Miguel Ángel Solana Campins | 27 de julio de 2018
El recién creado Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del ATC de Villar de Cañas (Almacén Temporal Centralizado) mediante un escrito enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que solicita esta suspensión. El CSN ha decidido paralizar su informe.
El anterior Gobierno, del Partido Popular, había dado como fecha probable para la aprobación de la autorización de construcción del almacén en la localidad conquense el primer semestre de este año. No es el único permiso que le faltaba a la infraestructura, ya que no tenía la preceptiva declaración de impacto ambiental que debía expedir, precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica.
El proyecto del ATC de Villar de Cañas, con un presupuesto de 1.000 millones de euros, acumula años de retraso por las dudas sobre los terrenos elegidos y la bronca política. El Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió la reubicación del ATC en Villar de Cañas nada más llegar al poder, a finales de 2011, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha estaba en manos de María Dolores de Cospedal. Pero los técnicos lanzaron repetidos avisos sobre la calidad del suelo, que puede disparar el coste de la infraestructura, y la llegada del PSOE al poder en Castilla-La Mancha empantanó el proyecto en los tribunales.
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El Ministerio para la Transición Ecológica vincula la suspensión de la tramitación de este permiso a que aún está diseñando su estrategia energética para la próxima década, ya que España tiene pendiente actualizar su plan de gestión de residuos nucleares del año 2010.
El Almacén Temporal Centralizado es una instalación diseñada para guardar en un único lugar las 6.700 toneladas de combustible gastado, y residuos radiactivos. El ATC también albergaría los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 665 de media actividad de Vandellòs I, cerrada tras un incendio y enviados los residuos a Francia en 1989. La tardanza en la decisión del ATC tiene su coste: el contrato con Francia establece que, desde 2011, España pagaba 60.000 euros por día de retraso a Francia y ahora acaba de elevar esa penalización a 74.603,14 euros diarios. Dinero que pagarán tanto los usuarios, a través de la tarifa de la luz, como las empresas eléctricas.
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El cierre de Garoña, en 2013, y la próxima saturación de la piscina de combustible de Ascó obligan a dar una salida a los residuos. Actualmente, los residuos de alta actividad son almacenados de forma segura dentro de las instalaciones de cada central nuclear en piscinas. Después pasan a la superficie mediante contenedores que albergan las barras de uranio gastado, denominados Almacenes Temporales Individualizados, ATI, como los que ya tienen Zorita, clausurada en 2006, y Trillo.
El ATC es una instalación probada y en funcionamiento en los países más avanzados, por lo que se dispone de experiencia, tecnología y recursos suficientes para poder llevar a cabo este proyecto. La mayoría de los países que cuentan con centrales nucleares han elegido soluciones temporales para la gestión centralizada de sus residuos de alta actividad como:
El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido no estar entre los líderes tecnológicos y seguir manteniendo el contrato con Francia, pagándolo en nuestro recibo de luz.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.