Nadie hace nada para frenar a los okupas . Ni reforma legal ni acción política contundente
Francisco José Alonso | 07 de abril de 2017
La desidia política en torno a la problemática okupa ha derivado en un abandono judicial a las víctimas. Ante la falta de apoyo institucional, surgen grupos de presión, al margen de la ley, que pueden convertirse en un problema de orden.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho que «las ocupaciones en Madrid son tercermundistas». Y, desde la Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional pro Derechos Humanos-España, fundada en 1913, rechazamos categóricamente las mafias okupas, exigimos una reforma legislativa que garantice el derecho a propiedad como Derecho Humano y exhortamos a los que invaden propiedades y más a los que se dedican a detectar inmuebles susceptibles de okuparse, a buscar otros empleos y medios de actuación económica formales que no perjudiquen a terceros y que permitan el avance de la sociedad a la cual todos pertenecemos y donde todos tenemos derechos y obligaciones.
Muchas víctimas, ante la indiferencia, han tenido que recurrir a hacer presión mediática; otras emprenden largos procesos judiciales
Aunque mucho se está hablando sobre los okupas y la forma impune en la cual operan, poco se ha hecho para proteger a los propietarios de inmuebles y nada se ha hecho para desestimular las ocupaciones.
El ascenso de estos índices ha conducido a la sociedad a un temor fundado y permanente, pero es muy dañino cuando, al oír la palabra okupa, después del insulto o el rechinar de dientes se pronuncia “seguro que son gitanos o marroquíes». Colectivos que no solo son conocidos por su melodiosa voz, su destreza para musicalizar y sus fabulosos espectáculos que nos deslumbran; también una fama nociva les acompaña estigmatizándolos casi desde sus cimientos.
El problema de los okupas
La Administración y la justicia deben hacer mucho más para poner freno a una práctica delictiva que atenta contra el derecho a la propiedad. Aun cuando existen grupos organizados, son actos delincuenciales perseguibles en España, Rumanía, Marruecos o cualquier lugar del mundo; el gentilicio no los hace delincuentes. Es preocupante que estos grupos, integrados por pocos, dañan y atemorizan a muchos, pero tendemos a considerar delincuentes al colectivo en general.
Se necesita una reforma legislativa
Ligado a las ocupaciones se aprecian daños a la propiedad privada, hurto de enseres depositados en los pisos, extorsión y violencia en el ingreso o durante la estancia en el inmueble. Todo esto ante la mirada pasiva de las autoridades y sobre las cenizas de los propietarios y vecinos a quienes nadie toma en cuenta.
Son justamente los afectados los más humillados, que han acudido a toda cuanta oficina pública existe y nadie los ampara. Muchas víctimas, ante la indiferencia, han tenido que recurrir a hacer presión mediática; otras emprenden largos procesos judiciales y muchos han acudido hasta nuestra organización para que les prestemos la colaboración en su reclamo.
Aunque mucho se está hablando sobre los okupas y la forma impune en la que operan, poco se ha hecho para proteger a los propietarios de inmuebles y nada para desincentivar las ocupaciones
Hasta la fecha, los mayores okupas son de origen gitano español o rumano y marroquí; los más afectados son los inmuebles de bancos en etapa de remate o subasta, así como los particulares vacíos o en trámites de alquiler o reforma (incluso con personas dentro). El problema ya es social y ha empezado a ser cultural; no debemos esperar a que ocurran desgracias como pérdidas humanas, delitos por sentimientos xenófobos o señalamientos a extranjeros para acabar con estas mafias. Algo hay que hacer, seguimos demandando una reforma legislativa. La culpa no es del okupa más que de quienes lo permiten.
En el mundo cabemos todos, solo es cuestión de ubicarnos en nuestro lugar ideal.
«En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario»
George Orwell.
La subida del salario mínimo da la puntilla a un mercado agotado
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.