José Carlos Rodríguez | 05 de julio de 2017
El Ayuntamiento de Madrid ha reducido la deuda municipal en 923 millones de euros el pasado ejercicio; si Barcelona hubiera logrado algo así, habría eliminado sus compromisos a futuro por completo. Es más, si contamos toda la reducción desde que Ahora Madrid ostenta el gobierno municipal, el alivio fiscal ha sido de casi un tercio, el 32% de la deuda que había en junio de 2015. La banda de Carmena ha adelantado en dos años la draconiana reducción prevista por el equipo de Ana Botella. Y no se detienen aquí. Transcurridos otros tres meses de este lozano 2017, la deuda se ha vuelto a achicar en otros 255 millones y la previsión del consistorio pasa por diezmarla en 538 millones este ejercicio y otros 954, en 2018.
Hemos logrado reducir la deuda en casi 1000 millones en 2016 a pesar de haber aumentado el gasto social en un 21%. Otro Madrid es posible. pic.twitter.com/6BWOCAn8dq
— Ahora Madrid (@AhoraMadrid) January 10, 2017
Esta voracidad con la deuda es impropia de un gobierno podemoide como el de Ahora Madrid. Este adelgazamiento acelerado de las obligaciones de la hacienda madrileñísima era de esperar de un partido de los que Pablo Iglesias llamaría neoultraliberal, con el mentón bien arriba. Pero no de Carmena. No de Carlos Sánchez Mato, un concejal de Hacienda entusiasta de la Revolución Rusa. Entonces, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tiene que llegar un equipo de la izquierda más dura para cumplir los deseos de todo ortodoxo en materia fiscal?
Una respuesta es que los políticos no cumplen lo que prometen y estos prometieron gastar sin reparar en consideraciones burguesas como el santo temor al déficit. Pero vive Lenin que Sánchez Mato et al querían gastar lo que no tienen ni ellos ni los ciudadanos de la capital. La explicación es tan mundana, tan prosaica, como la incompetencia más ramplona.
Ahora Madrid es una noticia de junio de 2015, cuando ocuparon la alcaldía gracias al apoyo del PSOE. Aprobaron, con el apoyo del báculo socialista, unos presupuestos que estaban por encima del techo de gasto fijado por el Gobierno. No es que tuviesen voluntad ahorradora, sino que su deseo de gastar más estaba fuera incluso de la ley. Pero por pura impericia de progreso, por torpeza democrática y participativa, por realizar una gestión de la gente y para la gente, han dejado sin ejecutar una parte significativa del presupuesto.
Por ejemplo, las inversiones que se presupuestaron inicialmente en 2016 solo se han ejecutado en un 28%. Han abandonado 168 de los 465 proyectos inicialmente previstos, entre los que hay nueve escuelas infantiles, once obras en colegios o tres centros de día y residencias para mayores, entre otros. Han paralizado Madrid con la excusa de que no quieren que los ciudadanos cojamos nuestro coche. Su alternativa es que nos adaptemos a lo que nos pueda ofrecer el transporte público. Pero su apuesta por el mismo llega hasta donde llega: a la ejecución de solo el 25% de las compras de autobuses de la EMT.
Pero su objetivo es gastar; gastar todo lo que puedan y de la forma que sea. Y no solo en inversiones; también en gasto corriente. El ayuntamiento carmenita quiere municipalizar los servicios y, con ello, incorporar hasta diez mil nuevos empleados públicos.
De la obsesión por gastar hay pruebas de sobra. El caso más espectacular, y escandaloso, es la compra del edificio de Alcalá, 45. Con tal de aumentar el gasto antes de que concluyese el año, el Ayuntamiento de Madrid adquirió el inmueble por 104 millones de euros. Los dueños, que sabían de la prisa del consistorio por gastar, presionaron hasta última hora (la compra se hizo el 28 de diciembre) y el equipo de Carlos Sánchez Mato no tuvo empacho en asumir un sobrecoste de quince o veinte millones de euros, que van desde las multas que nos pone Carmena a los expropietarios del edificio. Es lo que en Ahora Podemos se conoce como política social.
?El Ayto de Madrid se ha pulido el 25% del presupuesto en inversiones en comprar un fastuoso edificio a una SOCIMI?https://t.co/cZL66jPNWt
— Begoña Villacís (@begonavillacis) January 30, 2017
Por otro lado, no es que tomasen la decisión de envainarse el gasto, toda vez que fueron incapaces de realizarlo como tenían previsto y había aprobado el pleno del ayuntamiento. Es la Ley de Estabilidad Presupuestaria la que obliga a que toda partida sin ejecutarse vaya directamente a amortizar la deuda. A su incapacidad para gastar lo comprometido, a la automática aplicación de la Ley de Estabilidad, ellos lo llaman buena gestión, cuando el resultado, que es la reducción de la deuda, es bueno precisamente porque es contrario a lo que ellos pretendían.
No es que no hayan hecho otra cosa que ahogarse en procesos administrativos que superan su capacidad de gestión. Han dado rienda suelta a su voracidad fiscal y han tomado nuestras trémulas cuentas por las del consistorio. El Ayuntamiento de Madrid cobra por plusvalías 680 millones de euros, que es la cuarta parte de todo lo que recaudan los más de 8.000 ayuntamientos por este concepto. Para lograr ese récord, eso sí, han cobrado el impuesto incluso cuando en lugar de plusvalías había pérdidas, lo que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Han aumentado los cobros por IBI en 31 millones de euros, los de tracción mecánica en 22, y 82 más de lo previsto en multas. Las multas por tráfico, de las que han salido de nuestro bolsillo 198 millones, cumplen la cuádruple función de empobrecernos, enriquecer la hacienda en sus manos, disponer de nuestro tiempo al volante y desincentivar el uso del coche privado, que es una de las contribuciones más excelsas de la civilización a darle contenido a nuestra libertad.
El Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en un ejemplo de incompetencia sin paliativos, de gestión ideológica, de desconsideración hacia los madrileños si no es para sacarles más y más dinero, y de doble o triple moral. Han logrado reducir la deuda, loado sea el Señor, cuando lo que pretendían era lo contrario. Lo mejor de esta experiencia es que han demostrado que, cuando los políticos dejan de invertir nuestro dinero en sus preferencias, el mundo no se viene abajo. Habría que oírlos si cualquier otro grupo hubiese dejado de crear una sola de las nueve guarderías que esperan otro año. Su éxito es su fracaso, y su fracaso es la promesa de un nuevo gobierno de Podemos para España.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.