Manuel Llamas | 06 de marzo de 2019
Fue el economista francés Frédéric Bastiat el que, en la primera mitad del siglo XIX, advirtió sobre las consecuencias ocultas e indeseadas de muchas de las políticas que aprueba el Estado a través de su magnífico ensayo Lo que se ve y lo que no se ve. Este principio esencial bien podría aplicarse a la burda estrategia electoralista que está llevando a cabo Pedro Sánchez para tratar de comprar votos de cara a los comicios del próximo 28 de abril valiéndose de su privilegiada posición al frente del Gobierno. El líder socialista ya ha anunciado que alimentará su particular campaña política mediante la aprobación de decretos ley de marcado perfil económico y presupuestario de aquí a la cita con las urnas, pese a la disolución de las Cortes y el sustancial aumento del gasto que supondrán tales medidas. Todo vale con tal de permanecer en La Moncloa.
La osadía de Sánchez y el decreto ley como abuso de poder
El primer decretazo de Sánchez salió del Consejo de Ministros del pasado viernes 1 de marzo y, si bien el PSOE se esmeró en vender las bondades de dichas medidas ante la opinión pública (lo que se ve), lo cierto es que su puesta en marcha tendrá consecuencias negativas para el conjunto de la economía nacional (lo que no se ve). Esta primera ronda de decretos se centra en tres ámbitos: alquiler, igualdad laboral y Seguridad Social.
Por un lado, el Gobierno volvió a aprobar el real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que el Congreso rechazó el pasado enero, empleando como excusa la necesidad de frenar el precio de los alquileres. Entre otras novedades, el decreto de Sánchez:
– Amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años en la duración de los contratos y a siete si es una persona jurídica.
– Limita las subidas anuales de la renta al incremento del IPC.
– Elabora un sistema estatal de índices de referencia en los precios de alquiler que, posteriormente, autonomías y ayuntamientos podrán utilizar para fijar bonificaciones e incluso posibles recargos fiscales a los propietarios que no se ajusten a tales umbrales.
– Otorga a los ayuntamientos carta blanca para disparar un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles a las viviendas vacías.
– Dificulta el desahucio en caso de impago del alquiler, exigiendo una comunicación previa a los servicios sociales, publicando el día y hora exactos del lanzamiento y permitiendo al arrendatario acudir al procedimiento de juicio verbal en reclamaciones de hasta 6.000 euros.
– Y establece que la vivienda vacacional se regule según la normativa turística de cada autonomía.
El problema es que tanto la mayor duración de los contratos como los límites a la actualización de las rentas y la reducción de las garantías constituyen un nuevo ataque al propietario vía restricciones y costes, lo cual, en última instancia, lejos de frenar la escalada de precios, reducirá la oferta de vivienda, y, por tanto, presionará al alza los alquileres.
El decretazo de Sánchez también incluye una batería de medidas para, en teoría, luchar contra la discriminación que sufre la mujer en el ámbito laboral. Y, para ello, esta norma:
– Amplía los permisos de paternidad de forma progresiva hasta las 16 semanas que disfruta hoy la madre (8 semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021), siendo, además, intransferibles.
– Obliga a las empresas a publicar los sueldos de sus trabajadores, distinguiendo por cargo y sexo, abriendo la puerta a una oleada de sanciones en base a la existencia de una supuesta discriminación.
– Establece que las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que elaborar planes de igualdad.
– Y recupera las cotizaciones de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia a cargo del Estado.
El problema aquí es que parte de una gran falacia, como es la brecha salarial, ya que en España no existe discriminación laboral por razón de sexo. Hombres y mujeres cobran lo mismo a igual trabajo, de modo que la distancia observada en su salario medio por hora (14%, según Eurostat) responde a los diferentes horarios, contratos y empleos que desempeñan unos y otros.
Y lo más grave es que el incremento de cargas presupuestarias y burocráticas derivadas de este decreto dificultará la organización de las empresas y aumentará los costes laborales, lo que redundará en una menor creación de empleo.
Y, por último, el primer decretazo de Sánchez agrava la delicada situación de las finanzas públicas tras prestar a la Seguridad Social otros 13.830 millones de euros mediante la emisión de deuda para poder sufragar las pagas extra de las pensiones en 2019. El Gobierno sigue tirando de chequera en lugar de afrontar la profunda reforma que precisa el actual modelo de reparto.
En definitiva, este decretazo de Sánchez se traducirá en alquileres más caros, menos empleo, aumento de deuda y futuras subidas de impuestos. Lo que no se ve pasará una elevada factura.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.