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Pensar en el fin del carbón es arriesgado si no se proponen alternativas concretas que reduzcan el impacto energético. El Gobierno de Pedro Sánchez, reticente con las nucleares, expondría demasiado a España a los bandazos internacionales.

¿Nos encontramos ante el fin del carbón en España? El mineral de carbón español es de menos calidad energética y sus minas menos productivas, luego España importa de países amigos como Indonesia, Colombia, EE.UU. y Sudáfrica el 86% de sus necesidades. Para asegurar su competitividad, su alto precio se subvenciona a través de una serie de ayudas: la cifra oficial son 459 millones para sostener las minas, y 1.300 millones para que las plantas de generación pudieran comprar económicamente el carbón de 2011 a 2014. Sin embargo, Greenpeace habla de más de 10.000 millones en ayudas indirectas a las plantas y el diario ABC las cifra en 24.000 millones de 1990-2014, en el marco de un fraude, al estilo del caso de los ERE, de proporciones descomunales en las ayudas directas a los mineros (prejubilaciones y planes de empresa y reciclaje para trabajadores) y las minas (precios inflados, entre otros mecanismos). Sin embargo, los compromisos con la Unión Europea obligarían a eliminar las ayudas a las minas deficitarias para 2019 (condicionadas a su cierre), a limitar las emisiones de CO2 y a que las empresas con pérdidas se vean obligadas a devolver las ayudas después de 2019 (aunque no parece que exista demasiada voluntad al respecto).

.@Teresaribera: Tenemos mucho que ganar con una transición energética bien diseñada y que no deje nadie atrás. Imaginemos el empleo que puede crear redirigir los recursos gastados en la importación de combustibles fósiles hacia el desarrollo de nuevas oportunidades. pic.twitter.com/AVYgPiXQnS

— Transición Ecológica (@mitecogob) September 11, 2018

El impacto medioambiental y económico del carbón en España es notable: alimenta a 17 centrales térmicas, significa más de dos tercios de las emisiones de CO2, pero solo el 16,5% de la producción de energía (11.000 MW), así como el 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2014. El 55% del carbón se extrae de minas al aire libre, las más rentables pero con alto impacto medioambiental, las únicas que sobrevivirían tras el fin de las ayudas. En paralelo, los mercados internacionales tampoco se mueven a favor del carbón: el precio bajó de 85 dólares por tonelada en 2014 a 50 en 2015, pero volvió a subir hasta alcanzar los 115 dólares en 2018, propugnando el consumo sustitutivo de hidrocarburos: gracias a la comercialización del gas norteamericano de esquisto, los precios del gas y el petróleo no han crecido tan rápidamente durante el último ciclo alcista.

Con este panorama, el presidente, Pedro Sánchez, propuso sustituir carbón nacional por importado en la oposición, cerrando las minas españolas. Esto tendría cierta lógica si, por ejemplo, los ahorros en ayudas al carbón se invirtieran en capacidad energética nuclear o de renovables autóctonas, para que bajaran los altos precios en España, dada la política de cierre de nucleares de Francia. La minería de carbón lleva décadas perdiendo importancia en el panorama energético español: de 45.000 empleos en 1990 se pasó a 3.126 en 2014.

Ahora Sánchez va aún más lejos, pretende el fin del carbón en España, cerrando todas las plantas de generación, suscitando la oposición sindical. Pero lo que es aún peor, su Gobierno, con el apoyo de Repsol, pretende sustituir centrales nucleares y de carbón por plantas termoeléctricas de gas natural. Repsol, que no tiene interés por las renovables, aumentaría así su ya enorme y cuestionable poder de mercado. Ya no estaríamos hablando de unos pocos miles de empleos en las minas, sino de un sector completo para el que no parece haber otro plan “B” que no sea engrosar las ya altas y onerosas cifras de pensionistas de la Seguridad Social del sector del carbón, la pauta en la acción política del PSOE.

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¿Recuerda esta situación al desastre de las subvenciones multimillonarias a las renovables bajo el ministro Miguel Sebastián? La política de sustitución repentina de fuentes energéticas nacionales para encajar en los límites estrictos que marca Bruselas, con el aire pseudoecologista a la francesa de nuestra ministra Teresa Ribera, dejaría la balanza de pagos aún más expuesta a shocks de oferta en el precio del petróleo, en un país en crisis extraordinariamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos, sobre todo cuando hay países, como Alemania, que triplican con creces las emisiones españolas de CO2. España aumentaría su exposición a países islámicos suministradores con alto riesgo político como Argelia, de donde proviene el 36% del gas importado. Esto es así en un horizonte en el que la misma Agencia Internacional de la Energía alerta sobre la necesidad de contar con todas las fuentes energéticas posibles, para hacer frente a las crecientes necesidades futuras: eliminar los más de 9 millones de toneladas de carbón español de una oferta mundial de 700 millones y cerrar todas sus plantas energéticas acarrearía, sin duda, perder las habilidades de un sector con una tradición centenaria. El fin del carbón combinado con el fin de las nucleares podría ser fatal para España.