La paradoja española de aumentar la edad de jubilación para acabar jubilándose antes
José Manuel Muñoz Puigcerver | 17 de mayo de 2017
A pesar de los cambios legales que aumentan la edad de jubilación, factores como la crisis económica han provocado que cada vez más trabajadores se retiren antes de alcanzar esa fecha limite. La sombra del problema demográfico vuelve a aparecer.
Durante el año 2016, se jubilaron en España 306.890 personas, de las cuales 136.941 (un 44, 6%) lo hicieron de manera anticipada. Este dato, además, confirma la tendencia de los últimos años, ya que desde 2013 los trabajadores que se jubilan antes de llegar a la edad legal para hacerlo han aumentado ininterrumpidamente. Este hecho provoca que, precisamente cuando está previsto aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años para el año 2027, la edad media real en la que los españoles se retiran esté disminuyendo cada vez más.
La despoblación del mundo rural
La crisis demográfica afecta de una manera más grave al campo. Ya hay más de 1.200 pueblos en España con menos de 100 habitantes y la FEMP propone un plan estratégico que frene este abandono. Existen diversos factores que explican este fenómeno. Por un lado, el más evidente de todos es el aumento de la población mayor de 65 años, consecuencia de una pirámide demográfica prácticamente invertida. Hace tiempo que los expertos llevan alertando de las graves consecuencias que sobre el sistema de pensiones tiene el hecho de que en España cada vez haya más gente mayor y que, sin embargo, apenas nazcan niños, ya que nuestro país presenta una de las tasas de natalidad y uno de los índices de fecundidad más bajos del mundo. Así, esta insostenible evolución de la edad poblacional comienza a pasar factura.
Por otro lado, hallamos a aquellas personas con una edad cercana a la de jubilación que se quedaron sin trabajo como consecuencia de la crisis y que, en lugar de volver a tratar de formar parte de la población ocupada, han optado por jubilarse anticipadamente. Por último, también ha influido en este auge del retiro prematuro la incertidumbre que para muchas de estas personas cercanas a la edad de jubilación ha supuesto el anuncio que el Partido Popular hizo al llegar al poder de endurecer las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, de manera que han preferido adelantarla a tenor de posibles modificaciones de la legislación vigente.
La mejora económica puede cambiar la tendencia
En realidad, y a pesar de lo que en un primer momento pudiera parecer, aquellas personas que deciden jubilarse antes de tiempo no suponen un desembolso mayor para las arcas del Estado, ya que el factor corrector que penaliza la pensión en función de cuánto se avanza la jubilación provoca que el gasto público sea menor. No obstante, tener que abonar antes del debido tiempo la prestación correspondiente supone una presión añadida para el Estado, además del hecho de que, a pesar de que el desembolso total sea menor, la prestación de aquellos que se jubilan antes suele ser también superior a la de quienes que esperan a los 65 años y 5 meses, la edad legal de jubilación actual.
La brecha salarial
Las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de acceder a un empleo y el salario posterior provocan una importante descompensación a la hora de recibir las pensiones de jubilación. La brecha se arrastra en el tiempo. En resumen, nos encontramos con una situación en la que, a pesar de aumentar la edad de jubilación en dos meses a partir de 2018 hasta llegar a los 67 años en 2027, la tendencia es que los españoles dejen de formar parte de la población activa cada vez antes (la edad media actual es de 64,55 años para las mujeres y de 63,78 para los hombres). Es posible que una mayor certidumbre en el futuro económico frene esta tendencia. Pero, sin duda alguna, se trata de un síntoma más del grave riesgo que corre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, asunto que, más pronto que tarde, habrá que tratar con la seriedad que se merece.
La subida del salario mínimo da la puntilla a un mercado agotado
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.