El problema de los okupas . Una encrucijada legal que la política no afronta con seriedad
Francisco José Alonso | 07 de marzo de 2017
La nueva legislatura se enfrenta a serios retos en materia económica. Afortunadamente, el tema de la vivienda requiere ajustes que tocan más el tema legal que los presupuestarios. Diariamente asistimos a dos grandes fallas legales respecto a la vivienda protegida y relacionadas con la defensa de la propiedad privada.
La vivienda protegida es una solución para ayudar a las personas con rentas muy bajas, a los jóvenes que buscan su primer alojamiento, a las familias numerosas, a los mayores, etc. Pero, en estos días, un escándalo político nos ha dejado ver las deficiencias legales que enmarcan la adjudicación de la vivienda protegida y cómo uno de los defensores de los derechos de los más desprotegidos se había “colado” en ese colectivo y pudo, en apariencia con la venia de la legislatura vigente, sacar beneficios tanto en la adjudicación como en la venta.
El problema de los okupas necesita una atención inmediata desde el marco legal, porque la invasión de la propiedad privada es un delito y existen notables deficiencias en su protección oficial
Esos resquicios legales hay que revisarlos y no dejar un porcentaje de libre adjudicación que permita beneficiarse a algunos, en detrimento del colectivo que realmente las necesita. Y, si los pisos protegidos no pueden venderse antes de diez años, ¿qué recurso legal permitió a este político venderlo con notable ganancia al poco tiempo de haberlo comprado? Las leyes son para todos, sin excepción. Esos vacíos legales son el resquicio para la corrupción.
La propiedad privada está amenazada por los okupas, un grave problema que obliga a revisar todo el marco legal que proteja a los propietarios de un fenómeno tan abusivo y de creciente magnitud que afecta seriamente a nuestra sociedad.
Las ensoñaciones económicas de Podemos
El programa económico del partido de Pablo Iglesias recoge diferentes propuestas que dicen ser de carácter social, pero que solo provocarían un elevado endeudamiento sin suponer un beneficio real. Detrás de la invasión de una vivienda, vemos toda una infraestructura delictiva muy compleja que empieza por ideologías completamente equivocadas y abusivas que tratan de justificar un delito por la crisis, la pobreza creciente, las desigualdades, pero falsean completamente el equilibrio social porque se saltan todas las leyes existentes sobre la propiedad privada.
El estado de bienestar empieza por regirnos todos por la Ley que enmarque y delimite derechos y deberes, pero tomarse las leyes por cuenta propia lleva al caos. Si hay injusticias, hay que repararlas desde sus orígenes y no de manera abusiva; los políticos sensibles a los problemas sociales son los llamados a proponer leyes más justas y equitativas para todos.
El vacío legal que favorece a los okupas
Lo que vemos detrás de los okupas es un vacío legal que permite a las mafias actuar. Son mafias porque son mucho más que vecinos del barrio venidos a menos o invasiones de jóvenes delincuentes que buscan donde guarecerse. Ni se trata de inquilinos empobrecidos que no pueden pagar su alquiler ni es solamente el problema de los deudores de los bancos que no puede hacer frente a su hipoteca. Es mucho más grave que eso. Las mafias son organizaciones que se encargan de localizar pisos vacíos, tienen personal experto en abrir cerraduras, inquilinos dispuestos a pagarles por vivir de manera invasiva en el piso y leyes que protegen a los que se han instalado en una vivienda y la declaran su “propiedad privada”.
Tuberias soldadas en una casa ‘okupada’ para evitar pasar por el contador y burlar el pago. Foto: Francisco J. Alonso
Por otro lado, no hay verdaderas sanciones para los okupas que van moviéndose de piso en piso antes de cada desalojo, proceso que dura entre seis y once meses, y que les permite vivir pagando un alquiler a la mafia correspondiente. Según informes policiales, nadie va a la cárcel por un delito de “usurpación de vivienda”. Así, el infractor “se va de rositas”, acumulando notificaciones y multas que generalmente no paga.
El problema se ha vuelto tan grave y ha crecido tanto la delincuencia alrededor de los pisos que ya no solamente ocupan viviendas vacías, el descaro llega a invadir casas habitadas que sus dueños han dejado por pocos días o incluso horas.
El problema de los okupas necesita una atención inmediata, desde el marco legal, de modo que la policía tenga herramientas para actuar, porque la invasión de la propiedad privada es un delito y existen notables deficiencias en su protección oficial. De no solucionarse el problema urgentemente con leyes adecuadas y, si se produjeran muertes en la defensa y recuperación de sus propiedades por los ciudadanos, los responsables serían los organismos públicos que los consienten o disculpan, sean desde ayuntamientos o desde el propio Congreso de los Diputados, por tenerlos abandonados. Los gobiernos tienen la obligación legal de proteger a sus ciudadanos.
La subida del salario mínimo da la puntilla a un mercado agotado
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.