CMin pic.twitter.com/4tSs3uzrN3
— Ministerio Fomento (@fomentogob) March 9, 2018
Ciudades como Madrid, que atraen mucho a estudiantes Erasmus y baten récords turísticos, se han convertido además en núcleos interesantes para startups como Spotahome o bmate (Room Mate), que viven del negocio del alquiler a expatriados, estudiantes y turistas. Cómo funciona: “El seguro garantiza al propietario que él siempre recibe su alquiler, independientemente de la situación del inquilino. El coste de este seguro normalmente lo corre el inquilino. Puede llegar a alrededor de 100 a 300 euros al año, dependiendo del inmueble y de los servicios”, dice José Rodríguez, corredor de seguros de Allianz en León. Este tipo de seguros pueden incluir en sus coberturas también la defensa jurídica y reclamación de daños, incluso se puede contratar una indemnización por actos vandálicos. “Todo esto ayuda a que el alquiler sea una opción válida para jóvenes que quieren independizarse y, por otro lado, lo hace más atractivo para los muchos que quieren ganarse un extra con el alquiler de una vivienda sin tener que luchar con impagos”, dice Rodríguez.
En el alquiler temporal todos estos problemas son menores, porque se paga por adelantado a través de plataformas, como Spotahome, que también a veces dan estas garantías de pago al propietario y también dan ciertas garantías al inquilino. Pablo Gago, senior director Global Sales & Marketing de la cadena de hoteles Room Mate cree que el mercado del alquiler turístico es lo que más va a crecer en el futuro, por lo que su empresa ha lanzado Be Mate Apartments, una competencia de lujo a Airbnb con servicios hoteleros: “Ya superamos en 2017 una facturación de seis millones de euros al año”, dice el ejecutivo: “Hemos entendido que no hay que ir en contra de estas tendencias, sino que hay que aprovecharlas a tope.”
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.